La crisis, explicó Bárcena, profundiza los nudos estructurales de la desigualdad de género y limita la autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe. Las mujeres están afectadas de forma más aguda por el aumento del desempleo y la pobreza, y la sobrecarga del trabajo no remunerado de cuidados, apuntó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

El Compromiso de Santiago, aprobado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Chile en enero de este año, es una herramienta de los países que sirve como guía para la implementación de políticas para una reactivación sostenible, sostuvo la máxima representante de la CEPAL.

Se requiere especialmente un pacto fiscal para orientar recursos a la inversión, la creación de empleo y oportunidades para las mujeres en el marco del cambio estructural progresivo, recalcó.

De acuerdo con los datos Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe creado por la CEPAL, los Gobiernos de la región han implementado 178 medidas y acciones para hacer frente a distintas dimensiones de género de la pandemia, entre ellas, la violencia contra las mujeres, la economía del cuidado, los beneficios y transferencias de protección social, la generación de empleo e ingresos y la participación de las mujeres en la era digital.

Según los últimos datos de CEPAL-OIT, habrá 21 millones de mujeres desocupadas en 2020, 8 millones más que en 2019. Más de la mitad de las mujeres ocupadas están en sectores de alto riesgo de ser afectados por la contracción económica, que se estima en 9,1 para 2020 en la región.

De igual forma, alrededor de 118 millones de mujeres en la región se encontrarán en situación de pobreza en 2020 (37,4% de las mujeres latinoamericanas), dijo Bárcena.

El cuarto webinar “Invertir en las mujeres”, parte del ciclo “Nueva Normalidad + solidaria, justa, feminista, local e igualitaria”, también contó con la participación de Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía de México, Alicia Girón González, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México.

Gasman recordó que “la pandemia ha traído múltiples consecuencias, muchas irreparables, y ha agravado desigualdades” que afectan a las mujeres, por lo que es importante que los Gobiernos y las empresas inviertan en las mujeres. “Solo en México se estima que si se incorpora a las mujeres al mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres se generarían más de 240.000 millones de pesos adicionales en la economía nacional, cada año”, aseguró.

“¿Por qué invertir en las mujeres, particularmente en esta contingencia? Porque vivimos una emergencia sanitaria con sesgo de género”, reconoció la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colin. En México, explicó, las mujeres tienen una altísima exposición al virus tanto por su gran participación en sector de la salud como en el sector informal. También han sido afectadas por el cierre de escuelas y centros infantiles, ya que sobre ellas recae la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, entre otros impactos, indicó Márquez, quien detalló algunas de las políticas implementadas hasta ahora por el Gobierno.

Por su parte, Alicia Girón González sostuvo que es el momento de “poner en el centro del plan de Gobierno a las niñas y mujeres”. A su juicio, es necesario un programa de pleno empleo para las mujeres para lograr su autonomía. Urge avanzar en “inclusión financiera y digital y en las tres ‘r’: redistribuir, reconocer y reducir el trabajo no remunerado”, apuntó.

Finalmente, Alicia Bárcena señaló que “muchos hablan de pacto verde, pero yo creo que necesitamos un pacto multicolor. Verde, sí, pero también morado, púrpura, por las mujeres y rojo, por el financiamiento y la igualdad. La autonomía económica, política y física de las mujeres es esencial. Sin eso el futuro no será posible”.

---