Un reporte reciente analiza la inclusión de la población migrante venezolana en las redes de protección social como parte de la respuesta a la emergencia por la pandemia

El Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG, en inglés), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés), publicaron el reporte “Protección social y la migración venezolana en América Latina en el contexto de COVID-19”.

En el departamento de Arauca, Colombia, un proyecto piloto de protección social del gobierno y el WFP ha permitido a Deisy Cuero y su marido José Ochoa usar parte de las transferencias de efectivo para criar pollos. Foto: WFP/Lorena Peña

A continuación, extraemos de este documento cuatro maneras como los programas de protección social pueden apoyar a los migrantes venezolanos en el contexto de la COVID-19.

1. Protegen a los trabajadores migrantes de los altibajos de la economía

Los migrantes están sobrerrepresentados en la economía informal y a menudo quedan excluidos de los programas sociales dirigidos a los trabajadores del sector formal debido a barreas administrativas o legales, como la incapacidad para regularizar su estatus migratorio.

Aunque algunos países hicieron que sus programas de transferencias en efectivo estuvieran disponibles para los trabajadores informales y desempleados afectados por la pandemia, sin tener en cuenta su estatus nacional, como el Auxílio Emergencial en Brasil, los programas en países como Argentina estipularon un período mínimo de residencia de dos años para ser elegibles. De esta manera, muchas familias migrantes quedaron excluidas.

La ampliación y la inversión en protección social, como los programas de transferencia en efectivo, pueden ingresos y protección contra la pobreza a los trabajadores migrantes.

2. Contribuyen a prevenir la violencia de género, y protegen a niños y niñas

Al examinar los riesgos sociodemográficos, es evidente que la edad y el género agudizan la vulnerabilidad de las mujeres, los niños y los adolescentes migrantes.

Durante el proceso migratorio, y particularmente con la pandemia, los casos de violencia doméstica contra mujeres y niñas han aumentado junto con los riesgos preexistentes de explotación sexual y laboral. Además, el aumento del flujo migratorio de niños y adolescentes puede reducir sus oportunidades educativas o exponerlos al abuso y a la explotación, especialmente si se considera el acceso limitado a los sistemas o servicios locales de protección del menor. La ampliación de los sistemas de protección social a los migrantes es esencial para garantizarles una mayor igualdad, acceso a recursos y apoyo.

3. Mejoran el acceso a los derechos básicos y condiciones de vida decentes

El acceso a los derechos y servicios públicos está inextricablemente relacionado con el estatus migratorio. Aunque existen convenciones internacionales para garantizar el acceso a los derechos y la inclusión social de los migrantes, y la mayoría de los países de tránsito y acogida los han firmado, la inclusión social está vinculada a la posesión de ciertas visas o permisos.

Algunos países han adoptado medidas como el Estatuto de Protección Temporal en Colombia que permite a los migrantes venezolanos permanecer en el país y acceder a un empleo legal durante la vigencia del Estatuto.

Con respecto a la salud y la educación, la mayoría de los países, como Brasil y Chile, ofrecen acceso universal al sistema de salud y el acceso a la educación independientemente del estatus migratorio.

Sin embargo, las regulaciones nacionales en países como Trinidad y Tobago no indican explícitamente la capacidad de los migrantes para acceder a servicios públicos, programas de protección social contributivos o servicios médicos especializados. De esta manera, la regularización y legalización de los migrantes es importante para garantizar el acceso a los servicios básicos.

4. Pueden recibir apoyo de las organizaciones humanitarias para ampliar su cobertura y facilitar la inclusión de los migrantes venezolanos

En circunstancias como la pandemia de la COVID-19, la cooperación internacional y la asistencia humanitaria de las organizaciones no gubernamentales pueden apoyar los esfuerzos nacionales y regionales para brindar protección social a los migrantes.

Este reporte reconoce estrategias como la colaboración del WFP con el gobierno colombiano en Arauca para permitir las transferencias en efectivo y la ayuda alimentaria en especie y el Common Cash Statement (CCS) creado por OCHA, ACNUR, WFP y UNICEF para brindar transferencias monetarias a través de un sistema común.

De esta forma, los esfuerzos coordinados son imprescindibles para integrar a la población migrante a la protección social y asegurar su acceso a servicios básicos en todos los países.

Para leer el documento completo oprima aquí.

Nota publicada en WFP – Programa Mundial de Alimentos, reproducida en PCNPost con autorización.

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SOURCE: Programa Mundial de Alimentos