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La COVID-19 no discrimina, pero nuestras sociedades sí

La pandemia del coronavirus ha afectado a todos los habitantes del planeta, pero no nos está afectando a todos por igual. En un gran número de países, el origen étnico, el color de piel o el nivel de riqueza pueden determinar las probabilidades de sufrir las consecuencias. Por ejemplo, los afroamericanos representan el 13% de la población de los Estados Unidos y, sin embargo, entre los miembros de este grupo se han producido aproximadamente una cuarta parte de las muertes por COVID-19. Además, sus probabilidades de morir por la COVID-19 es cuatro veces mayor que entre la población blanca.

En todo el mundo, las personas que han estado trabajando en primera línea, los trabajadores esenciales, los que pertenecen a minorías étnicas y las personas pobres y desfavorecidas ya sufren un peligro desproporcionado. Ellos tienen más probabilidades de contraer la enfermedad porque están más expuestos y tienen menos probabilidades de acceder a los cuidados y al tratamiento. Esto nos pone a todos en peligro. Seas rico o pobre, si tu vecino se enferma, tú también puedes enfermarte. Esta crisis no habrá terminado para nadie hasta que no encontremos una solución para todos.

Además, la pobreza está aumentando peligrosamente. Se estima que, en todo el mundo, el número de niños que viven en hogares con condiciones de pobreza monetaria se incrementó en 142 millones en 2020.

No obstante, los efectos de la pobreza no afectan solo a la salud. Los niños más pobres, además de tener menos medios para protegerse del virus, también son los que menos probabilidades tienen de acceder a la educación a distancia y a los servicios e instalaciones para lavarse las manos. Los riesgos son aún mayores para los niños que viven en crisis humanitarias.

Los niños no solo tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza cuando llegan a la edad adulta, sino que además son más susceptibles de sufrir consecuencias irrevocables de por vida. Es muy improbable que los niños tengan una segunda oportunidad de recibir la nutrición temprana que tanto necesitan, una educación de calidad o una atención a la salud decente que les permitan sobrevivir, prosperar y desarrollarse. Si no se toman medidas, los niños sufrirán las consecuencias durante el resto de su vida.

Qué se debe hacer:

Tal y como afirma con elocuencia Clover, los niños y los jóvenes no son indefensos. Debemos asegurarnos de que cada niño tiene la oportunidad de contribuir a la sociedad y de que ningún niño se queda atrás, independientemente de su género, su raza, su origen étnico o su religión. Necesitamos renovar el compromiso para acabar con la desigualdad y la discriminación. Como dijo este año el Secretario General Guterres, no solo necesitamos una nueva generación de políticas de protección social: también tenemos que abordar la discriminación arraigada por razón de género, raza u origen étnico a través de programas y políticas específicos.

Muchos niños no pueden acceder a los servicios básicos que otros damos por supuestos. Por ejemplo, el agua limpia y el jabón son pilares básicos para prevenir la transmisión de la COVID-19 y otras enfermedades. Algunas innovaciones como las estaciones de lavado de manos portátiles, que funcionan con un pedal para evitar el contacto de las manos con otras superficies, se han instalado en mercados, centros de salud y escuelas de Ecuador y otros países con el fin de proteger a los niños de los virus y las bacterias.

Los programas de protección social como las transferencias de efectivo pueden ser un instrumento fundamental que no solo ayuda a las familias a salir adelante a corto plazo, sino que además contribuye a combatir la desigualdad en un plano más amplio, ya que proporcionan ayudas para enviar a los niños a la escuela y a los centros de salud, comprar alimentos nutritivos y reducir el trabajo infantil. En la actualidad, UNICEF está trabajando con los gobiernos de 115 países para ampliar los programas de protección social durante las fases de respuesta y recuperación ante la COVID-19.

La experiencia de crisis anteriores nos ha demostrado que existen argumentos sólidos a favor de las inversiones destinadas a dar prioridad a los sectores sociales, incluso en tiempos de recesión económica. A medida que los gobiernos se esfuerzan por proteger a sus poblaciones de las secuelas de la COVID-19, también deben evitar los recortes en las inversiones en todos los servicios sociales y asegurarse de que utilizan sus recursos de manera eficiente con el fin de mantener la prestación de los servicios.