Por: Roberto de Michele.
Hace unos días tuve la oportunidad de clausurar el seminario “Hacia una Nueva Agenda de Probidad”, organizado por el Gobierno de Chile, la Universidad Católica y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Al escuchar las palabras de cierre, un colega me escribió sorprendido respecto a mi optimismo frente a la corrupción en nuestra región. Ante tamaña acusación, volví a escuchar las palabras de cierre y confieso que en efecto soy optimista.
Estas son cinco posibles razones para ser optimista, aun frente a la magnitud y severidad de los escándalos de corrupción que afectan a la región.
1. Más y mejores recursos legales.
Tenemos hoy más y mejores leyes para promover la transparencia y la integridad. La primera ola de reformas iniciada hace unos 20 años resultó en que todos nuestros países ratificaran las principales convenciones contra la corrupción (OEA, ONU y OCDE). De allí surgieron reformas entre las que se destacan las leyes de acceso a la información, las leyes que regulan los conflictos de interés y establecen la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, las regulaciones que facilitan la cooperación y asistencia en casos de corrupción transnacional y más recientemente leyes que facilitan obtener información de corruptos “arrepentidos”. Como señala Cristian Francos en La Nación, también existen leyes que permiten además obtener información por la vía administrativa de terceras jurisdicciones que facilitan las investigaciones locales.
2. ¿Dónde esconder el dinero?
Francesco De Simone recientemente advertía acerca de cómo la opacidad de ciertas jurisdicciones puede facilitar ocultar información sobre delitos como el soborno y la evasión. Pero esta realidad también está cambiando, en buna medida gracias al sistemas de estándares internacionales. Por ejemplo, los Estándares del Grupo de acción Financiera (GAFI) contra el Lavado de Activos y el Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE han contribuido a mejorar no solo el aspecto técnico de las leyes de transparencia financiera y fiscal. También han consolidado la necesidad de revisar la efectividad de las leyes en la práctica, incluidos temas como el secreto bancario o la información sobre los beneficiarios finales. Las evaluaciones mutuas para medir el cumplimiento de estas reglas permiten conocer si son efectivas en la práctica. Tales evaluaciones son un importante incentivo para que las jurisdicciones promuevan medidas de transparencia financiera y fiscal y por lo tanto sea más difícil ocultar patrimonios mal habidos.
3. Gabo al rescate
Debemos al periodismo de investigación un lugar especial en el momento que estamos viviendo. Muchos de los escándalos que conocemos se deben a una nueva generación de periodistas de investigación que han logrado develar el secreto que requiere toda transacción corrupta. No solo han mejorado las técnicas de investigación. Como señalan Alisdair Roberts y otros, han sido justamente las leyes de acceso a la información las que han permitido acceder cada vez a más datos sobre – por ejemplo – qué hace el estado con los recursos públicos y cómo se comportan los funcionarios. Esta tendencia se ha visto potenciada por un increíble esfuerzo de cooperación y colaboración entre periodistas y medios de comunicación para indagar y comunicar sobre casos nacionales y transnacionales de soborno, exponiendo no solo a los posibles responsables, sino también a los sistemas legales que facilitan esquemas ilegales.
4. Luz, cámara, tecnología
La tecnología juega un rol fundamental en el proceso que estamos viviendo. El premio más reciente de la Federación Latinoamericana de Bancos fue para una propuesta de minería de datos abiertos para identificar posibles maniobras de lavado de dinero. Recientemente Juan Cruz Vieyra explicó cómo el uso de tecnologías de información – como fotografías e imágenes generadas por drones – pueden ayudar a monitorear el ciclo de los recursos provenientes de las industrias extractivas. Estos sistemas además ponen en manos de los ciudadanos de forma simple y práctica información que les permite conocer y exigir respecto del uso de los recursos públicos. Los mismos investigadores judiciales utilizan la tecnología para poner a nuestra disposición información sobre los casos que investigan, generando confianza en la justicia y promoviendo menor impunidad. Y la sociedad civil hace lo propio.
5. ¿Cuánto me cuesta esta coima?
La corrupción suele definirse como un delito en que las partes se apropian del beneficio y trasladan el costo a terceros. Sin embargo, las consecuencias no pasan desapercibidas. Las agencias calificadoras de riesgo, toman indicadores de corrupción y los incorporan a su calificación no solo del riesgo soberano, sino también de la deuda que emiten las entidades privadas. Esta es un área que está tomando cada vez más relevancia para impulsar reformas. Además de los argumentos morales y políticos en contra de la corrupción – se incorporan a la discusión razones de índole económica que muestran que el costo de la corrupción lo pagan tanto ciudadanos como los empresarios.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha acompañado varias de las reformas que aquí se indican, especialmente a través de su Fondo de Transparencia, apoyando a los países con sus procesos de transparencia financiera y fiscal y promoviendo la transparencia en el sector extractivo.
Mi optimismo no me impide reconocer que el camino por delante es empinado y sinuoso. El radar para detectar irregularidades es cada vez más agudo y los incentivos para hacer las cosas mal son cada vez menores. Más de 8 ex presidentes y ex ministros de nuestra región bajo investigación ya lo saben.
Roberto de Michele es abogado de la Universidad de Buenos Aires y LL.M de la Yale Law School. Actualmente se desempeña como Especialista Principal la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID.
Nota publicada en el blog “Gobernarte” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.
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SOURCE: Los Blogs del BID
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