Relaciones con las comunidades orientadas al desarrollo territorial sostenible

Por: Rodrigo Arce Rojas.

Aunque está generalizado el uso de la expresión “relaciones comunitarias” preferiría hablar de relaciones con las comunidades porque expresa mejor la interacción entre las industrias extractivas y las comunidades.

Se entiende que la empresa también se relaciona con actores sociales como el gobierno nacional, el gobierno local, las ONG, los medios de comunicación, entre otros. Esto va en concordancia con la expresión “relaciones con las comunidades” empleada por la Corporación Financiera Internacional – IFC (Grupo del Banco Mundial). El IFC usa la expresión “relaciones con las comunidades y otros actores sociales” que amplía el espectro de atención respecto a las actividades de la empresa.

La precisión semántica es pertinente porque tiene que ver con la lógica cómo se aborda el tema. Bajo una concepción limitada de relaciones comunitarias el énfasis está en puesto en cómo la empresa puede trabajar en paz sin afectar su rentabilidad, cómo involucra a la comunidad en el proyecto y cómo gana una imagen de responsabilidad social como ventaja competitiva. De esta manera, los procesos de negociación que en teoría se ubican en el enfoque ganar-ganar quedan relativizados porque está claro de antemano hacia dónde se dirigen los resultados.

©CC0 Public Domain. Pixabay.

La discusión de fondo no es de qué lado me pongo y me sesgo a los intereses de las empresas, la comunidad o el Estado. Con demasiada frecuencia este sesgo de partida dificulta los procesos de diálogo y negociación. Un proceso de negociación parte por reconocer que todos los actores tienen intereses. Un genuino proceso de diálogo y concertación no busca ataviar los intereses (y menos manipularlos) sino más bien expresarlos de manera asertiva para que puedan ser apropiadamente abordados. Esto no quiere decir que los intereses de los actores han de satisfacerse a integridad si no encontrar un punto de equilibrio que a su vez esté en sintonía con el ambiente.

Tampoco se trata de obviar las asimetrías del poder que existen entre los actores. Conscientes de esta situación es obligación de los actores generar condiciones para que las relaciones sean más horizontales. En esta perspectiva la información es clave. Mejor información a los actores, en formatos apropiados y con pertinencia cultural, es un elemento central para favorecer un proceso más democrático de toma de decisiones en escenarios de diálogo o negociación.

Está claro que las empresas quieren obtener rentabilidad y es su derecho. El Estado desea que las empresas tributen para incrementar sus ingresos fiscales. Las comunidades desean beneficiarse con empleos, ingresos pero no quieren que los afecte social, cultural y ambientalmente. Consecuentemente, el hecho no está en qué intereses deben primar o los objetivos de quién deben prevalecer si no cuál es el objetivo fundamental que buscamos con esta relación. Es aquí que el objetivo que debe primar es el de la sostenibilidad. Para hacer esto posible se requiere una visión de desarrollo territorial en el que todos los actores se ven como aliados y contribuyen para hacer sinergias transformativas.

Un débil compromiso por un desarrollo territorial sostenible (o en su defecto el interés explícito por beneficiarse a costa de la gente y el ambiente) provoca una serie de distorsiones. Por ejemplo empresas que tienen departamentos de relaciones comunitarias que cumplen sus obligaciones sociales y ambientales solo por exigencias legales o administrativas, oficinas estatales que son abiertamente permisivas o sospechosamente lentas en su accionar para remediar situaciones anómalas, o comunidades que piensan que las empresas deben resolver todos sus problemas o son causantes de todos sus problemas.

Para superar este conjunto de barreras que dificultan un proceso concertado, se requiere mucho respeto y consideración entre las partes en un enfoque de corresponsabilidad en la gestión territorial sostenible.

Si para todos está claro que el objetivo fundamental es el desarrollo territorial sostenible entonces habría que revisar algunas ideas preconcebidas que no dejan avanzar. Habría que ponderar apropiadamente qué significa la responsabilidad para cada una de las partes. Es cierto que las empresas no pueden asumir todo el pasivo social histórico que hay en las comunidades, las comunidades no pueden cifrar sus esperanzas de desarrollo solo a factores externos y el Estado tiene que dejar su adicción a ingresos (relativamente) rápidos producto de las actividades empresariales extractivas aunque impliquen sacrificar al ambiente y la gente, generar normas con nombre propio o transgredir sus propias normas.

Las relaciones con las comunidades entonces no solo son un factor de competitividad empresarial producto de la aplicación de una genuina política de responsabilidad social. Tiene también el propósito de construir con el ejercicio activo de la ciudadanía y contribuir a la gobernabilidad asociada al desarrollo territorial.

Es por ello que en este marco no caben las políticas asistencialistas que sólo perpetúan la dependencia y no resuelven el tema de fondo que es generar relaciones de sociedad entre los actores en las que juntos trabajan y apuestan por la sostenibilidad territorial como objetivo supremo. Por ello cada una de los actores involucrados debe cumplir sus roles y funciones apropiadamente: Estados actuando como garante de derechos, empresas cumpliendo cabalmente la normatividad nacional e internacional, sus códigos de conducta, sus procesos de gestión social con genuinos enfoques de calidad (asociados a la sostenibilidad, justicia y equidad), y comunidades empoderadas participando activamente en la gestión del desarrollo, en los procesos de participación en el ciclo del proyecto productivo, y en los procesos de monitoreo ambiental.

Buena fe, confianza y transparencia son palabras clave que deben acompañar el proceso de concertación social para la sostenibilidad de la gestión territorial. Bajo este contexto no se trata de “hacer participar” a las comunidades ni menos realizar procesos de consulta sólo como expresión de cumplimiento de normas.

Una consulta auténtica no es un proceso informativo sino un proceso de encuentro, de interaprendizaje y de transformación con el objetivo de desarrollo territorial sostenible. El objetivo es generar valor para todos los actores involucrados.

También es necesario considerar que en un proceso de concertación tripartita están en juego diferentes culturas, cosmovisiones, lenguajes, significados, símbolos y códigos. No se trata de imponer una perspectiva si no de encontrar juntos la perspectiva de sostenibilidad.

Es claro reconocer que en un proceso de concertación entra en juego el tema del poder. La conciencia de relaciones desequilibradas de poder no es para imponer posiciones si no para estar consciente de la necesidad de buscar mejores equilibrios que hagan más viables y permanentes los acuerdos. Procesos manipulatorios pueden convertirse en triunfos pírricos por lo que existe la necesidad de basar las relaciones en principios de confianza y transparencia.

Esperamos que relaciones equitativas y sostenibles con las comunidades tenga implicancias en el desarrollo de capital social con indicadores claros de relaciones de confianza, transparencia, capacidad dialógica, concertadora y de negociación ganar-ganar, enfoque en el que también se respeta a la naturaleza.