Por: Razvan Vlaicu.

Desde el primer trueque de una dracma por un voto en Atenas hace más de 2500 años, los políticos han practicado el arte bien perfeccionado, aunque rudimentario, de la compra de votos.

Hoy en día sus incentivos van desde las bebidas alcohólicas, el gas y el dinero en efectivo en Estados Unidos hasta el dinero en efectivo, los granos y las máquinas lavadoras en grandes regiones de África, Asia, América Latina y el Caribe.

Sin embargo, la compra de votos no es un fenómeno generalizado en todas partes. Como he señalado en un reciente estudio del BID con Marek Hanusch y Philip Keefer, la práctica corrupta surge a partir de condiciones específicas y prospera en circunstancias que dificultan particularmente su erradicación.

Pensemos en lo que ocurre durante una transición a un gobierno democrático. El dictador muere o es derrocado, la junta cae y los partidos que se constituyen se movilizan ante la expectativa de las elecciones que se celebrarán. Sin embargo, estos partidos son novatos. No tienen un historial en que afirmarse, ni tienen credibilidad y, en muchos casos, tampoco tienen una ideología, es decir nada que ayude al votante a distinguir entre unas formaciones y otras. Aún así, la competencia es feroz.

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Los políticos recién llegados están decididos a conseguir que sus partidos sean los primeros en entrar en el parlamento. Eso les brinda ventajas en términos de gastos, de patrocinio y de atención de los medios de comunicación, lo que facilitará en gran medida ganar las elecciones en el futuro. ¿Qué hacen estos ambiciosos políticos de partidos que no tienen rostro? Compran votos, como ha ocurrido en numerosas transiciones durante la llamada tercera ola de democratización de los años setenta hasta los años noventa.

Desde luego, la compra de votos no sólo tiene lugar durante las transiciones democráticas. Ocurre en todos los países donde los partidos políticos no consiguen construir una marca que convenza a los votantes de que pueden confiar en sus promesas electorales. Mucho después de que los gobiernos militares llegaron a su fin en Brasil en 1985, por ejemplo, la compra de votos siguió siendo un fenómeno generalizado debido a la abundancia de partidos débiles incapaces de construir una plataforma política. Los legisladores brasileños durante la legislatura de 1987-1990 generalmente habían pertenecido a tres partidos políticos. Una tercera parte de estos, según un estudio del sistema electoral brasileño, había cambiado de partido desde que fueron elegidos en 1986.

Esta falta de lealtad con el propio partido significaba que los partidos políticos no tenían prácticamente ninguna trascendencia en términos de ideología ni de compromisos a largo plazo. Dado que no había partidos que los brasileños encontraran capaces de pronunciarse sobre importantes problemas generales, como un régimen fiscal más justo o un mejor sistema educativo, muchos prefirieron cambiar sus votos por dinero en efectivo, alimentos y ropa.

A medida que el tiempo pasa, la compra de votos puede convertirse en un fenómeno difícil de erradicar. Los ciudadanos, sobre todo los más pobres y los más marginados, pueden llegar a considerar que el pago de dinero en efectivo antes de las elecciones es lo único que consiguen de un gobierno ineficaz. Puede que lleguen a depender de ello. El resultado es que se produce un círculo vicioso. Paradójicamente, aquellos que más sufren de la corrupción se convierten en los que tienen menos probabilidades de oponerse a ella y demandar reformas.

Es difícil encontrar soluciones. La Encuesta Mundial de Valores de 2010-2014, llevada a cabo por una red global de cientistas sociales en casi 100 países, llegó a la conclusión de que el 51,8% de los encuestados creía que los votantes son “sobornados” a menudo o muy a menudo. Además, aún cuando los partidos estén mejor constituidos, la compra de votos puede seguir produciéndose cuando las elecciones son reñidas.

Sin embargo, una experiencia en Brasil después de los episodios ya mencionados de compra masiva de votos en los años ochenta y noventa representa un rayo de esperanza. En 1997, una ONG religiosa, apoyada por la Conferencia Episcopal de Brasil y unas 60 organizaciones de la sociedad civil, se organizaron para lanzar una iniciativa popular contra esta práctica ilegal. Los organizadores recolectaron más de un millón de firmas para ejercer presión a favor de una reforma que llevó a la aprobación de una ley en 1999 que endurecieron drásticamente las sanciones.

Como se describió en un estudio de la ley, éstas contemplaban el despido inmediato mediante sanciones administrativas de los políticos sorprendidos en la práctica de ofrecer regalos preelectorales. Con un fuerte apoyo del poder judicial, los procesos judiciales se volvieron agresivos. Entre 2000 y 2008, unos 700 políticos fueron despedidos de su cargo y la compra de votos, aunque sigue siendo habitual en Brasil, ha sido reducida significativamente en comparación con los niveles anteriores.

Iniciativas similares pueden contribuir a disminuir la compra de votos globalmente. Los cambios en las instituciones políticas y en la cultura, que fomentan la constitución de partidos programáticos con fuertes tradiciones e ideologías y un historial de cumplimiento de las promesas hechas a los votantes, podría ir incluso más lejos para acabar con las ilegalidades que desvirtúan la voluntad popular.

Razvan Vlaicu es Economista de investigación senior en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Nota publicada en el blog “Ideas que cuentan” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.