Señalar la existencia de un problema es una cosa. Aprender a solucionarlo -o al menos contenerlo- es un problema completamente diferente que, además, suscita diversas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se deberían utilizar los recursos finitos para monitorear las obras públicas? Además, ¿quién debería participar en el monitoreo, y en calidad de qué? Los ciudadanos individuales se ven afectados por la corrupción, pero muchos carecen del tiempo o las habilidades para monitorear. Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) a menudo tienen un gran interés en monitorear las actividades del gobierno, pero carecen de las facultades para ejercer una vigilancia. A su vez, las agencias del gobierno destinadas a la vigilancia a menudo carecen de los recursos para monitorear.

Paul Lagunes, un investigador de la Universidad de Columbia y ex investigador visitante  del BID, ha estudiado qué ocurre cuando una OSC y una agencia del gobierno nacional informan a los gobiernos locales que su uso de los fondos federales en los proyectos de infraestructura está siendo vigilado. Lagunes presentó las conclusiones de un experimento de campo que llevó a cabo en un Seminario de Economía Política en el BID el 1 de diciembre, copatrocinado por el Departamento de Investigación y la División de Instituciones para el Desarrollo.

RJA1988 / Pixabay

El experimento en sí es sencillo, y relativamente barato. En la primera de las dos etapas, que transcurrió entre agosto de 2015 y mayo de 2017, funcionarios en distritos seleccionados aleatoriamente en todo Perú recibieron una carta en la que se les informaba que su gasto en la ejecución de pequeños proyectos de infraestructura (por ejemplo, caminos, aceras, espacios deportivos), financiados por el Ministerio de Vivienda, estaba siendo monitoreado. Esta carta fue enviada por Proética, una OSC que representa el capítulo de Transparency International en Perú y es manifiestamente independiente del gobierno del país.

Poco después, los funcionarios de distrito recibieron una segunda carta de la autoridad auditora nacional, la Contraloría General de la República, notificándoles que conocían las actividades de monitoreo de Proética. Una segunda etapa consistía en una carta de seguimiento de Proética, y luego una de la Contraloría, recordando a los funcionarios de distrito que el monitoreo continuaba.

Esta intervención aparentemente pequeña arrojó grandes resultados. Los proyectos en los distritos tratados (es decir, los distritos que recibían las cartas) experimentaron una reducción del 51% en los costos de construcción en comparación con proyectos en distritos del grupo de control (es decir, distritos comparables que no recibieron las cartas). Además, la reducción se produjo sin un cambio perceptible en la calidad. Esto fue verificado por el investigador y la OSC colaboradora, que analizaron las condiciones de algunas de las obras públicas que fueron objeto de la intervención, en algunos casos utilizando imágenes de satélite como las de Google Earth. Por lo tanto, parece probable que se consiguieron reducciones de costo en infraestructura, que es un ámbito vulnerable a la corrupción en todo el mundo, reduciendo los gastos dudosos.

Otro punto a destacar es que la vigilancia sobre algunas obras en los distritos que recibieron las cartas parece haber tenido el efecto de mejorar la ejecución de obras no vigiladas.

¿Qué lecciones pueden extraer los responsables de las políticas públicas y el público en general de este estudio? La más importante es que cuando las OSCs y las agencias de gobierno combinan sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, los beneficios sociales resultantes superan significativamente los costos.

Lograr este tipo de cooperación representa un desafío en los tiempos actuales: las relaciones mutuas a menudo son tensas e incluso conflictivas. Sin embargo, cuando se produce la colaboración, como demuestra el estudio, la corrupción sufre un severo golpe.