Una democracia fuerte exige una participación masiva en las elecciones y un electorado bien informado. Pero según este criterio, muchas democracias, si es que no la mayoría, salen mal paradas. Los gobiernos han venido usando el sufragio obligatorio desde hace mucho como solución al problema de la baja participación en las elecciones. Actualmente hay alrededor de 25 países de todo el mundo que lo han adoptado, 14 de ellos de América Latina. No obstante, los especialistas no se ponen de acuerdo sobre si la obligación de votar puede o no hacer aumentar la concurrencia a las urnas, cuál puede ser su efecto político y, lo que quizá sea aún más importante, si puede llevar a una participación democrática bien informada y de mayor nivel.
La baja participación en los comicios puede ser producto de lo que los especialistas llaman el problema de la “acción colectiva”. Eso significa que aunque la sociedad en su conjunto se beneficie considerablemente de una participación masiva en las elecciones, el individuo se beneficia poco al dar su voto individual. Votar presupone costos, entre ellos la pérdida de tiempo y de trabajo, y las probabilidades de que el voto de un solo individuo incida en el resultado de las elecciones son casi nulas.
Archivo. Una ciudadana colombiana votando en el día de las elecciones, octubre 25, 2015, en Bogotá. AFP PHOTO/Diana Sanchez
El sufragio obligatorio, junto con las sanciones para quienes no voten, corrige ese desequilibrio creando un desincentivo ‒un costo‒ para el hecho de no votar. Y las señales indican que el enfoque funciona. En 1995 el politólogo Arend Lijpart explicó en una presentación ante la Asociación Americana de Politología (American Political Science Association) que el desincentivo hace aumentar la participación en las elecciones entre un 7% y un 16%.
La mayoría de los países latinoamericanos con sufragio obligatorio contemplan algún tipo de sanción por no votar. Por ejemplo, en Brasil quienes dejan de votar deben pagar una multa y se ven impedidos de obtener un pasaporte o empleo en el gobierno. En Bolivia la multa va acompañada de la prohibición de usar ciertos servicios públicos y de efectuar operaciones bancarias. Eso hace que la concurrencia a las urnas tienda a ser alta. En 2014 hubo elecciones presidenciales en siete países de América Latina. En todos menos dos de ellos, la participación en los comicios sobrepasó a la de las elecciones presidenciales de 2012 en Estados Unidos: el 92% de los ciudadanos en capacidad de votar lo hizo en Bolivia, mientras que en Uruguay la cifra ascendió a un 90% y en Brasil, a un 80% (promedio entre la primera y segunda ronda en los dos últimos).
El sufragio obligatorio también puede darle una mayor representatividad a las elecciones, especialmente en sociedades de gran desigualdad como las latinoamericanas. Numerosos observadores señalan que cuando el sufragio es voluntario tiende a haber mayores índices de abstención entre los electores más jóvenes, más pobres y menos informados. Hay varias causas: los votantes más pobres pagan un costo relativamente mayor que los ricos en términos de transporte y salarios perdidos para acercarse a los centros de votación, y los jóvenes, que tienen menos experiencia que sus mayores, encaran “costos cognitivos” más altos para obtener la información que necesitan para tomar una decisión electoral, como señala el profesor Shane Singh de la Universidad de Georgia. Todo esto significa que los resultados comiciales tienden a reflejar los intereses de los electores de mayor edad, ingresos y formación. Al exigir que todos los ciudadanos voten, el sufragio obligatorio puede igualar las condiciones de la contienda política, resultando en la elección de políticos que representen mejor los intereses de los jóvenes y los sectores socioeconómicos rezagados.
Aun así, la cuestión de si el sufragio obligatorio convierte o no a los ciudadanos en votantes más responsables y mejor informados queda pendiente de resolución. Un estudio concluye que en Brasil las reglas del sufragio obligatorio, que se activan cuando los ciudadanos cumplen 18 años, hacen que las probabilidades de que vean el Jornal Nacional de Rede Globo, el noticiero televisivo de mayor sintonía del país, aumenten 13,6 puntos porcentuales en promedio. Este efecto, que es particularmente marcado entre personas de bajos ingresos, supone que el sufragio obligatorio anima a la gente a informarse sobre temas que pueden ser importantes para sus decisiones electorales, aunque el estudio no llega a evaluar si en última instancia eso los convierte en ciudadanos mejor informados.
Pero otros estudios, entre ellos otro sobre Brasil, advierten que el sufragio obligatorio no produce efecto alguno ni sobre el deseo de la gente de informarse mejor ni sobre sus conocimientos políticos. Y algunos analistas sugieren que puede simplemente estar llevando ciudadanos desinformados y apáticos a las urnas, donde es probable que voten de manera aleatoria o sin pensarlo bien. El hecho de que la participación en elecciones tienda a decaer entre ciudadanos de la tercera edad en cinco países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú) donde las reglas del sufragio obligatorio no se les aplican, significa que el compromiso de votar puede ser superficial y que no obedece más que al temor de la gente a ser penalizada. Si ese fuera el caso, eso podría significar que el sufragio obligatorio, más que mejorar la participación cívica y la democracia, puede de hecho estar haciendo lo contrario.
Aunque eso está por verse, quizá valga la pena considerar que en países escandinavos como Dinamarca y Suecia la participación en las elecciones nacionales más recientes fue superior al 80%, a pesar de que en ellos no existe la obligación de votar. Quizá en esos países, donde la calidad de la gestión gubernamental es alta y el nivel de desigualdad es bajo, la gente se sienta más representada por sus políticos y tenga más fe en el gobierno. Por lo tanto, está más inclinada a votar y más interesada en formarse opiniones bien fundamentadas sobre los principales temas.
Entonces, parecería que el sufragio obligatorio no es necesario para una democracia fuerte. Pero en sistemas democráticos como los de América Latina, donde el gobierno es menos eficiente y las divisiones sociales son más pronunciadas, al menos puede llevar a una representación equitativa.
Razvan Vlaicu es Economista de investigación senior en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo.
Nota publicada en el blog “Ideas que cuentan” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.
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