Por: Pascual Gaviria Uribe
Miles de jóvenes viajaron el mes pasado desde España continental hacia las islas Baleares para despedir su año escolar. Solo desde Valencia se reportaron 3.600 adolescentes camino a un pequeño desmadre luego de meses de encierro y pantallas. Una tradición de verano acompañada de todos los brindis, mucho de contacto social y algo más, y la música de los conciertos aplazados. Palma de Mallorca recibió con alegría y cocteles a sus invitados más bullosos entre sus diversos “clientes” de cada año.
Una semana más tarde las alertas Covid comenzaron a sonar y hace 8 días ya se hablaba de un “macro brote” que dejó 1.167 adolescentes, provenientes de toda España, con pruebas positivas. Un 25% de los jóvenes que viajaron y se hicieron una prueba PCR. Entonces comenzaron los decretos, las órdenes policiales, los hoteles Covid, las fugas y las decisiones judiciales. El circo excitado de los estudiantes de fiesta fue alimentado por los domadores histéricos en las oficinas públicas y los señalamientos de todo tipo contra esos “niñatos infectos”.
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Luego de la estampida inicial cuando se detectó el brote, el gobierno Balear decidió encerrar a 265 estudiantes en el hotel Palma Bellver, una “jaula” de 4 estrellas y 150 habitaciones perteneciente a la cadena Melia. En España lo llaman “hotel puente”. Entre los confinados había 184 jóvenes con prueba PCR negativa y 81 con resultado positivo. El gobierno decidió encerrarlos a todos por posibles contactos con positivos.
Algunos de los padres interpusieron recurso de habeas corpus para obtener su libertad pero fueron negados. En las tardes los jóvenes se asomaban a los balcones con pancartas que exigían la liberación. En las noches era el tiempo de la fiesta, las inundaciones de los cuartos y las peleas con los camaretos ahora vestidos a la usanza del personal de Unidades de Cuidados Intensivos.
La escena clásica la entregaron las sábanas amarradas desde el cuarto piso para subir las provisiones de alcohol que les vendía una tienda cercana. En la mañana aparecían las quejas de los inquilinos en redes por el desayuno de avión cuando habían pagado un bufet completo en sus propios hoteles. La gobernación Balear respondía diciendo que gastaba 300.000 euros por cada semana de ese edificio para confinados donde además había 40 extranjeros, 7 de ellos llegados en balsa desde África. Por fuera quedaban 3 jóvenes fugados.
La libertad, al menos para los negativos, llegó con un fallo de una jueza administrativa de la isla. En 22 páginas le dijo al gobierno que su medida era desproporcionada y violaba el derecho a la libertad: “El confinamiento debe producirse, no por potencial diagnóstico, sino por haber un diagnóstico cierto… en un Estado de Derecho la salvaguarda de los derechos fundamentales debe ser el estandarte que a todos nos debe guiar y las restricciones en los mismos, proporcionadas, necesarias e idóneas y sometidas al correspondiente control judicial”. El gobierno Balear había marcado más una culpabilidad que una prescripción de salud pública. La gente pedía un castigo para esos adolescentes irresponsables. El padre de uno de ellos lo resumió bien: “¿Por qué son culpables? ¿Sí puedo ir a Santiago de Compostela y no puedo ir a Mallorca?”.
Al final muchos de los encerrados volvieron en un “ferry burbuja” a Valencia. No estaban contagiados pero viajaron vigilados por la policía y fueron recibidos por un enjambre de periodista en el puerto. No fueron reseñados de milagro. En marzo, todavía con poca vacunación, los miles de turistas alemanes que llegaron a Mallorca fueron más que bienvenidos, solo recibieron un pequeño regaño de Angela Merkel. Pero estos niños indolentes merecían un escarmiento, para eso están el gobierno y las recepciones.
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