Por: Ursula Giedion y Pamela Góngora.

No se puede alcanzar la cobertura universal de calidad si los sistemas de salud de un país no son sostenibles. A menudo, los recursos financieros de los gobiernos suelen ser insuficientes para cubrir las demandas cada vez mayores de la población. Cómo enfrentar esta brecha de recursos se ha convertido en un tema universal que ocupa las agendas de política pública de todos los países.

La apuesta colombiana

Colombia  ha apostado por regular los precios de los medicamentos. La lógica es sencilla: a menor precio, mayor sostenibilidad. Sin embargo, aunque se han conseguido ahorros sustanciales en aquellos medicamentos cuyos precios fueron regulados, todo parece indicar que esta medida no es suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano, cuyo déficit actualmente ronda los diez billones de pesos. Este monto equivale a lo que el gobierno ya gasta en asegurar a casi la mitad de los colombianos.

Lo que aportan mensualmente el gobierno y los colombianos que pueden costearlo simplemente no alcanza para cubrir todo y varias voces han alertado sobre la necesidad de movilizar más recursos para llenar el hueco. Incluso se ha llegado a hablar de aumentar los pagos de bolsillo, cuya reducción había sido vista como uno de los logros más importantes del sistema de salud en la historia reciente. Ante un déficit tan grande y con el limitado alcance de la regulación de precios, ¿cómo restaurar la sostenibilidad del sistema de salud? ¿Es cuestión sólo de movilizar más recursos?

Racionar por la vía del hecho

Sin duda, conseguir más recursos para la salud ayudaría a mitigar los problemas financieros del momento, pero no por mucho tiempo. Nos guste o no, las necesidades en salud son infinitas y no hay dinero para todas. Ante esta situación, negar la dolorosa brecha entre lo deseable y lo posible se ha convertido en la salida en Colombia: se promete TODO pero en la práctica se raciona por la vía del hecho.

Esto resulta, por ejemplo, en tiempos de espera cada vez más largos para aquellos pacientes que requieren una atención urgente y pueden presentar un rápido deterioro o están en riesgo de fallecer o de perder un miembro u órgano. Pacientes de este perfil sufrieron en Colombia esperas de más de hora y media entre 2016 y 2018 –un promedio mucho mayor al máximo de media hora estipulado para esos casos. Aunque parte de las esperas excesivas pueden ser consecuencia de una atención primaria poco eficiente, también reflejan el hecho de que los recursos no son suficientes para todo lo que Colombia pretende, en teoría, garantizar. Y cuando los recursos no alcanzan, hay que recortar por algún lado.

Sin priorización explícita no hay sistema que aguante

Hay una mejor opción para lidiar con la situación. La gestión proactiva implica tomar medidas para definir y asegurar, con los recursos existentes, las prestaciones como medicamentos, dispositivos médicos, servicios, etc., que sean más importantes y efectivas. Un ejemplo son los Planes de Beneficios en Salud (PBS), que surgieron a principios de los 90 como una herramienta de priorización que permite a los gobiernos definir explícitamente qué servicios de salud se financian con recursos públicos, para así pagar por lo que verdaderamente aporta más salud, y hacerlo bien.

Irónicamente, Colombia fue uno de los primeros países de la región en adoptar un plan amplio de beneficios explícitos en saludque buscaba “mayor efectividad en la utilización de recursos, mayor eficacia en términos de los resultados deseados y a un costo que sea social y económicamente viable para el país”. Incluía servicios para las principales enfermedades y causas de muerte e incluía como pilares del sistema la solidaridad en la financiación, la cobertura universal y el aseguramiento. En un inicio, con el fin de preservar el objetivo de dar prioridad y garantizar el acceso y la calidad a lo que más valor aportara, el plan imponía límites a los servicios de salud que se podían financiar con dinero público. Pero con el tiempo, empezaron a surgir cada vez más demandas de servicios que no estaban contemplados.

Decir “no”, aunque cueste

Hoy, la ley colombiana ordena al Estado garantizar y pagar todos los servicios de salud disponibles en el mercado, con muy pocas excepciones. Aunque existe un PBS en papel, los límites en la práctica son tan escasos que el gasto por servicios no cubiertos equivale a casi el 8% del gasto público en aseguramiento.

No hay duda de que sería deseable aumentar el número de prestaciones que puede garantizar un PBS. Pero los límites importan y es necesario trazarlos y hacerlos cumplir para asegurar un sistema de salud financieramente sostenible y, sobre todo, para garantizar, con acceso efectivo y con calidad, las prestaciones en salud más necesarias y convenientes para todos. El problema fundamental en Colombia no radica en la insuficiencia de recursos para la salud sino en que la sociedad aún no ha aceptado que es imposible financiar todo. Los colombianos tienen ante sí una tarea pendiente: alcanzar un acuerdo sobre cuáles son las prestaciones en salud más urgentes y empezar a pagar por lo que verdaderamente más aporta. Sin priorización explícita y sin calidad en salud se termina por prometer mucho y entregar poco.

En tu país, ¿cómo se controla el gasto en salud? Cuéntanos en la sección de comentarios o menciona a @BIDgente en Twitter.

Explora más sobre los planes de beneficios en salud en la página web de la Red CRITERIA, una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que apoya a los países de América Latina y el Caribe para fortalecer sus políticas de priorización del gasto y de diseño y ajuste de sus planes de beneficios en salud. Suscríbete aquí. 

 Ursula Giedion es la coordinadora de la Red CRITERIA, y Pamela Góngora es consultora de la División de Protección Social y Salud del BID y parte del equipo de la Red CRITERIA.

Nota publicada en el blog “Gente Saludable” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.

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SOURCE: Los Blogs del BID