Dice Ana que las guerras en Honduras se libran en el cuerpo de las mujeres. Da igual si ese cuerpo es el de la esposa de un millonario o el de una mujer indígena de La Mosquitia, la región más remota, inaccesible y atrasada del país.

Ana es Ana Cruz. Habla con periodistas y visitantes con la soltura de la experiencia que dan 23 años de trabajo protegiendo a mujeres en situación de riesgo. Comenta que, últimamente, con el acelerado repunte de feminicidios que enfrenta el país, la buscan mucho para hacer entrevistas.

Ana Cruz está al frente de Asociación Calidad de Vida, que con el apoyo de Oxfam y otras organizaciones mantiene casas refugio para mujeres víctimas de violencia en Honduras.

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“Este año llevamos ya 329 feminicidios”, dice tras pensarlo un momento mirando al cielo, puesto que el número cambia cada día. Y esa cuenta incluye sólo una parte, como las mujeres asesinadas por parejas o ex parejas cuyos crímenes publican los periódicos, no aquellas a las que la familia entierra sin que trascienda ni otro tipo de asesinatos cometidos contra las mujeres por su condición de mujer.

“A las mujeres las matan los hombres, no las mujeres. Es muy diferente a otro tipo de asesinato”, explica Ana Cruz.

Cerca del 96% de los feminicidios en Honduras queda impune. “Las tiran al río, aparecen desmembradas, sus pedazos a mucha distancia unos de otros, en las carreteras. A veces los maridos recurren a la contratación de sicarios”. Gobierno, congreso y sistema judicial han aprobado un puñado de leyes, mecanismos o herramientas para la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, pero todo ha quedado en el cajón, sin presupuesto y sin voluntad de ponerlo en práctica.

Según datos de Oxfam de 2017, en Honduras, en los últimos ocho años se han consumado 3,962 feminicidios. O sea, que en este país de 9.2 millones de habitantes, una mujer es asesinada cada 17 horas. ¿Se imaginan?

La asociación Calidad de Vida comenzó acogiendo a supervivientes de violencia doméstica, pero ahora se ocupa también de mujeres que han sufrido trata con fines de explotación sexual y de desplazadas internas, también supervivientes de violencia. “No damos abasto”, lamenta.

En el colmo del absurdo, el gobierno hondureño envía a las casas que gestiona Calidad de Vida a mujeres que han acudido a denunciar al sistema judicial, pero no da recursos para sostenerlas.

Falta coordinación, faltan estructuras, falta voluntad para que las víctimas sean protegidas. En general, las políticas en materia de violencia de género del gobierno hondureño son mera decoración. “Con este gobierno, todo lo que se había avanzado se retrocede. La justicia no está sensibilizada ni cuenta con instrumentos, lo que lleva a la revictimización de la superviviente, que tiene que contar varias veces su caso. Se han invertido millones y millones de euros, pero no sabemos a dónde se van”.

“Las maras usan a las jóvenes para extorsión, tráfico de drogas o asesinatos”, explica Ana Cruz en un intento por desenredar la madeja de distintos tipos de violencia con la que se teje el destino trágico de mujeres y niñas hondureñas. “A las más jóvenes las quieren para parejas, y si la madre dice que no, llegan las amenazas y tienen que salir huyendo con sus hijas menores. Muchas se fueron en las caravanas, muchas otras piden protección a través de ACNUR. Pero el trámite legal es larguísimo y muchas no pueden esperar y dicen ‘me voy’. Para pedir protección internacional no cuentan las amenazas que tienen relación con las maras”.

“Sobre los cuerpos de las mujeres se están dando las batallas en Honduras”, repite Cruz, para quien la casi total impunidad “significa que cualquiera nos puede hacer daño”.

Por eso, para ella es esencial que el trabajo desde las casas refugio vaya más allá de ofrecerles seguridad. “Protegemos sus vidas, pero también las empoderamos para que logren cortar ese ciclo de violencia”. Empoderar significa, en este caso, que las supervivientes puedan ser independientes. Para ello, las casas dan atención psicológica, social y legal, terapias, acompañamiento educativo para las hijas e hijos de las usuarias y una formación en derechos humanos que permite a las mujeres conocer esos derechos y saber cómo defenderlos.

Ana nos deja para atender a dos funcionarios de la fiscalía que ha visto entrar en su oficina por el rabillo del ojo mientras transcurría nuestro encuentro. Seguramente vienen a pedirle que acoja a alguna mujer en sus ya repletos refugios. “Piden y piden”, dice, sonriendo siempre y a pesar de todo, “pero nunca dan”.

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