---

La región ha visto surgir en promedio un nuevo milmillonario cada dos semanas desde marzo, mientras que millones de personas siguen luchando contra la enfermedad, dificultades económicas extremas y por poner comida en la mesa durante los confinamientos, con los hospitales al borde del colapso.

En conjunto, los 42 milmillonarios del Brasil aumentaron su patrimonio neto de 123 100 millones de dólares en marzo a 157 100 millones de dólares en julio, mientras que los siete más ricos de Chile vieron como su patrimonio conjunto aumentaba en un 27 % hasta alcanzar los 26 700 millones de dólares.

Los Gobiernos de América Latina están infra gravando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales, lo que está socavando su lucha contra el coronavirus, la pobreza y la desigualdad. Oxfam estima que América Latina perderá 113 400 millones de dólares en ingresos fiscales este año, lo que equivale al 59 % del gasto en salud pública de la región. 

“Mientras que todos los demás están viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse, los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia, todos y cada uno de los días”, afirmó el director ejecutivo interino de Oxfam, Chema Vera.

“Los súper ricos nunca han tenido que preocuparse por ser desalojados por no pagar el alquiler o tener que decirles a sus hijos e hijas que hoy no hay nada que comer. Al contrario, han recolocado sus activos o invertido en más acciones, bonos, oro y bienes raíces, como ya lo hicieron después de la crisis económica mundial de 2008 y 2011. Mientras la gente muere y se enfrenta a la indigencia, la enfermedad y el hambre, es vergonzoso que un puñado de personas extremadamente ricas puedan estar amasando todavía más poder y riqueza. Si los Gobiernos no toman medidas para cambiar nuestros sistemas económicos, están echando gasolina al fuego del descontento contra las injusticias sociales que ahora están arrasando el mundo”.

América Latina ya era la región más desigual del mundo. Los esfuerzos de los Gobiernos para combatir el coronavirus y salvar vidas se han visto frustrados por la desigualdad y la corrupción profundamente arraigadas, y el virus ahondará todavía más la enorme brecha entre los más ricos y el resto.

A pesar de haber activado uno de los confinamientos nacionales más rápidos y agresivos de América Latina, incluso antes que Francia y el Reino Unido, Perú tiene más de 366 550 casos registrados y una cifra de 13 767 fallecidos, el segundo país más afectado de América Latina después de Brasil y ahora uno de los peores focos del coronavirus del mundo.

Más del 70 % de la población peruana trabaja en la informalidad, sin contratos o protección, y sin seguridad laboral o licencias por enfermedad. Desde el comienzo del confinamiento el 16 de marzo, 2,3 millones de personas que viven en Lima, la capital de Perú, han perdido sus trabajos y la capacidad de alimentar a sus familias. Ya son 200 000 quienes han huido a pie de las ciudades a sus pueblos de origen en el campo, algunos llevándose el virus con ellos. Al mismo tiempo, los dos peruanos más ricos vieron aumentar su fortuna combinada en un 6 % hasta alcanzar los 5500 millones de dólares y Perú ha visto surgir otros dos nuevos milmillonarios. 

El Gobierno peruano ayudó a las familias más pobres a sobrevivir mediante transferencias en efectivo de 100 dólares al mes, pero la desigualdad acabó con las buenas intenciones.

“Solo el 42 % de la ciudadanía peruana de 15 años o más tiene una cuenta bancaria y la mayoría de los beneficiarios de la ayuda del Gobierno, las personas más pobres del país, están fuera del sistema bancario. No les ha quedado más remedio que ir en persona al banco, donde las largas colas se han convertido en un terrible caldo de cultivo para el coronavirus. Vencer la pandemia significa vencer la desigualdad. También significa poner fin a los privilegios de unos pocos afortunados”, declaró Vera.

El confinamiento de Perú implicó el cierre de todos los negocios excepto los proveedores de alimentos, medicinas y otros servicios esenciales. Sin embargo, solo una semana después, las grandes empresas mineras, petroleras y de agronegocios eludieron la orden, argumentando su importancia vital y estratégica para el país y prometiendo cumplir con estrictas medidas sanitarias. La realidad es que muchas de ellas no llegaron a aplicar medidas mínimas de mitigación de riesgos. La mina de cobre Antamina ha informado de 210 casos positivos por coronavirus, mientras que el 90 % de los empleados y empleadas de la compañía de aceite de palma Ocho Sur que se sometió a la prueba a principios de junio dio positivo, lo que supone una gran amenaza para las comunidades indígenas cercanas, que se encuentran entre las más desatendidas por el sistema de salud pública de Perú y que temen un elevado número de muertes. En la región amazónica donde opera la empresa, hay menos de ocho profesionales médicos por cada 10.000 habitantes.

En toda América Latina, 140 millones de personas, alrededor del 55 % de la población activa, se encuentran en la economía informal, y casi una de cada cinco vive en un tugurio. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza en América Latina y el Caribe como consecuencia de la pandemia, con lo que la lucha contra la pobreza retrocedería 15 años.

En una región en la que ya una de cada tres mujeres se ve afectada por la violencia de género, las órdenes de permanencia en el hogar han dado lugar a un aumento de las denuncias de violencia doméstica y de asesinatos de mujeres y niñas. En Argentina, al menos 81 mujeres han sido asesinadas durante el confinamiento desde marzo de 2020.

En promedio, la inversión pública en salud de los países de América Latina es del 4 % del PIB, la mitad que los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Décadas de privatización e inversiones insuficientes han dejado a los sistemas de salud pública de la región terriblemente mal preparados e incluso los han convertido en un factor que contribuye al aumento de las infecciones por coronavirus.

Para los más de 5 millones de personas migrantes venezolanas que viven en la región, la pandemia es una crisis doble. Tras huir del caos económico y político, millones de personas se han quedado sin trabajo debido a las cuarentenas. Muchas de ellas son indocumentadas y han caído en el olvido de las respuestas del Gobierno, incapaces de acceder a las transferencias de efectivo o a los servicios de salud. Desesperadas y a menudo sin hogar por no poder pagar el alquiler, 80 000 personas han vuelto sobre sus pasos por los Andes para retornar a Venezuela, donde incluso antes de la pandemia uno de cada tres venezolanos se enfrentaba al hambre. 

Si se aplicara en 2020 un impuesto al patrimonio neto de entre el 2 % y el 3,5 % a quienes tengan más de un millón de dólares, los Gobiernos latinoamericanos podrían recaudar hasta 14 200 millones de dólares, que podrían ser invertidos en salud pública y protección social. Esta cifra es 50 veces la cantidad de lo que se podría recaudar este año de los milmillonarios de la región.

“El virus se ha expandido por América Latina no por indisciplina, sino por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los Gobiernos que no gravan suficiente las grandes fortunas. La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde”, concluye Vera.