El pasado 16 de agosto, la Jefa de la Policía de Washington, Cathy Lanier, anunció su retiro después de nueve años en el cargo. Lanier comenzó como patrullera y fue ascendiendo hasta ocupar el cargo más alto de la Policía Metropolitana de Washington.

Si bien para los habitantes de esa ciudad tener a una mujer a cargo de la policía terminó siendo algo normal, su caso es la excepción y no la regla. Y no se trata únicamente de quienes lideran los cuerpos policiales: la participación de la mujer en todos los niveles de la fuerza policial sigue siendo muy baja. El promedio de participación femenina en los cuerpos policiales de 24 países de América Latina y el Caribe es de tan sólo un 13%. Entre estos países, sobresale Nicaragua con el 27% de mujeres, seguido por San Cristóbal y Nieves  (26%), Guyana y Jamaica (ambos con un 25%).

Un estudio de Donadio y Mazzota ilustra cómo la presencia de las mujeres en las policías de América Latina y el Caribe es un fenómeno relativamente reciente. Con algunas excepciones, fueron los años 70 los que marcaron la entrada de las mujeres a las instituciones policiales en muchos países de la región, una entrada que consistió en la creación de brigadas femeninas o la asignación de mujeres a labores de carácter preventivo (cuidado de niños y niñas, policía escolar, tránsito, narcotráfico y delincuencia juvenil). Sólo fue en 1998 cuando una mujer alcanzó el rango máximo en un órgano policial: la generala chilena Mireya Pérez Videla, luego de una carrera de 30 años en el cuerpo de Carabineros.

Policía Nacional de los colombianos. BID

Una de las razones de la difícil incorporación de la mujer a la policía tiene que ver, según un trabajo de Edith Olivares, con la idea que popularmente se tenía del “prestigio policial”: durante muchos años, la percepción de una policía efectiva estuvo a menudo asociada a la fuerza, el autoritarismo, la represión y la “mano dura”. Con la introducción de los enfoques modernos de “policía comunitaria”, los cuerpos policiales se volvieron más preventivos, cercanos a la comunidad y respetuosos de sus diferencias. La participación de las mujeres en la policía se asocia mucho más a estos enfoques “modernos” que a los represivos, lo cual puede representar para algunos (quienes asocian efectividad con represión) un debilitamiento o pérdida de prestigio.

Existen ventajas objetivas de la participación de las mujeres en la policía: la mujer utiliza menos la fuerza física, evita confrontaciones violentas con las y los ciudadanos y es con menor frecuencia acusada de uso excesivo de la fuerza. También cuenta con mejores habilidades comunicativas, favorece la cooperación y la creación de confianza en la policía comunitaria y tiene mayores probabilidades de responder de manera efectiva a la violencia machista. Además, una policía con participación más equilibrada de ambos sexos y con presencia de las minorías étnicas da más confianza al ciudadano y refuerza el principio de que todas las agencias del orden público deberían ser representativas, receptivas y responsables de la comunidad a la que prestan servicios.

En la actualidad, algunas mujeres policías encuentran obstáculos para acceder a puestos de liderazgo y mando y en ocasiones son asignadas a unidades de trabajo de menor relevancia. Para responder a esta situación, algunos cuerpos policiales han creado unidades de género encargadas de formular y supervisar acciones para la no discriminación u observatorios de monitoreo; en paralelo, han fortalecido las regulaciones internas para sancionar el acoso, propiciar un equilibrio entre vida y trabajo y promover activamente la participación de la mujer en igualdad de oportunidades que el hombre. Para que haya equidad en la práctica, dichas acciones deben reflejarse en  la toma de decisiones y, por supuesto, en la gestión cotidiana, y en la cultura organizacional de las policías.

Hasta aquí hemos tratado la cuestión sólo en los cuerpos de policía, pero la gestión de la seguridad implica la participación de otras instituciones en sectores como Justicia, Defensa, Fiscalía, Procuraduría o el sistema penitenciario. En la actualidad, sólo tres de 26 ministerios de la región a cargo de tareas de seguridad están liderados por una mujer (Argentina, Nicaragua y Surinam), mientras que dos países cuentan con una mujer a cargo del sistema penitenciario (Jamaica y Venezuela).

El BID ha priorizado en su agenda de Género y Seguridad Ciudadana el fortalecimiento del liderazgo, la participación y la influencia de las mujeres en el sector de Seguridad Ciudadana y Justicia. Con su Red PROLID, el BID provee un espacio para promover el intercambio de conocimiento y prácticas entre las mujeres líderes en el sector en América Latina.