Por: Manuel Rodríguez y Ana María Pinto.

Si bien no existe una única definición aceptada para el concepto de asociación público-privada (APP), puede entenderse que se trata de un “contrato de largo plazo entre una entidad pública y un privado, para brindar un activo o servicio público, en el que ambas partes asumen parte de los riesgos y la responsabilidad de la gestión, y la remuneración del privado está vinculada al desempeño”.

Este concepto adquiere especial relevancia para el contexto de América Latina y el Caribe, donde el desarrollo de la Región se encuentra lastrado por un déficit histórico en la cantidad y calidad de la infraestructura. Se estima que la región debe aumentar su nivel de inversión anual en infraestructura de un 3% hasta un mínimo del 5% del PIB, contando con fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas.

Es aquí donde las APP, con una adecuada asignación de incentivos y riesgos, tienen potencial para atraer inversionistas de largo plazo aportando eficiencia e innovación en la provisión y gestión de servicios de infraestructura. Sin embargo, para materializar con éxito la oportunidad que ofrecen las APP, se requiere de un entorno normativo e institucional apropiado (como el Infrascopio), para atraer al sector privado y para garantizar una adecuada gestión de los proyectos estructurados bajo esta modalidad.

Colombia representa un ejemplo de los países de la región que enfrentó este desafío y desde hace dos décadas trabaja para crear unas sólidas bases para la vinculación de capital privado. El país inició los cambios regulatorios que posibilitaron diversos esquemas de participación y colaboración entre el sector público y privado ya a principios de los años 90.

Estas reformas permitieron la consolidación de la participación privada en los sectores de energía y telecomunicaciones y condujeron a importantes avances en los sectores de agua y saneamiento y transporte. En este último, la evolución de la participación privada fue especialmente intensa con el desarrollo entre 1994 y 2007 de tres generaciones de concesiones viales, la privatización de puertos y la concesión de los principales aeropuertos.

Estas experiencias permitieron al país adquirir un conocimiento más profundo de las APP, reflejado en diversas guías y metodologías como la guía de buenas prácticas para la ejecución de proyectos de APP o la metodología de valoración de las obligaciones contingentes, así como emprender importantes reformas normativas e institucionales a partir del año 2010.

El hito principal de estas reformas fue la aprobación en 2012 de la Ley de APP (Ley 1508 de 2012), que estableció un régimen jurídico específico para las APP con un carácter transversal a los diferentes sectores de infraestructura productiva y social. De forma complementaria, se introdujeron importantes cambios en el ámbito institucional, destacando la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, un organismo especializado en la gestión de proyectos APP en el sector transporte, y la Financiera de Desarrollo Nacional, con el objetivo de incentivar la financiación y estructuración de proyectos.

Bajo este marco, actualmente se implementa el Programa de Cuarta Generación de Concesiones Viales, más conocido como 4G, y que se erige como el plan de infraestructura más ambicioso en la historia del país, con la ejecución de más de 30 proyectos, la intervención de cerca de 7.000 km y la construcción de más de 1.200 km de doble calzada.

En un empeño sostenido por posicionar las APP como una herramienta para contribuir a reducir el rezago en infraestructura del país, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 establece como una de sus principales estrategias la consolidación del esquema APP en la provisión y gestión de infraestructura productiva y su impulso en sectores sociales. Asimismo, se reconoce la necesidad de fomentar la capacidad de las entidades territoriales para la formulación y estructuración de este tipo de proyectos.

El BID, tanto desde el lado público como privado, ha acompañado a los países de la región que han fomentado la participación del sector privado en la provisión y gestión de infraestructura, con un apoyo integral que abarca temas regulatorios, institucionales, de estructuración y financiamiento.

Muestra de ello, son el apoyo a través del FOMIN en materia de regulación, diseño, gestión de proyectos y conocimiento (Lecciones aprendidas, PPP Américas), la participación del BID en el Fondo Global de Infraestructura, cuyo fin es habilitar la inversión privada en nuevos proyectos de infraestructura complejos en economías en desarrollo, o el lanzamiento del curso online APP: Implementando Soluciones en Latinoamérica y el Caribe, que busca ayudar a cerrar brechas de conocimiento en la utilización efectiva de las APP.

En el caso de Colombia, el BID ha acompañado al país durante dos décadas en el diseño e implementación de la política de participación privada a través del Programa de Apoyo a la Participación Privada y Concesión en Infraestructura (PPCI) en sus tres fases (1996-2013), varias Cooperaciones Técnicas, así como con el Programa de Apoyo a la Participación Privada (PAPP) actualmente en ejecución.

Ante el nuevo reto del país por consolidar los beneficios de la participación privada en sectores productivos y su extensión a sectores sociales, el Apoyo al Programa de Asociaciones Público Privadas de Colombia, recientemente aprobado, viene a refrendar el compromiso del Banco con Colombia de incrementar la competitividad y el crecimiento económico.

Nota publicada en el blog “Moviliblog” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.

SOURCE: Los Blogs del BID