Por: Laura Jaitman.

Cuando pensamos en costos de la inseguridad, se nos ocurre usualmente los costos del sector públicos, como lo que gastamos en nuestras policías, en mantener nuestras cárceles y lo que gastamos en jueces y fiscales.

Pero el crimen y la violencia tienen un costo que asume el sector privado. ¿Cuánto tiempo tuvo que invertir en denunciar ante la policía ese asalto que sufrió? ¿Cuánto gasta usted o su empresa en servicios de seguridad privada? ¿Qué costo tiene el hecho que usted dejó de ir al cine porque queda en un barrio que no estima seguro? Obviamente, es un número importante, y su magnitud puede orientar mejor las políticas públicas para prevenir el delito.

Es muy complicado estimar el costo del crimen para el sector privado. Esto implica costos directos como costos indirectos, algunos intangibles, como el cambio en nuestro comportamiento por miedo al crimen (ver por ejemplo este estudio sobre distorsiones en el uso del transporte público por la violencia de género). Es muy difícil calcular cuánto le costó a la economía un auto robado, ya que la víctima ya no usufructuar de él pero, se supone, que otro individuo sí lo hace. Con lo que en términos estrictos, sería una transferencia y no un robo.

Imagen tomada de Los Blogs del BID. Creative Commons 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

En este sentido, debido a la falta de información disponible, las estimaciones más homogéneas de los gastos del sector privado relacionados con el crimen se limitan a los costos de prevención del delito. Estimamos que el crimen y la violencia le cuesta, en promedio, casi un 1,4% del PIB a 17 países de América Latina y el Caribe, según nuestro reciente estudio de costos del crimen. Esto equivale a casi un 40% del costo total de la delincuencia.

¿Cómo llegamos a esa cifra? Utilizamos principalmente los datos de las empresas y, cuando es posible, incluimos datos de los hogares sobre los gastos relacionados con el crimen. Los costos directos e indirectos del crimen para las empresas resultantes de actividades delictivas no se tienen en cuenta por dos razones. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, no se está incluyendo el valor de los bienes robados en este análisis. En segundo lugar, no tenemos una manera satisfactoria de estimar la pérdida de productividad o eficiencia, para las empresas privadas, causada por robos, extorsión y otros delitos; esto requeriría información precisa sobre las actividades de cada empresa y las respuestas a la delincuencia que exceden el propósito del estudio.

La principal fuente de información sobre los costos de la prevención de la delincuencia incurridos por las empresas privadas es la Encuesta de Clima de Negocios y Desempeño Empresarial (BEEPS) llevada a cabo por el Banco Mundial en muchos países del mundo, incluidos varios de América Latina y el Caribe.

En particular, la encuesta pregunta a las empresas cuánto dinero gastan en seguridad, expresado como porcentaje de sus ventas anuales. Este porcentaje, estimado a nivel de la empresa, puede agregarse al nivel sectorial utilizando la producción bruta como representación de las ventas y esta será la medida de los costos de prevención del delito incurridos por el sector privado empleada en este estudio.

La BEEPS tiene como objetivo proporcionar cifras representativas para todo el sector privado de cada país. Sin embargo, no todos los sectores económicos están incluidos en la muestra de la encuesta: se excluyen la agricultura, la minería, los servicios públicos y los servicios financieros.

En este sentido, se presentan dos estimaciones de los costos de prevención del crimen del sector privado: la primera, como límite inferior, comprende sólo las estimaciones de esos costos para los sectores económicos que abarca la BEEPS.

La segunda, un límite superior, extrapola esas cifras a toda la economía del sector privado, incluidos los sectores no encuestados en la BEEPS. En ambos casos se tiene en cuenta el tamaño de la economía formal: las cifras de la BEEPS no son representativas del sector informal y, por lo tanto, no se pueden estimar las cifras de las empresas informales.

Para los países de esta muestra, la estimación de un límite inferior es de un promedio del 0,81% del PIB y los promedios del límite superior llegan al 1,37% del PIB. En el gráfico se ilustran los valores para cada subregión. Centroamérica es, por mucho, la región con los costos más altos expresados como porcentaje del PIB: el límite inferior es claramente superior al 1% y el límite superior casi roza el 2%. El Cono Sur es la región con los costos privados más bajos, siendo el límite inferior del 0,60% del PIB y el límite superior un poco más del 1% del PIB.

Si comparamos estas cifras con los países desarrollados, vemos que el gasto privado en seguridad es menos de la mitad que en la región (aproximadamente 0,4% del PIB tomando el límite superior de una muestra de 6 países desarrollados incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia y Australia).

El elevado gasto privado en seguridad ciudadana es encabezado por Honduras y El Salvador. En Honduras el gasto privado es casi un 2% del PIB –más de dos veces el promedio regional– y el límite superior se encuentra por encima de un 3%.

Le sigue El Salvador, donde los costos en que incurre el sector privado oscilan entre un 1,6% y un 2,7% del PIB. Bahamas y Brasil también muestran altos costos privados, con estimaciones que varían entre 1% y 1,9%. Barbados es el país con los menores costos del sector privado seguido de Uruguay y Paraguay.

Para complementar esta información también se recopilaron datos sobre el tamaño del sector de la seguridad privada en cada país. Esta figura nos permite comprobar la robustez de las estimaciones basadas en la BEEPS.

Las principales fuentes de datos para el tamaño del sector de la seguridad privada son los censos nacionales (para el número de personas empleadas), las encuestas anuales sobre la fuerza laboral (para los salarios de las personas empleadas en ese sector) y las cuentas nacionales (para la producción del sector).

Se presentan dos estimaciones de la masa salarial del sector de la seguridad privada: la primera es la masa salarial anual de las personas empleadas como guardias de seguridad; la segunda es el salario anual de los que se reportan a trabajar en empresas de seguridad privada. La diferencia entre estas dos cifras proviene del hecho de que muchos guardias de seguridad no están empleados por una empresa de seguridad privada, sino por la compañía para la que prestan sus servicios de seguridad.

También se reporta cuando está disponible, la producción bruta del sector de la seguridad privada proporcionada por las cuentas nacionales. Para simplificar, en ninguno de los tres casos se toma en cuenta la provisión de servicios de seguridad no humanos como el monitoreo remoto de sistemas de alarma.

La estimación de la masa salarial basada en la actividad del sector es la que nos permite proporcionar cifras para la mayoría de los países; el promedio regional de esta cifra es del 0,44% del PIB. Guatemala parece tener la mayor masa salarial, con alrededor de 1% del PIB. Es seguido de cerca por Costa Rica, con un 0,92% del PIB. El gasto salarial del sector de seguridad privada de México parece ser la cifra más pequeña, con el 0,09% del PIB, mientras que Ecuador con un 0,21% del PIB es el segundo país con el valor más bajo. En términos de producto bruto, el sector privado de seguridad de Colombia es el más grande, con casi 1% del PIB.

Si se comparan estas cifras con las estimaciones sobre los costos totales incurridos por el sector privado, que oscilan entre un 0,8% y un 1,4% del PIB en promedio en toda la región, se puede establecer que entre un tercio y la mitad de esos costos pueden atribuirse a gastos por empresas de servicios de seguridad privada.

El gasto en seguridad privada genera entonces cuantiosas distorsiones en la asignación de recursos que tanto hogares como firmas podrían destinar a usos mucho más productivos si lográramos vivir en ciudades más seguras y sin miedo.

Laura Jaitman es economista especializada en Seguridad Ciudadana y Justicia. Sus principales temas de investigación son economía del crimen, evaluación de políticas para prevenir y reducir el delito, y economía política. Antes de unirse al BID ha trabajado como consultora por una década para el Banco Mundial, el BID y J-PAL en temas de evaluación de impacto de políticas públicas en distintos países de América Latina. Jaitman es Doctora en Economía de University College London, Reino Unido; Master en Economía de la Universidad de San Andres, Argentina, y Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Descargue el estudio sobre costos del crimen aquí. 

Nota publicada en el blog “Sin miedos” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.

SOURCE: Los Blogs del BID