Por: Laura Jaitman.

Recientemente la Casa Blanca publicó un reporte sobre el sistema judicial en los Estados Unidos. El estudio muestra que la tasa de encarcelamiento es la más alta del mundo, el encarcelamiento es costoso y tampoco es costo-efectivo para combatir el crimen en comparación con otras políticas.

Veamos qué dicen los números. En Estados Unidos el encarcelamiento ha aumentado 19% entre 1995 y 2012, pasando de 595 a 709 reclusos por 100,000 habitantes. En el mismo período el crimen se ha reducido notablemente, tanto los delitos contra la propiedad como contra las personas. La tasa de homicidios bajó de 8 por 100,000 habitantes a 5 por 100,000 habitantes.

En América Latina, por su parte, la población privada de libertad ha aumentado en forma exponencial en las últimas décadas. Entre 1995 y 2012, la tasa de reclusos por 100,000 habitantes creció de 101.2 a 218.5, representando un incremento del 116%. Sin embargo, el crimen aumentó más aún en ese período, con tasas de homicidios regionales que se duplicaron de 13 a 26 homicidios por 100,000 habitantes.

En dirección opuesta

América Latina vs. USA: Tasa de homicidios vs. número de reclusos

Fuente: elaboración propia en base a datos de UNODC y World Prison Brief

Entonces, uno se pregunta ¿Cuál es la relación entre encarcelamiento y crimen?

Muy pocos estudios ofrecen una explicación de los movimientos generales en las tasas de delincuencia nacionales (y regionales) y sus determinantes a lo largo  del tiempo. Como comentamos en este post, en estos estudios la distribución de la edad de la población, el número de policías, la severidad de las sanciones y ciertas políticas puntuales respecto de actividades ilegales generalmente se mencionan como factores muy importantes. En EE. UU. tres de los estudios más destacados en la literatura sobre los factores determinantes del crimen destacan que el encarcelamiento tuvo un rol importante en esta tendencia, pero no puede explicar el gran descenso en el crimen (Levitt (2004), Zimring (2006), Baumer (2009)).

Siguiendo la teoría económica del crimen, como vimos en este post, los potenciales criminales comparan los costos y beneficios esperados de realizar acciones criminales y los comparan con actividades legales. El encarcelamiento actúa por dos caminos concretos en la ecuación: puede disuadir el crimen haciéndolo menos atractivo por las sanciones más duras, y puede reducir el crimen a través del efecto “incapacitación” ya que (en teoría) durante la condena los criminales están en aislamiento y fuera del mercado laboral ilegal.

A su vez, el canal de disuasión puede funcionar por dos vías. Por un lado, existe la disuasión por la amenaza del potencial encarcelamiento: en una sociedad en donde las penas son más altas y la probabilidad de ir a la prisión es mayor, los potenciales criminales pueden verse disuadidos de cometer delitos por miedo a estas penas. Estudios que analizan cambios en la probabilidad marginal de ir a la cárcel o de sentencias más duras en Estados Unidos revelan un bajo efecto del encarcelamiento en la reducción del crimen agregado. Algunos estudios fuera de Estados Unidos encuentran efectos mayores (ver por ejemplo mi estudio sobre GB o Nagin (2013)). No hay consenso sobre la magnitud del efecto ni literatura para la región, pero la evidencia internacional parece indicar que lo que afecta la disuasión son aumentos en la probabilidad de aprehensión y condena posterior más que el aumento en la severidad de sentencias largas. Además cuando hay mucha población encarcelada, el efecto marginal de disuasión de más encarcelamiento es menor, lo que es consistente con la situación de Estados Unidos.

Por otro lado también existe la disuasión por la experiencia individual de encarcelamiento: aquellas personas que ya cometieron delitos y estuvieron en la cárcel, van a internalizar esta posibilidad de encarcelamiento la próxima vez que consideren delinquir. Sin embargo, hay poca evidencia a favor de la reducción en la reincidencia por el encarcelamiento, y existe evidencia que las estadías en la cárcel pueden tener efectos criminológicos que intensifican el involucramiento en actividades delictivas de los ex convictos y también reduce sus oportunidades de empleo posteriores (ver por ejemplo Cullen et al. (2011)).

Finalmente, el efecto principal que se espera del encarcelamiento es la incapacitación. Adentro de la cárcel los criminales no pueden cometer otros delitos y por lo tanto debería reducirse el crimen afuera de la cárcel. Esto depende también de la seguridad dentro de la cárcel y de qué ofensores y por cuánto tiempo están en la cárcel.

Hay muchas lecciones para América Latina de estos estudios. En primer lugar, los efectos múltiples y a veces contradictorios del encarcelamiento son complejos y requieren de estudios rigurosos que en la región escasean. La disuasión del crimen a través del aumento de la probabilidad de aprehensión recae muy fuerte en la policía y en su articulación con la justicia. En América Latina la baja resolución de casos (menos de la mitad que en el mundo desarrollado) y la impunidad hacen que por más que la población privada de libertad aumente, esta amenaza de encarcelamiento a veces no se percibe como probable. La literatura muestra que el aumento de la severidad de las penas que ya son largas no tiene un efecto en la reducción del crimen, con lo cual sería mejor invertir en la prevención del delito tanto con disuasión policial como mediante la mejora de las posibilidades en el mercado laboral legal.

La situación del sistema penitenciario en la región, por otro lado también requiere un riguroso análisis y revisión. Encontramos ciertos factores que favorecen a los efectos criminógenos de la cárcel: altas tasas de hacinamiento (la ocupación en promedio casi duplica la disponiblidad de plazas), carencias en los servicios de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, deficiencia en la infraestructura carcelaria para poder analizar el riesgo de los privados de libertad y darles espacios y tratamientos diferenciados, altas tasas de presos sin condena (que llegan a 80% en algunos países), entre otros. El efecto de la incapacitación también se relativiza si hay altos niveles de violencia dentro de la cárcel y hasta la cárcel es un sitio propicio para delinquir (según datos de NGOs y la prensa local en algunos países el 70% de las extorsiones provienen de la cárcel).

El encarcelamiento es costoso

Es importante ver el beneficio y el costo marginal de diferentes alternativas para asignar mejor los recursos escasos. Cuando pensamos en el costo del encarcelamiento, debemos considerar los costos directos como indirectos. Esto incluye por un lado el gasto del sector público en el sistema penitenciario pero también los costos sociales que provienen de tener población inactiva (si en la cárcel no realiza actividades productivas), los costos en términos de bienestar para sus familias, y los costos en el mercado laboral cuando egresan del sistema penitenciario, entre otros costos.

Quién invierte más en cárceles

Fuente: Gasto público federal. Cálculos propios con base en los presupuestos de los países, World Bank World Development Indicators y Economic Perspectives on Incarceration and the Criminal Justice System. *Datos del 2011. **Datos del 2012

En este sentido seguimos con nuestra agenda de estimar los costos del crimen, extendiendo el análisis que publicamos el año pasado. Si por ahora miramos el gasto en el sistema penitenciario, considerando que es una parte del costo del encarcelamiento, vemos que en promedio la región gasta aproximadamente un 0.15% del PBI y US el 0.5%.

Es cierto que esta cifra no parece muy alta para la mayoría de los países. Sin embargo, para ponerla en perspectiva,  es un 50% superior al costo de financiar en su totalidad a los principales programas gubernamentales para el combate a la pobreza en México (Prospera) y Brasil (Bolsa Família). En septiembre lanzaremos un nuevo volumen sobre costos del crimen con estimaciones sobre el costo y el beneficio marginal del encarcelamiento en comparación con otras alternativas para prevenir y reducir el crimen para seguir informando este complejo debate.

Laura Jaitman coordina el área de investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID. Sus principales temas de investigación son economía del crimen, evaluación de políticas para prevenir y reducir el delito, y economía política. Antes de unirse al BID ha trabajado como consultora por una década para el Banco Mundial, el BID y J-PAL en temas de evaluación de impacto de políticas públicas en distintos países de América Latina. Jaitman es Doctora en Economía de University College London, Reino Unido; Master en Economía de la Universidad de San Andres, Argentina, y Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Foto: Flickr CC Danny Garcia

Nota originalmente publicada en el blog “Sin miedos” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.

SOURCE: Los Blogs del BID