Las dificultades de medir la reincidencia y por qué debemos hacerlo mejor.

Por: Jennifer Peirce y Lina Marmolejo.

Supuestamente, uno de los propósitos de la prisión es cambiar o ‘rehabilitar’ a los internos para que no cometan nuevos delitos – para reducir la reincidencia, en el lenguaje de políticas. La realidad es que muchas personas que han estado encarcelados reinciden y muchos regresan a la cárcel.

Las tasas de reincidencia, por lo tanto, son un importante conjunto de datos para formular políticas públicas de justicia criminal. Aún más, los proyectos sobre el delito y la violencia financiados por la cooperación internacional se están centrando más en el sector penitenciario, sobre todo en el diseño de alternativas al encarcelamiento y programas educativos.

Esta atención llega con mucho retraso: las prisiones son el componente con menos inversión de los proyectos de seguridad ciudadana financiados por la comunidad internacional en la región. A menudo, estos proyectos incluyen instrumentos de seguimiento y evaluación estándar, que exigen indicadores claros y cuantitativos. La reincidencia es un indicador importante y de uso general – pero es complejo y requiere de un cuidadoso enfoque.

Imagen tomada de Los Blogs del BID

Parece obvio que cualquier proyecto que pueda obtener una reducción de la reincidencia debe considerarse un éxito, y que el contrario podría indicar un problema. Sin embargo, declaraciones simples sobre los resultados de la reincidencia, sin una definición clara o un contexto específico, pueden dar lugar a interpretaciones erróneas, sobre todo cuando se hacen comparaciones entre distintos países y años.

Para examinar este tema de manera más concreta, estudiamos los últimos proyectos del sector penitenciario implementados con financiación internacional en Centroamérica y el Caribe, incluyendo préstamos financiados por el BID.

Distintas definiciones de reincidencia:

Los proyectos revisados comparten objetivos similares: reducir la perpetración de crímenes violentos entre jóvenes y/o adultos. Algunos especifican objetivos de reducción de la reincidencia entre los jóvenes y/o adultos que se encuentran en la cárcel. Estos son claramente dos objetivos distintos, ya que las tasas de crímenes violentos no son las mismas que las tasas de reincidencia.

Las tasas de crímenes violentos normalmente se basan en datos que provienen de la policía. Por el contrario, las definiciones de reincidencia varían sustancialmente y carecen de detalle. Algunos proyectos afirman que la reincidencia se refiere a la comisión de nuevas ofensas, pero no se especifica si esta es medida por una nueva detención, condena, encarcelamiento, o algo diferente. Otros afirman que la reincidencia se refiere a la re-admisión a un centro de detención, pero no especifican el delito o la razon por la detención.

Aún más, otras definiciones de reincidencia incluyen también una nueva condena dentro de un período determinado después de la liberación. Un proyecto define la reincidencia como la readmisión tres veces o más durante toda la vida del perpetrador.

En este sentido, incluso en un conjunto de proyectos pequeño, y con diseños relativamente similares, las definiciones de reincidencia varían en al menos tres categorías diferentes: una nueva detención, una nueva condena, y de una nueva admisión.

Ninguno de estos enfoques es erróneo; no existe una forma “ideal” para la medición y el monitoreo de la reincidencia, aunque evidentemente algunos métodos tienen más limitaciones que otros. El principal desafío que se plantea es cuando se realizan comparaciones de indicadores que no tienen en cuenta las diferencias de estas definiciones y tampoco el contexto en el que éstas se miden.

El uso de una nueva detención como un proxy para la reincidencia tiende a producir un sobre-conteo de reincidencia real. Dado que los patrones de detención a menudo reflejan cambios en las tácticas policiales más que crímenes reales, las tasas de detención son altas para los jóvenes que viven en barrios de “alto riesgo”, y relativamente baja para los delitos menos visibles, como la violencia doméstica.

Por el contrario, el uso de una nueva condena puede producir un sub-conteo de los nuevos delitos reales. La re-condena puede ser la mejor medida en teoría, ya que proporciona la confirmación del sistema de justicia que el acusado cometió el delito. Sin embargo, las tasas de condena son bajas en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en América Latina, las condenas se producen sólo en el 24% de los casos de homicidios reportados, en comparación con un promedio global de 43% y una tasa de 81% en Europa.

Por último, el uso de re-admisión en prisión puede producir un sobre-conteo de la reincidencia, ya que muchas personas son readmitidas en prisión en detención preventiva, por multas sin pagar, o por violaciones técnicas. El solo hecho de si es o no la segunda vez que una persona pasa a través de la puerta de la prisión, no distingue si el primer encarcelamiento fue un delito “real”. Además, algunos sistemas penitenciarios no integran sus datos a través de los distintos centros de detención, por lo cual resulta difícil contar un segundo ingreso en un centro diferente como readmisión.

Distintas fuentes:

La mayoría de los proyectos no explican la fuente de datos o la metodología usada para calcular las cifras de reincidencia, por ejemplo, si los datos se limitan a una instalación o población en particular. Incluso, algunos no tienen en cuenta la diferencia entre los datos de reincidencia de auto-reporte (a través de entrevistas a los internos, preguntándoles si han sido encarcelados anteriormente) frente a los datos de los registros oficiales tomados en distintas fases de la encarcelacion.

Por último, el método de muestreo también varía: algunos proyectos solo hacen seguimiento de una muestra de internos que pasaron por un programa determinado, algunos seleccionan una muestra representativa de la población, y otros usan registros de la población total. La demografía y la historia criminal de los internos en una muestra influyen sus patrones de reincidencia, y por lo tanto deben ser expuestos con claridad. Una vez más, todas estas fuentes son válidos, pero la comparación de datos con diferentes tipos de fuentes puede ser engañosa.

Otro aspecto de las fuentes de datos se refiere a si existe, o no, un grupo de control. Los datos generales sobre reincidencia a nivel institucional proporcionan una visión del desempeño general del sistema, pero las evaluaciones de una intervenciones, a menudo comparan el grupo que participó en el programa, con un grupo control que no participó. Las evaluaciones también comparan las tasas de reincidencia de quienes terminaron un programa con aquellos que no terminaron por varias razones. Cualquier comparación de los datos de reincidencia debe explicar las razones de la comparación y el diseño de los dos grupos de comparación.

A pesar de que, en muchas ocasiones, los datos sobre reincidencia se citan de manera comparativa entre países, no existe en la región una plataforma que almacene estos datos y que permita establecer las distinciones que hay detrás de los datos. Por lo tanto, es difícil extraer conclusiones y recomendaciones de política. Sobre la base de la limitada información disponible a través de informes de políticas y gubernamentales disponibles en línea, re-admisión a la prisión parece ser la definición más comúnmente utilizada. Es la más concreta y la medida más sencilla de realizar un seguimiento en una sola institución.

Posibles consecuencias no deseadas de la comparación de los datos de reincidencia:

Estos diversos enfoques conducen “figuras” de reincidencia que pueden carecer totalmente de sentido fuera de su propio contexto. Los proyectos examinados en el estudio no tienen números finales para estos indicadores, pero las interpretaciones erróneas son evidentes en las cifras de reincidencia que figuran en informes de gobierno y de política recientes.

Por ejemplo, cifras reportadas oscilan entre el 46% en Uruguay (2010 censo de privados de libertad: auto reporte de re-admisión) y el 59% en Guatemala (2010-2013, informe del gobierno sobre una muestra de internos) al 24% en las Bahamas (reporte de cifras gubernamentales de 2013), 46% en Argentina (2010 censo de privados de libertad: auto reporte de re-admisión con condena), 15% en Belice (2006-2012 reporte del gobierno: readmisión registrada), y el 11% en El Salvador (censo de 2015, auto-reporte de re-admisión).Man with feet shackled

Esta comparación no necesariamente nos dice mucho sobre el desempeño del sistema penitenciario en cada país en la rehabilitación de los internos. Los países que imponen penas más duras a más personas, incluso para delitos menores, como ha ocurrido por ejemplo en gran parte de Centroamérica, donde se implementaron tácticas policiales de línea dura. La idea era que se lograría una menor reincidencia simplemente porque más personas están tras las rejas por más tiempo, y sin la posibilidad de reincidir. Sin embargo, esto no es necesariamente un “éxito” para el sistema de justicia.

Por el contrario, un país que toma una decisión política clara para brindar alternativas al encarcelamiento para ciertos tipos de delitos, en realidad puede ver un aumento en la reincidencia, ya que las personas que permanecen en el sistema penitenciario (y que se cuentan en las estadísticas de reincidencia) son los reclusos más difíciles (y con mayores probabilidades de redelinquir). En este caso, reducir el encarcelamiento en general puede ser un paso positivo para la política de justicia de manera más amplia.

Los aumentos en las tasas de reincidencia son siempre un motivo de preocupación y escrutinio. Sin embargo, si el aumento de las tasas de reincidencia se debe principalmente a cambios deseados en las políticas penitenciarias, deben ser explicadas en este contexto – y ser comparadas con una población similar en años anteriores – en lugar de interpretarse simplemente como un resultado “negativo”.

Implicaciones y recomendaciones:

Los datos de reincidencia son una herramienta fundamental para el seguimiento de las consecuencias de muchos aspectos del sistema de justicia, en especial las cárceles. Sin embargo, en los países donde los datos son más necesarios para orientar la política, esta información resulta escasa e inconsistente. Los proyectos que usan datos de reincidencia deberían invertir recursos en la construcción de los datos más robustos y rigurosos.

Un estudio reciente del Urban Institute recomienda algunas formas para mejorar los datos de reincidencia y también propone indicadores alternativos para medir el desempeño de las prisiones en Estados Unidos; estas lecciones podrían ser adaptadas para los países de América Latina y el Caribe. En primer lugar, los sistemas de información podrían realizar un seguimiento a la desistencia del crimen – es decir, no re-delinquir – en lugar de sólo registrar el primer “fracaso” de volver a cometer un crimen.

En segundo lugar, realizar un seguimiento de la gravedad de la infracción subsiguiente o de la re-ofensa, provee más matices a los datos de reincidencia. En tercer lugar, el seguimiento de los cambios de comportamiento específicos que se supone deberían cambiar debido a un tratamiento específico, generan indicadores adicionales.

En cuarto lugar, los datos de una nueva detención o condena, deberían descomponer los números por el nivel de riesgo del interno y el tipo de supervisión al que se encuentra sometido (libertad condicional, etc.). Un estudio comparativo sobre la medición de la reincidencia en algunos países de América Latina, publicado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, de la Universidad de Chile, plantea algunas preocupaciones y recomendaciones similares.

En resumen, debido a la convergencia entre los requisitos estándar para el diseño de marcos de resultados de proyectos y el complejo contexto de los sistemas penitenciarios, la mejora de los datos sobre reincidencia es una prioridad. Indicadores simples son tentadores, pero pueden ocultar más de lo que revelan.

Tasas de reincidencia que disminuyen y aumentan, pueden no contar la historia suponemos que a primera vista. En la presentación de los indicadores de reincidencia, debemos ser capaces de explicar con claridad exactamente lo cambió, como sabemos que cambió, y por qué sucedió.

Jennifer Peirce y Lina Marmolejo han sido consultoras para la unidad de seguridad ciudadana del BID. Peirce está cursando su doctorado criminología en el John Jay College of Criminal Justice y es becaria de la Fundación Pierre Elliott Trudeau. Marmolejo está cursando su doctorado en Criminología en la George Mason University.

Nota publicada en el blog “Sin miedos” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.

SOURCE: Los Blogs del BID