Por: Virginia Oliveros y Christian Schuster.

En muchos países en desarrollo, incluidos muchos países en América Latina, los cambios de gobierno traen aparejados cambios significativos en la administración pública.

Los nuevos gobiernos desplazan de sus puestos a los empleados públicos designados por la administración saliente para reemplazarlos por nuevos empleados, a menudo más afines ideológicamente al gobierno entrante. La práctica es tan común en algunos países que la ciudadanía raramente la cuestiona.

Desde el punto de vista legal, estos desplazamientos en todos los niveles del empleo público son a menudo ilegales. Todos los países latinoamericanos han aprobado leyes de servicio civil que estipulan la ejecución de concursos para los nombramientos, a la vez que prohíben las remociones sin el debido proceso. Sin embargo, buenas leyes del servicio civil en países en desarrollo rara vez se traducen en buenas prácticas en la gestión del servicio civil.

Algunos países de la región, sin embargo, han logrado superar este patrón de despidos arbitrarios y nombramientos discrecionales. En particular, los casos exitosos de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay muestran que el cambio es posible. Recientemente, otros países, como es el caso de la República Dominicana, han realizado interesantes avances en la misma dirección. Desde 1995, la República Dominicana ha ido paulatinamente aumentando la estabilidad laboral de sus empleados y ha comenzado a concursar algunos de los puestos en su administración pública.

¿Fueron efectivas estas reformas? ¿El establecimiento de concursos públicos y la estabilidad laboral generaron algún impacto en la administración pública? Para evaluar los efectos de las reformas implementadas, utilizamos una encuesta experimental, denominada conjoint, con 558 servidores públicos en 24 instituciones estatales en la República Dominicana.

Los resultados fueron contundentes. Los servidores públicos reclutados por concurso público se encuentran más motivados para trabajar, son más transparentes en el manejo de los fondos públicos y menos propensos a participar de los esfuerzos electorales del gobierno de turno que los empleados designados por nombramiento. Los servidores públicos con estabilidad laboral, por su parte, son menos propensos a participar de la campaña electoral del partido de gobierno que aquellos que no gozan de estabilidad laboral (para mayor detalle, ver los resultados en un reciente artículo en Comparative Political Studies

Nuestros resultados sugieren que concursar los cargos públicos, en particular, es una reforma central para alcanzar un sector público menos corrupto, menos politizado y más motivado. Vale recordar, asimismo, que la implementación de concursos para cubrir los puestos de la administración pública es una reforma relativamente sencilla de implementar desde el punto de vista técnico. La simple publicidad de las vacantes sumada a la implementación de criterios de selección objetivos y basados en el mérito, alcanzan para que los concursos públicos se hagan una realidad.

En otras palabras, todos los gobiernos latinoamericanos tienen la capacidad técnica para concursar los puestos públicos y terminar con las designaciones basadas en redes personales y políticas. La ciudadanía, a su vez, sería la gran beneficiaria de un sector público menos corrupto, menos clientelar, y más motivado para trabajar. Además, por supuesto, que implicaría la democratización del acceso a estos puestos laborales a los cuales todos los ciudadanos—quienes con sus impuestos los financian— deberían tener igual derecho.

Muchos gobiernos en América Latina, sin embargo, continúan designando empleados públicos a través de nombramientos y no por concurso público. Los partidos políticos, por supuesto, sacan rédito político de estos nombramientos , incluso si – como muestra nuestra investigación– así perjudican a la ciudadanía. La ciudadanía debería exigir que los puestos públicos se concursen en lugar de ser distribuidos entre militantes políticos y/o amigos personales. Y debería castigar en las urnas a los gobiernos que desoyen el reclamo.

Virginia Oliveros es profesora asistente de Ciencias Políticas en Tulane University. En 2012-2013, fue investigadora visitante en el BID.

Christian Schuster es profesor asistente de Gestión Pública en el University College London. En 2013-2014, fue investigador visitante en el BID. Más información sobre el autor.

Nota publicada en el blog “Gobernarte” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.

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SOURCE: Los Blogs del BID