Durante mucho tiempo la discriminación por razones de género ha relegado a las mujeres y a las niñas a una situación de subordinación con respecto a los hombres en el trabajo, la política y el hogar. Esa discriminación se perpetúa en algunos países en la legislación —las mujeres tienen prohibido por ley, por ejemplo, acceder a ciertas profesiones— mientras que en otros países se imponen barreras económicas, como la brecha salarial de género que evita que las mujeres vivan en plena igualdad. Poner fin a la discriminación por razones de género exigirá que se sanciones leyes y marcos que promuevan, hagan cumplir y controlen la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida.

Es decir, es necesario asegurar la igualdad de acceso al empleo y a los beneficios económicos, que incluye no sólo leyes contra la discriminación en el lugar de trabajo, sino también sistemas en marcha para hacer frente a las violaciones. Significa tener leyes sobre violencia contra las mujeres; esto es, leyes que traten específicamente el acoso sexual, por ejemplo, o penalicen la violación dentro del matrimonio. Abarca la igualdad de derechos y protecciones al interior del matrimonio y la familia —como el derecho de solicitar el divorcio o ser reconocida como cabeza de familia— y los tribunales de familia que deben garantizar esos derechos. Por otro lado, incluye la igualdad en marcos jurídicos globales, como constituciones, y la igualdad para presentarse en elecciones y ocupar un cargo público.

Si bien se han alcanzado logros importantes en esta área, el avance de la reforma legal es demasiado lento. Al ritmo de cambio actual, el informe estima que nos faltan 21 años para alcanzar leyes universales que prohíban la violencia contra las mujeres y unos exorbitantes 286 años para alcanzar la igualdad de género en los marcos jurídicos.

La violencia contra las mujeres y las niñas, un problema generalizado ya antes de 2020, se agravó a raíz del brote de COVID-19. Muchas mujeres manifestaron que se sienten más inseguras desde el comienzo de la pandemia: unas siete de cada 10 mujeres (68 %) afirman que es mucho más común que sus parejas ejerzan agresión verbal o maltrato físico y una de cada cuatro mujeres menciona que los conflictos domésticos son más frecuentes.

Durante el último año, casi una de cada 10 mujeres de 15 años o más (9,9 %) ha experimentado violencia física o sexual a manos de una pareja, y esa cifra trepa al 12,5 % en el caso de mujeres de entre 15 y 49 años. En el mundo, en promedio una mujer o niña es asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos.

En total, se calcula que 736 millones de mujeres han experimentado violencia física o sexual al menos una vez en la vida. Dadas las limitaciones para recabar datos, se estima que el problema es todavía peor.

Las prácticas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina privan a las mujeres y las niñas de su autonomía, lo que refleja y consolida su situación de subordinación. El matrimonio no permite que las niñas disfruten de su infancia y las obliga a asumir las responsabilidades de mujeres adultas demasiado temprano. Limita su futuro y, por lo general, les impide terminar la escuela. También afecta su salud porque las expone a un riesgo más elevado de embarazos en la adolescencia y complicaciones asociadas, y a violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado. La mutilación genital femenina, procedimiento que se les suele practicar a niñas, también puede causar problemas de salud graves en el corto y largo plazo.

El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada que probablemente aumente durante la pandemia de COVID-19. Hasta 2021, alrededor de una de cada cinco mujeres (19,5 %) de entre 20 y 24 años contrajo matrimonio antes de cumplir los 18 años. Si bien se encuentra por debajo del valor registrado en 2001 de más de una de cada cuatro mujeres (25,8 %), sigue siendo una cifra alarmante. Para poner fin al matrimonio infantil en 2030, la tasa de variación debe multiplicarse por 17.

La pandemia amenaza con revertir el progreso alcanzado en materia de mutilación genital femenina, ya lento de por sí. Sin embargo, es alentador el hecho de que la oposición a esta práctica está cobrando impulso. En 2021, 4475 comunidades se comprometieron públicamente a erradicarla, lo que significa un aumento del 48 % respecto del año anterior.

El mantenimiento del hogar, que comprende desde cocinar y lavar hasta cuidar a las niñas, los niños y las personas mayores, implica una extensa lista de tareas y quehaceres diarios, trabajo no remunerado que suelen realizar las mujeres y las niñas. Este trabajo, si bien es fundamental para la vida cotidiana y la economía mundial, sigue siendo muy poco reconocido y valorado.

Antes de 2020, las mujeres dedicaban, en promedio, unas tres veces más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres a nivel mundial. Luego, debido al confinamiento impuesto para combatir la pandemia de COVID-19, la carga de quehaceres y trabajo de cuidados creció de forma desmesurada. En 2020, el cierre de las escuelas y los preescolares generaron un aumento de 672.000 millones de horas destinadas al cuidado no remunerado de hijas e hijos, de las cuales 512.000 millones habrían sido asumidas por mujeres, suponiendo la misma división de las tareas domésticas. Los Gobiernos ofrecieron poco apoyo: el 60 % de los países y territorios no tomaron ninguna medida para aliviar esta carga.

Para aligerar la carga de trabajo no remunerado que llevan adelante las mujeres y niñas, deben cambiar dos realidades. Los roles tradicionales de género deben dar lugar a una redistribución de las tareas domésticas: los hombres y niños deben asumir su parte. Al mismo tiempo, los Gobiernos deben mejorar los servicios públicos y de protección social —como sistemas de cuidados más amplios y más licencias remuneradas por maternidad o paternidad— para reducir la carga de las personas.

La representación igualitaria de las mujeres en puestos de liderazgo es importante; no sólo para lograr la igualdad de género, sino también para tomar decisiones firmes en política, el lugar de trabajo y en cualquier otra esfera de la vida pública. El liderazgo igualitario garantiza la presencia de diversas voces y perspectivas en foros de toma de decisiones, cuya necesidad tomó fuerza en los equipos de tareas para hacer frente al COVID-19, donde la generalizada falta de representación de las mujeres causó notables deficiencias en los planes de respuesta y recuperación.

Pero no se trata de una anomalía: la representación de las mujeres en los puestos de liderazgo de las esferas políticas y económicas está lejos de ser igualitaria. A nivel nacional, las mujeres ocupan apenas el 26,4 % de los escaños parlamentarios en todo el mundo y, en 23 países, menos del 10 % de los escaños. En el sector económico, hasta 2020 ocupaban el 28,3 % de los cargos gerenciales, lo que representa apenas una alza del 0,3 % en comparación con 2019.

Si la tasa de avance no se acelera, la paridad de género en los cuerpos parlamentarios nacionales llegará recién en 2062. En el lugar de trabajo, el panorama es aún peor: la paridad de género en los puestos gerenciales llegaría dentro de 140 años.

La contraparte la marca la política local: las mujeres ocupan poco más de un tercio de los escaños (34,3 %) en los cuerpos locales de toma de decisión. En este ámbito, la paridad es posible, pero dependerá de qué tan generalizada sea la aplicación de cuotas de género para cumplir con el plazo de 2030.Garantizar el acceso a la salud y los derechos en materia sexual y reproductiva

Garantizar el acceso a la salud y los derechos en materia sexual y reproductiva

Restringir la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos constituye una forma generalizada de control patriarcal infligida por gobiernos y familias por igual. El empoderamiento de las mujeres depende de la protección de sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva, incluidos el acceso a la educación y al cuidado de la salud, y el derecho de tomar sus propias decisiones informadas sobre sus cuerpos.

Hasta 2022, 115 países cuentan con el 76 % de las leyes necesarias para garantizar el acceso al cuidado de la salud sexual y reproductiva, que incluye servicios de maternidad, aborto, anticoncepción, educación sexual, vacunación contra el HPV, y pruebas sanitarias, asesoramiento y tratamiento para el VIH.

Hasta 2021, apenas algo más de la mitad (57 %) de las mujeres de todo el mundo podían tomar sus propias decisiones informadas sobre sexo y reproducción. Es decir, eran libres para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud y el uso de la anticoncepción, además de poder negarse a mantener relaciones sexuales con su cónyuge o pareja. El actual retroceso de los derechos de las mujeres amenaza con achicar aún más este número.

Controlar los recursos económicos es un factor fundamental que influye en el empoderamiento económico de las mujeres, dado que aporta más seguridad e independencia, y mejora el nivel de vida. En particular, poseer una parcela de tierra evita que las mujeres dependan de un hombre, ya sea este su pareja o familiar, y aumenta sus posibilidades de acceder a un crédito.

Garantizar los derechos sobre la tierra en pie de igualdad, incluidos los derechos de sucesión igualitarios y los derechos compartidos sobre la tierra en las parejas, es fundamental para cumplir con la Agenda 2030. Pero pese a la relativa representación igualitaria de las mujeres en la agricultura —componen cerca de la mitad de la fuerza laboral en la agricultura en los países en desarrollo—, sólo se garantiza el derecho igualitario sobre la tierra en cuatro de los 52 países que registraron estos datos entre 2019 y 2021.

La tecnología desempeña un papel cada vez más fundamental en nuestras formas de aprender, trabajar y comunicarnos, y los teléfonos celulares dejaron de ser un objeto de lujo para convertirse en una necesidad para estar conectadas con el mundo. Pero para muchas de las mujeres de todo el mundo, la tecnología —así como el acceso y la independencia que confiere—, sigue siendo inalcanzable: según datos disponibles de 2017-2021, en 50 de 82 países, las mujeres tienen menos probabilidad de tener un teléfono celular en comparación con los hombres.

La igualdad de género no sucederá por sí sola. Necesitamos políticas y leyes en todos los niveles gubernamentales que promuevan el empoderamiento de las mujeres y niñas. En especial, como consecuencia de la COVID-19 —cuyos efectos socioeconómicos golpearon a las mujeres de manera desproporcionada con respecto a los hombres—, las políticas sensibles al género son esenciales para achicar las persistentes brechas de género.

Esta tarea requiere recursos específicos. Llevando el registro de las asignaciones presupuestarias —y haciéndolas públicas— para lograr la igualdad de género, los Gobiernos garantizan un financiamiento adecuado, además de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, según los datos registrados entre 2018 y 2021, apenas el 26 % de los países cuentan con sistemas integrales que llevan registro de tales asignaciones; y el 15 %, ningún sistema.

A lo largo de sus nueve metas, los últimos datos recogidos sobre el ODS 5 subrayan lo lejos que estamos de alcanzarlo. Si bien hubo avances en algunos temas, los recientes retrocesos en otras áreas —como los derechos reproductivos y el empoderamiento económico de las mujeres— han puesto la igualdad de género fuera de alcance.

Sin aumentos significativos en las inversiones y los compromisos, incluidos la disponibilidad y el uso de los datos de género, el ODS 5 no podrá cumplirse antes de 2030; es más, es probable que nunca pueda cumplirse. Este es el momento de unirnos como comunidad internacional y de exigir mejoras: mejoras en las leyes y protecciones, mejoras en el acceso a recursos y servicios, y mejoras en la financiación.

Las mujeres y niñas no pueden esperar más.

Nota publicada en ONU Mujeres, reproducida en PCNPost con autorización

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