No hay crimen sin castigo, pero ¿qué pasa con la corrupción?

Por: Carlos Santiso y Benjamin Roseth.

Desde la década del 60 se ha opinado que la corrupción es la grasa en las ruedas del desarrollo. Las burocracias ineficaces deben recurrir a tejemanejes para lograr eludir los obstáculos del papelerío excesivo o de los funcionarios públicos desmotivados, aumentar la eficacia y mejorar los resultados de las inversiones y el crecimiento económico en general (consulte Leff 1964, Leys 1964).

Esta línea de argumentación ha sido rechazada con una gran cantidad de investigaciones empíricas. Muchos artículos que han sido mencionados en reiteradas ocasiones ahora documentan los efectos perjudiciales de la corrupción sobre la gobernanza y el imperio de la ley, el crecimiento económico y la inversión pública y más.

Sin embargo, en el mundo real, la corrupción sigue siendo un flagelo. Acontecimientos recientes en América Latina nos han recordado lo nociva que puede ser la corrupción. Pero una vez que baje la marea de escándalos y protestas, ¿alguien se acordará de la corrupción?

Mientras los hacedores de políticas y los funcionarios públicos navegan las aguas turbulentas del diseño y la implementación de la política anticorrupción, tal vez sea útil concentrarse en un resultado atemporal: el dinero. Dicho de una forma sencilla, cuando en un país hay corrupción, todos sufren las consecuencias. Y cuando un país mejora sus índices de corrupción, todos se benefician.

¿Quiénes son “todos” en ese caso? Los contribuyentes. ¿De qué forma se ven perjudicados o beneficiados? A través del costo de la deuda soberana (costos de endeudamiento para los países del mercado internacional de bonos) y las obligaciones de pago consiguientes que son respaldadas por los contribuyentes.

Veamos algunas de las evidencias empíricas. Una serie de estudios (Ciocchini y otros 2003; Depken y otros 2007; Remolona y otros 2008) muestra que, a medida que las calificaciones del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional disminuyen, los costos de endeudamiento aumentan. Todos estos estudios muestran una causalidad directa entre el riesgo de corrupción y los costos de endeudamiento, controlando cualquier influencia externa.

Ciocchini y otros (2003) muestran que el mercado de bonos mundial le considera seriamente a la corrupción: estiman que una mejora en la calificación de la corrupción (IPC de TI) del nivel de Lituania al de República Checa disminuye, en promedio, baja el diferencial del bono (en el mercado primario , donde se puso en marcha inicialmente) en casi un 20%. Esto es real, incluso después de controlar variables, tales como una serie de indicadores macroeconómicos y los riesgos politicos.

De la misma manera, Depken y otros (2007) calculan el impacto de la corrupción en la solvencia de un país y sostienen que la corrupción afecta a la solvencia a través de su impacto sobre el tamaño del sector formal de una economía. Para ellos, según las mediciones de las calificaciones de crédito soberano, la solvencia disminuye con la corrupción.

Su predicción es que una disminución de la desviación estándar en la corrupción (según TI’s CPI) mejora las calificaciones de crédito soberano aproximadamente una categoría de calificaciones completa. En una deuda a largo plazo denominada en moneda extranjera, esto se traduce como un ahorro anual de aproximadamente diez mil dólares por cada millón de dólares de deuda. Remolona y otros (2008) muestran que la corrupción es un factor determinante del riesgo de incumplimiento, el componente clave de las calificaciones soberanas.

¿Estas conclusiones académicas resuenan en el sector privado? Al parecer, sí. Union Investment, una compañía de gestión de activos alemana, incluye mediciones de percepción de corrupción en sus calificaciones crediticias y sostiene que, mientras que la información económica brinda indicios sobre la capacidad de pago de un país, la corrupción afecta la voluntad de pagar que tiene un país y aduce una correlación importante entre la corrupción y el incumplimiento soberano (Vargas y otros 2014).

Plantean cuatro efectos de la corrupción sobre el costo de la deuda:

• (i) la corrupción fomenta el crecimiento de las economías informales y, por lo tanto, la evasión y la elusión fiscal cuya consecuencia es una disminución de los ingresos del gobierno;
• (ii) aumenta el riesgo de manipulación de las estadísticas, lo cual puede ocultar fundamentos económicos que son peores de lo que se informa;
• (iii) refleja la mala gestión económica, incluida la forma de falta de contención del gasto público, o la genera y
• (iv) limita la posibilidad de realizar reformas políticas, lo cual disminuye la confianza en el gobierno y en el respaldo público para las reformas estructurales necesarias para responder ante una crisis.

Union Investment tiene en cuenta estos elementos cuando realiza las calificaciones de los bonos soberanos y demuestra que la calificación que incluye la corrupción puede variar hasta tres niveles hacia arriba o hacia abajo en comparación con la calificación fundamental exclusiva de las consideraciones de corrupción (por ejemplo, de A+ a AA+ en el caso de Alemania y de BBB+ a BB+ en el caso de Rusia).

La corrupción tiene un impacto directo sobre las calificaciones soberanas y, por extensión, sobre los costos de endeudamiento. Moody’s, el gigante de las calificaciones, también tiene en cuenta la corrupción en su evaluación del riesgo soberano. Utiliza la medida compuesta “control de corrupción” de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial como el 25 % de su medida general sobre la calidad del marco institucional de un país, complementada con los índices “imperio de la ley” (25 %) y “eficacia del gobierno” (50 %).

El mensaje dominante aquí es que la corrupción afecta directamente las calificaciones soberanas y por extensión los costos de endeudamiento. Así, parece claro que, luchar contra la corrupción y mejorar la transparencia “paga” y tiene beneficios tangibles a largo plazo.

La lección para los hacedores de políticas puede que todavía no esté clara, debido a que la mejorar la transparencia toma tiempo en dar sus frutos, tal vez más que el ciclo político de los países. Hasta los líderes que tienen las mejores intenciones, para quienes aumentar la transparencia y combatir la corrupción son actividades fundamentales en sus agendas, están al tanto de que tendrán que afrontar los costos a corto plazo de las reformas de la transparencia (fiscales, políticas o personales) y no hay certeza de que podrán disfrutar de los beneficios a largo plazo.

Si nos concentramos nuevamente en la deuda soberana, es posible que ya no estén ocupando sus cargos cuando llegue el momento de devolver los bonos emitidos durante su administración. Sin embargo, este dilema (de la economía política intertemporal de anticorrupción) es un tema para otra publicación.

Carlos Santiso (Ph.D) es el Jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, y Benjamin Roseth es Especialista en Modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Nota publicada en inglés en el Public Financial Management Blog del IMF y luego en el blog “Gobernarte” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.

SOURCE: Los Blogs del BID