La guerra en Europa oriental se prolonga, con cuantiosas pérdidas para Ucrania.  En su columna del 19 de agosto (La Estrella de Panamá), Luis Eduardo Martínez estima en cerca de 600 mil millones de dólares el monto de la merma en infraestructura en los seis meses transcurridos desde el inicio de la agresión rusa.

Ante la magnitud del desastre ocasionado por la invasión—violatoria, en todo sentido, del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional Humanitario y otros cánones del sistema internacional basado en normas—la resistencia ucraniana es sorprendente y encomiable.

El apoyo de Estados Unidos, Europa y sus aliados ha sido importante, pero, como lo señala Martínez, hay indicios de que podría disminuir en los meses siguientes, ante los cambios políticos que se vaticinan en varias naciones, la ralentización (o franca recesión) económica y la crisis energética que parece avecinarse y podría tener efectos devastadores en los países europeos.

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Según los vaticinios oficiales, los precios de los bienes energéticos (electricidad, gas, combustible) podrían aumentar hasta 80% hacia octubre en el Reino Unido, lo que ha desasosegado considerablemente al público británico, que ya enfrenta preocupantes alzas en el costo de la vida (The Times, 29 de agosto).

Entre tanto, la crisis en el Lejano Oriente se agudiza, ante las acciones chinas encaminadas a afianzar su supremacía en esa región y las débiles y descoordinadas actuaciones estadounidenses, presumiblemente dirigidas a contener el expansionismo chino.

En respuesta a la visita de la diputada Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a principios de agosto China llevó a cabo “ejercicios militares” que durante una semana pusieron en peligro la seguridad, no solo de 23 millones de taiwaneses sino, además, de otros países en la región.

Japón protestó cuando, como parte de los juegos de guerra del dictador Xi Jin Pin, 5 misiles balísticos chinos cayeron en la zona económica exclusiva japonesa (Reuters, 4 de agosto). Australia se sumó a Japón y Estados Unidos para exigir a Beijing el cese de sus acciones hostiles (The Guardian, 6 de agosto), pero China las continuó sin miramientos entre el 2 y 10 de agosto.

Con el objetivo de “reafirmar el apoyo estadounidense a Taiwán” y “promover la estabilidad y la paz” en el estrecho de Formosa, una segunda delegación del congreso estadounidense visitó Taipei a mediados del mes (CNN, 15 de agosto).

Beijing reaccionó con nuevos ejercicios militares (26-27 de agosto) en el litoral de Fujian, sobre el estrecho de Taiwán, un corredor marítimo entre China continental y la isla de Formosa, que China pretende añadir a su mar territorial, contraviniendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982 (ver, sobre el particular, una excelente nota de Forbes, publicada el 28 de junio en: https://bit.ly/3wNdJQP).

En retaliación—y para reafirmar el carácter internacional del estrecho, área “de libre navegación y sobrevuelo de acuerdo con el Derecho Internacional”—el pasado domingo, dos buques de la armada estadounidenses—USS Antietam y USS Chancellorsville—atravesaron el corredor (CNN, 28 de agosto). Beijing puso a sus tropas en alerta y se refirió al paso de ambos cruceros por aguas internacionales como “sabotaje deliberado a la paz y estabilidad regional”, criticando, además, la presencia del portaviones USS Tripoli en el mar del Sur de la China, que Beijing también reclama casi en su totalidad (US Naval Institute News, 29 de agosto; Al Jazeera, 13 de enero).

Los problemas en el Lejano Oriente guardan relación, en general, con la ambición expansionista del partido comunista chino, que aspira a ampliar su dominación en esa región. En particular, las tensiones están asociadas a su alegato de que Taiwán forma parte integral de China, por lo cual debe ser anexionada—por la fuerza, si es necesario—y sometida a Beijing.

Este argumento lo repiten en Panamá y otras partes, sin ningún cuestionamiento o análisis, autodenominados “expertos”, cuya ignorancia supina desconoce los antecedentes históricos que proporcionan claves importantes para entender el problema a cabalidad.

No es cierto que la isla de Formosa pertenece a China desde tiempo inmemorial. No fue hasta finales del siglo XVII cuando la dinastía Manchú agregó a sus dominios a un territorio que hasta ese momento jamás había sido regido por el “celeste imperio”. Taiwán pasó a ser entonces un desdeñado territorio ultramarino de la corte de Beijing.

Tan poca importancia tenía para China que, en 1895, al término de la primera guerra sino-japonesa, Beijing no titubeó en ceder la isla a Japón como trofeo de guerra. Los japoneses la controlaron durante medio siglo, hasta su derrota en la segunda guerra mundial (1945). Ese año la entregaron a la República de China (fundada en 1912), una entidad distinta a la República Popular China, la cual solo apareció en el escenario en 1949, como resultado del triunfo del partido comunista en la guerra civil.

Cuando esto ocurrió, la República de China, liderada por Chiang Kai-shek, se trasladó a Taiwán. Chiang puso a la isla bajo su férrea dictadura.

Tras su muerte en 1975, Taiwán transitó lentamente a un sistema democrático durante las siguientes dos décadas. En 1996 se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales competitivas y en 2000 tuvo lugar el primer traspaso de poder a la oposición, completándose así la transición a una plena democracia, que se mantiene hoy vigente con altas calificaciones en su desempeño, mucho más democrático y transparente que el de Panamá e infinitamente superior al de China.

Como es evidente, la República Popular China, creada en 1949 y supeditada al partido comunista, nunca ha gobernado Taiwán. Aun así, Beijing se vale de la tergiversación histórica para justificar sus pretensiones y exigencias anexionistas, que ponen en peligro la seguridad internacional y amenazan con borrar del mapa a un Estado democrático, próspero y pacífico.

El autor es politólogo e historiador; director de la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá; y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

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