Por: Bibiam Aleyda Díaz

Cuando pensamos en el término transformación digital del Estado, seguramente se nos viene a la cabeza la última vez que hicimos una fila para realizar un trámite público, o cuando tuvimos que armar un expediente con copias certificadas que fueron revisados y sellados para obtener algún tipo de servicio. Hace más de veinte años que los países de América Latina y el Caribe emprendieron diversos esfuerzos de estandarización y automatización de sus procesos con el objetivo de reducir los tiempos en tareas administrativas y optimizar los procesos, generando así una mejor atención a los usuarios. Hoy, esos avances en la digitalización y sistematización de la documentación no solo permiten agilizar los tiempos de gestión de los usuarios, sino también identificar tendencias, facilitar el acceso a la información y mejorar la transparencia y percepción que tienen los usuarios de las instituciones.

Si trasladamos esta reflexión a las Administraciones Públicas Educativas (APE), las posibilidades son tan infinitas como diversas. La recopilación de datos en todas las dimensiones y niveles de los sistemas educativos, su gestión y monitoreo son indispensables tanto para hacer que la gestión pública sea efectiva y eficiente, como también para tomar mejores decisiones a partir de los datos disponibles a la vez que resignificar el rol que tienen los distintos actores desde el nivel institucional (p.ej. directivos escolares) y territorial (p.ej. autoridades educativas regionales so provinciales) así como el de quienes diseñan y evalúan las políticas públicas (p.ej. secretarías y ministerios de educación).

El reciente informe sobre la Transformación Digital en las APE en América Latina y el Caribe preparado por CAF y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI presenta un relevamiento de tecnologías emergentes – muchas provenientes de la industria y la economía financiera – que tienen un alto potencial para la transformación de los sistemas educativos, e identifica objetivos de mejora en los que estas tecnologías pueden ser incorporadas por las APE. Tecnologías como la Cadena de Bloques puede mejorar la transparencia y seguridad en procesos de pagos, registro y/o validación de identidades, la Automatización robótica de procesos puede facilitar el desarrollo de tareas repetitivas con gran cantidad de datos, y otras como la Inteligencia Artificial (IA), la Realidad extendida y la Impresión 3D tienen un incalculable potencial de uso pedagógico y didáctico en todos los niveles educativos.

El informe también presenta una descripción de las acciones y procesos que pueden incorporarse a la transformación digital (TD) de las APE en cuatro dimensiones que engloban las funciones de todo sistema educativo a nivel central, regional y escolar (organizacional, administrativa, pedagógica y socio comunitaria) y analiza las condiciones de posibilidad que se requiere garantizar para que la TD sea posible. Este análisis se basa en la revisión de estudios previos, documentos institucionales de los países, entrevistas en profundidad a actores clave y expertos y un análisis comparado de casos de la región que dan cuenta de distintos estados de madurez de los sistemas de gestión educativa digital (latente, incipiente, emergente y establecido).

En cuanto a la condición de gobernabilidad e institucionalidad, se destaca la importancia de un direccionamiento estratégico que marque el rumbo de la transformación con una visión clara y compartida por todos los actores, la construcción de acuerdos y consensos en todos los niveles, así como una rigurosa documentación de los procesos y decisiones que asegure la continuidad y sostenibilidad de los proyectos de TD.

La condición de infraestructura tecnológica y conectividad supone un reto particular para la región, dada la variabilidad en el acceso a internet, en particular en zonas rurales y para poblaciones con condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad; la planificación de las transformaciones debe considerar los recursos para la disponibilidad de conectividad y desarrollo de programas así como para la adquisición, mantenimiento, reposición, reutilización y disposición final de equipamiento tecnológico, y de soluciones que garanticen la inclusión y operatividad en diversos contextos.

Finalmente, en la condición de capital humano y modelos organizacionales, se reconoce que los procesos de TD traen consigo resistencias culturales y organizacionales que deben ser gestionadas; para ello, deben preverse acciones de acompañamiento a la transformación de la cultura institucional y la creación de equipos técnicos robustos que den sostenibilidad a las actividades planificadas.

Dentro de los factores críticos derivados del análisis se destacan la importancia de la participación, es decir, involucrar a todos los actores relevantes en los procesos de TD y de tener en cuenta las necesidades y características específicas de cada contexto educativo; la interoperabilidad de los datos y el establecimiento de estándares y mecanismos que permitan la interoperabilidad entre diferentes sistemas y aplicaciones; el acceso y transparencia equitativa a las tecnologías digitales y en el uso de los datos y recursos digitales a favor de la comunidad educativa.

Por último, dentro de las lecciones aprendidas de los aciertos y fracasos de los más de veinte años en que las APE de los países de América Latina y el Caribe vienen trabajando en esta transformación, son de resaltar, entre otros: la necesidad de construir y fortalecer consensos de mediano y largo plazo sobre los objetivos y planes de TD; la planificación gradual e incremental de los cambios, con criterios ajustados al contexto y acordados con los actores; la consideración detallada de recursos económicos, profesionales, de equipamiento e infraestructura iniciales como su mantenimiento y renovación a lo largo del tiempo; y el desarrollo de sistemas propios que se ajusten a los necesidades y objetivos locales, y que atiendan a estándares de ética y seguridad y a criterios que permitan la interoperabilidad de los datos.

Para apoyar a las administraciones públicas educativas que actualmente desarrollan procesos de TD, el informe incluye una herramienta que puede utilizarse para identificar los marcos de trabajo en las dimensiones mencionadas, determinar el grado de madurez de los procesos y planificar acciones de política pública para su desarrollo. Los resultados de la aplicación de esta herramienta en un grupo de 12 países muestran que hay todavía un largo camino que recorrer para lograr un conocimiento generalizado en los actores respecto a los aspectos técnicos, culturales, informáticos y de gestión de la TD, alcanzar una adecuada gestión del cambio y resolver retos de centralización y fragmentación, entro otros retos.

Si bien los avances, tanto en la adopción de marcos legales y de gobernabilidad como en equipamiento, conectividad y desarrollo de plataformas ponen a la región en la senda correcta, se requiere avanzar de forma decidida en ámbitos como los procesos de gestión, sistemas y utilización de tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial, si quieren mitigarse las consecuencias que este retraso trae en todos los niveles de las APE y en las políticas educativas en general.

A tres años del inicio de la pandemia del COVID-19, que reafirmó la necesidad de repensar cómo la tecnología puede modernizar la gestión de los sistemas educativos, la transformación digital de las APE es esencial para lograr el cierre de las brechas educativas que hoy persisten en los complejos contextos de desigualdad de nuestros países. Está claro que se trata de un proceso que va más allá de la adopción de tecnologías de vanguardia, y que su carácter multidimensional exige la convergencia de procesos de planificación, cooperación y aprendizaje, que, siendo inherentes a la educación, demandan el compromiso y esfuerzo de los actores educativos a todo nivel.

Nota publicada en CAF , reproducida en PCNPost con autorización.

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