Por: Nelson Larrea

En 1997 empezó a operar la norma EurepGAP (Euro-Retailer Produce Working Group for Good Agricultural Practices), una iniciativa del sector minorista europeo que buscaba asegurar la inocuidad de los alimentos, el impacto ambiental y la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y de los animales en sus cadenas de aprovisionamiento. Tras una serie de cambios y mejoras, se extendió a nivel internacional y en 2017 pasó a llamarse GlobalGAP, desarrollando un sistema armonizado e independiente de certificación que está presente y es ampliamente aceptado por las cadenas de alimentos de 135 países.

Pero en sus inicios, los pequeños productores de Latinoamérica y el Caribe (ALC) involucrados en la agroexportación tuvieron serias dificultades para adoptar la norma y mantenerse en las cadenas de aprovisionamiento. Como sucede con muchos de los estándares que se establecen desde las exigencias del último eslabón, estos no siempre tienen en cuenta el funcionamiento de los sistemas productivos en el origen y parten de una serie de preconceptos asociados a los elevados estándares que les resultan más cercanos y familiares.

Esto, por supuesto, puede resultar en que se apliquen normas altamente excluyentes si no se adaptan a la realidad de muchos productores que requieren de tiempo y ajustes graduales en sus proceso productivos para poder cumplir con el estándar exigido. En el 2007, CAF, a través de su Programa de Apoyo a la Competitividad, Promperú y la ONG CICAP facilitó a los pequeños productores de mango de exportación de Lambayeque en Perú y a las entidades regionales de apoyo, un proceso de aprendizaje y acompañamiento en campo para alcanzar la certificación GlobalGAP.

Riego en un cultivo de algodón. Foto dominio público., 2015. Por: Saperaud~commonswiki CC.

Sin embargo, salvo esta y otras contadas excepciones, aquellos productores familiares que no participan de las cadenas agroexportadoras –la gran mayoría de los aportantes a la seguridad alimentaria de nuestros países– están muy lejos de contar con estándares de producción o encadenamientos productivos como estos.

Según la FAO, las fincas de menos de 1 hectárea representan el 70% de las 600 MM de unidades agrícolas a nivel global y más de 1000 MM de personas dependen del rendimiento de sus cosechas para su supervivencia. En ALC el 81,3% de las explotaciones rurales pertenecen a la agricultura familiar, en donde trabajan más de 60 MM de personas, siendo el principal espacio generador de empleo agrícola y rural.

Durante la reciente COP 27 la Misión AIM for Climate anunció el incremento de inversiones de más de USD 8 billones para el sector agroalimentario, superior al anuncio de 4 billones de la COP anterior, con el apoyo de 275 gobiernos y socios no gubernamentales. Asimismo, UNFCCC y FAO lanzaron un llamado a inversionistas por USD 17 trillones, en activos que combinados deberían consolidar una hoja de ruta global para alcanzar las metas frente al cambio climático, pero asegurando también – y sobre todo – el ODS 2, de seguridad alimentaria. Esto en el ámbito de la iniciativa FAST(Food and Agriculture for Sustainable Transformation).

Anteriormente, nos hemos referido en este espacio a los retos que ALC enfrenta para adaptar sus cadenas de valor frente al Pacto Verde Europeo, y a la oportunidad que significan los recursos de cooperación que pudieran facilitar a los países hacer esta transición verde, haciéndose a la vez más resilientes frente al cambio climático. Sin embargo, salvo contadas excepciones, como Argentina Brasil, Costa Rica o Uruguay, la mayoría de los países de ALC cuentan con estructuras institucionales con muchas limitaciones para atender al sector. Y esto no solo a nivel de sus presupuestos y competencias para investigación o generación de políticas y programas, sino sobre todo en la capacidad de llegar al pequeño productor en el campo.

El sector agropecuario de ALC aún tiene retos básicos por superar, con casos destacables, pero escasos avances estructurales en la base de la pirámide. El canal de transmisión sectorial no siempre tiene los brazos suficientes para bajar al terreno de los pequeños productores los bienes públicos que pudieran facilitar la transferencia tecnológica, la adopción de buenas prácticas, la reconversión productiva, etc. y en últimas, la mejora de la rentabilidad de las familias productoras y de sus niveles de vida. Ningún productor adopta nuevas medidas de forma permanente si no encuentra una ventaja diferencial en ellas – productividad y rentabilidad – su lógica altamente pragmática es resultado de décadas de experimentos de políticas de variado alcance y éxito.

La transición tecnológica para la adaptación al cambio climático, garantizando una producción limpia e inocua, requiere una correa de transmisión mucho más eficiente o no llegarán estos recursos al campo, pudiendo ocasionar fuertes inequidades entre los productores. Este reto exige un fortalecimiento de los sistemas nacionales de soporte sectorial, de modernización de sus estructuras, de aprovechamiento de la digitalización y la agrotecnología, de la ampliación y mejora de sus unidades territoriales, entre otros. De otra manera, los fondos anunciados nutrirán estudios y eventos altamente especializados, que difícilmente se verán reflejados en un cambio de prácticas alentadas por la rentabilidad y la productividad en la base productiva de ALC.

Nota publicada en CAF , reproducida en PCNPost con autorización.

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SOURCE: CAF