La Economía Circular (EC) está reorientando muchos de los sistemas productivos tradicionalmente lineales –producir, usar y desechar- hacia modelos que permiten alargar la vida útil de los productos, reusarlos, recuperarlos y/o repararlos, y en últimas, reciclarlos para convertirlos en otros materiales útiles para el mismo proceso productivo o para trasladarlo a otras industrias.

Además de ser soluciones ecoeficientes, buscan la eco-efectividad reduciendo la dependencia permanente de nuevos flujos de materiales. Por lo tanto, es también una estrategia de eficiencia en la cadena de suministros y de reducción de costos de abastecimiento y disposición final.

Europa materializa ya en marcos normativos y de inversión su transición hacia modelos de producción sostenible. Con antecedentes en varios de sus países -España y Holanda por ejemplo- recientemente el Pacto Verde Europeo emitió un Plan de Acción de Economía Circular centrado en: electrónica y TIC, baterías y vehículos, envases y plásticos, textiles, construcción y edificios, y cadena agroalimentaria. China no quiere quedarse atrás, ya en el 2008 formalizó su Ley de Promoción de la Economía Circular y en el 2016 su Instituto del Sistema Económico y Administración del Desarrollo Nacional inició acercamientos de cooperación con la UE para avanzar con mucho mayor firmeza en la implementación.

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En América Latina tenemos casos de empresas que han avanzado en rediseñar sus procesos bajo los preceptos de ecoeficiencia y eco efectividad de la EC. Sin embargo, ¿Contamos en nuestros países con marcos normativos y promotores que alienten esta transición? América Latina tiene un nivel mucho menor de implementación en comparación con la UE y Asia, y un desarrollo de normativas mucho más reciente, sin embargo, veremos tan solo tres casos que permiten contextualizar cómo las estrategias de desarrollo económico de nuestros países empiezan ya a incorporar esta visión.

Chile cuenta con un Plan Nacional de Consumo y Producción Sustentables 2017-2022, que propone: “Desarrollar, implementar y fortalecer mecanismos que permitan prevenir la generación de residuos y valorizar los residuos generados por todos los sectores de la economía, mediante la aplicación de herramientas financieras y educacionales que consideran conceptos como eco-diseño y economía circular”, así como una Política Nacional de Residuos 2015-2025. En cuanto a institucionalidad, el Ministerio del Medio Ambiente ha conformado una Oficina de Economía Circular, que entre sus actividades plantea desarrollar programas de investigación e innovación de materiales (Ecodiseño) y de recuperación de materiales con apoyo de los Centros de Investigación, Universidades, y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Por su parte, Colombia ha formulado el 2019 una Estrategia Nacional de Economía Circular, que propone “implementar estrategias e instrumentos económicos para que los sectores productivos sean más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales, con un enfoque de economía circular”, reflejando la visión del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que menciona expresamente a la EC.  La política plantea líneas de acción priorizadas con indicadores concretos en materia de: intensidad energética, productividad hídrica, tasa de reciclaje y reducción de gases efecto invernadero con metas al 2030.

De manera similar, Perú en su Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, plantea en el Objetivo Prioritario 9 – Sostenibilidad Ambiental: “(…) la adopción de métodos de producción y patrones de consumo que fomenten nuestro tránsito hacia una economía circular”. Se define un primer hito, que consiste en un piloto de financiamiento para un sector y estrategias de financiamiento definidas para agricultura, transporte y comunicaciones, producción e industria, energía y minas, vivienda – construcción y saneamiento.  En avance, se emitió este año el Decreto Supremo 003-2020-PRODUCE, del Ministerio de Producción que aprueba la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria (manufacturas e industrial pesquero), y se está trabajando en los del Sector Agricultura y Riego y Sector Pesca.

Para CAF resulta relevante identificar que las políticas públicas para la productividad y competitividad de varios de nuestros países establecen ya medidas concretas en materia de EC, orientadas a sectores estratégicos y con metas claras, lo que nos permitirá en el futuro cercano acompañar acciones que afiancen estos nuevos modelos de producción sostenible en América Latina.

Nota publicada en CAF , reproducida en PCNPost con autorización.

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SOURCE: CAF