Por: Camilo Cetina y Paola Constatín

Desde mayo de 2022, la Fundación Vortex y CAF -banco de desarrollo de América Latina-, en un ambicioso proyecto de cooperación con la Secretaría de Transparencia de Colombia, pusieron a disposición de la ciudadanía una herramienta digital que tiene el potencial de cambiar la forma en la que entendemos la corrupción. El proyecto consistió en desarrollar, poner en marcha y abrir al público el nuevo módulo Redes en el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), donde se recopilaron y analizaron grandes cantidades de datos con el objetivo de identificar posibles redes de corrupción que, por su naturaleza, suelen pasar desapercibidas.

Imagen cortesía de Sira Anamwong en FreeDigitalPhotos. net

La corrupción en Colombia no se puede estudiar a partir de casos aislados puesto que generalmente funciona a partir de redes, es decir, mediante conexiones de diversos actores que pueden ser internos o externos al Estado, públicos o privados, legales o ilegales, para incidir en la institucionalidad favoreciendo intereses particulares en perjuicio del interés general. No todos los actores que participan en estas redes tienen el mismo poder o cumplen las mismas funciones, pero la sistematicidad y coordinación de sus acciones logran que las actividades criminales crezcan y se reproduzcan, llegando incluso a estadios donde el Estado o ciertas de sus instituciones son cooptadas por grupos de interés de manera criminal (Garay, Salcedo-Albarán, León-Beltrán y Guerrero, 2008).

Usando ese abordaje conceptual, CAF suministró asistencia técnica a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de Colombia, para desarrollar una plataforma de datos relacionados con corrupción con los que cuenta el Estado. Así fue como se creó un sistema que permite identificar nichos criminales y generar alertas tempranas para las autoridades y la ciudadanía mediante la inteligencia de datos, específicamente el análisis de redes.

De esta forma, PACO fue convertida en la plataforma que centraliza la información sobre tres ejes temáticos: primero, la situación de corrupción en Colombia, con base en indicadores internacionales; segundo, la operación sistemática de redes de corrupción, a partir de documentos judiciales e información extraída de medios de comunicación, y tercero, los principales riesgos de corrupción en el país, identificando inconsistencias en los procesos de contratación pública.

El objetivo de esta iniciativa es que el Estado pueda hacer uso de una gran cantidad de información que, por las deficiencias en la infraestructura digital, permanecía en forma de datos inconexos. La capacidad de recopilación, organización y análisis derivada de este proyecto permite mapear las conexiones entre distintos actores, evidenciar características, determinar riesgos, e identificar redes de corrupción que se tejen alrededor de ciertos sectores, como la gestión de la salud o la contratación pública.

La premisa en la que se basa esta herramienta es que para identificar el funcionamiento de fenómenos de corrupción no basta con observar casos aislados. Es necesario comprender cómo estos fenómenos se interconectan entre sí a través de nodos, como personas, empresas o grupos criminales, que se relacionan a través de flujos, por ejemplo, de dinero, favores o información. De esta forma, es posible mapear cómo se generan estos flujos y quienes podrían estar involucrados, identificar hubs o nodos hiperconectados y empezar a desenmarañar estructuras criminales complejas, lo cual sería imposible trabajando con lápiz y papel.

La primera fase del proyecto consistió en identificar los datos con los que contaba la Secretaría y recopilar aquellos de otras entidades públicas a los que aún no tenía acceso, depurar, optimizar y organizar la información dentro de PACO. La segunda fase se centró en desarrollar e implementar los algoritmos para generar indicadores, alertas y grafos que permitieran visibilizar la corrupción en Colombia en su nivel comparativo -en el marco internacional-, interno –como fenómeno nacional, regional y local- y sistémico -a partir de redes de corrupción-.

La última fase tuvo como objetivo cerrar y garantizar la sostenibilidad del proyecto, a partir de la elaboración y publicación de un protocolo y la capacitación de los funcionarios de la Secretaría para el uso, mantenimiento y expansión del sistema. Por lo tanto, la Secretaría seguirá alimentando y analizando las bases de datos, logrando continuidad en el uso de esta herramienta para prevenir y combatir la corrupción.

El camino hacia la transformación digital del Estado pasa por la superación de desafíos que van desde la construcción de una nueva y sólida infraestructura de datos, hasta la implementación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de redes que realicen predicciones e identifiquen tendencias, características y nexos en las actividades ilícitas. Avanzar en este trayecto es una alternativa cada vez más relevante por su potencial en la construcción de un Estado transparente, que rinda cuentas, abierto a la interacción con la ciudadanía y eficaz en la lucha contra la corrupción.

Nota publicada en CAF , reproducida en PCNPost con autorización.

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SOURCE: CAF