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América Latina y el Caribe está viendo una expansión de la inversión sostenible, evidente en un mayor interés por parte de los inversionistas, una mayor oferta de productos, y un sector público que está alentando este tipo de inversiones.

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El 2020 nos dejó con muchas incertidumbres, y una certeza: la expansión de la inversión sostenible. Solo en Estados Unidos, este tipo de inversión, que considera factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), había crecido a principios del 2020 un 40% en los últimos dos años, representando uno de cada tres dólares administrados por fondos de inversión, según el Foro para la Inversión Responsable y Sostenible de EE.UU.

América Latina y el Caribe (ALC) no se queda fuera de esta tendencia, y este año ha mostrado un avance importante, que se evidencia de distintas formas: un mayor interés por parte de los inversionistas, una mayor oferta de productos, y un sector público que está alentando este tipo de inversiones.

Un ejemplo de lo primero está en el mayor número de suscriptores a los Principios de Inversión Responsable en la región: éstos se triplicaron entre el 2019 y 2020, y ahora hay más de 150 miembros con cerca de US$1.500 millones de activos bajo gestión.

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En cuanto a los productos, también hay varias novedades. En renta fija, en el caso de los bonos temáticos —verdes, sociales y sostenibles— se ha visto una mayor demanda por los bonos sociales y sostenibles, probablemente impulsada por la crisis. Así, el 2020 cerrará con el mayor volumen de bonos sociales de la historia de la región: solo en noviembre, el gobierno de Chile emitió US$2.100 millones de estos títulos, cuya estructuración contó con la asesoría técnica del BID.

De hecho, en enero, el gobierno de Ecuador emitió el primer bono social soberano del mundo, por US$400 millones, destinados al programa de vivienda social “Casa Para Todos”, que contó con una garantía del BID. Tras el inicio de la pandemia, los gobiernos aprovecharon los mercados de capitales para fondear sus programas de alivio a la crisis. Algunos de ellos mediante los llamados “bonos COVID-19”, como en el caso de Guatemala, que emitió uno de estos bonos por US$1.200 millones en abril.

En bonos sostenibles, en septiembre México emitió el primer “bono ODS” soberano del mundo por US$890 millones, que se destinarán a financiar proyectos vinculados al cumplimiento de la Agenda 2030.

Además, hemos visto nacer los primeros bonos con rentabilidad (cupón) unida al logro de objetivos. En Colombia, el banco Davivienda emitió el primer bono social de género del mundo bajo esta modalidad, por US$100 millones. Los fondos irán destinados a financiar a mujeres que lideran pequeñas y medianas empresas (PYME Mujer) y que adquieren vivienda social. Mediante esta estructura, el emisor conseguirá un beneficio financiero si logra incrementar la cartera de préstamos a PYME Mujer.

En Brasil, la compañía de pulpa y papel Suzano fue la primera en los mercados emergentes en emitir un bono sostenible de este tipo, por US$750 millones. Bajo dicha estructura, Suzano se compromete a pagar un cupón mayor de no cumplir su objetivo de reducir sus emisiones de carbono en 11% para el 2025.

En deuda privada, los préstamos con tasa vinculada a la sostenibilidad también han ganado terreno. En octubre, la mexicana Cemex obtuvo el préstamo sostenible más grande de América Latina y de los mercados emergentes hasta el momento, por US$3.200 millones. Su compromiso es reducir emisiones contaminantes, el consumo de materias primas, y aumentar el uso de energías renovables.

Cada vez hay más empresas en la región que, al adoptar prácticas sostenibles y ser transparentes en su reporte, despiertan el interés de los inversionistas por sus acciones. Y esto permite ser parte de índice sostenibles –locales e internacionales—y de carteras de inversión. Prueba de ello es que hay más de 1.000 empresas analizadas desde el punto de vista ASG, solo por V.E., afiliada a Moody’s, y Sustainalytics, han nacido dos nuevos índices de sostenibilidad en las bolsas de México y han aparecido nuevos fondos.

Entre los fondos cotizados (ETF), algunos han tomado vuelo. BlackRock reportó en octubre que su primer ETF ASG en México recaudó unos US$450 millones a solo dos meses de su lanzamiento, siendo el de mayor crecimiento entre sus ETF. Dentro de los no cotizados, tenemos nuevos actores, como el fondo de deuda Latam Low Carbon ASG de LarrainVial, o el fondo de renta variable con criterios ASG de Santander Asset Management en México.

Este crecimiento no sería posible sin un entorno apropiado, y el sector público está jugando un rol importante, estableciendo guías, estándares y regulación. En Paraguay y Colombia, el regulador financiero lanzó guías para la emisión de bonos ODS y bonos vedes, respectivamente. En Chile se aprobaron nuevos requerimientos de reporte para los fondos de pensiones, que ahora deberán informar cómo incorporan factores ASG y de riesgo climático en sus procesos de inversión. De manera similar, el regulador financiero del Perú ha propuesto que los fondos de pensiones incorporen factores ASG en sus inversiones.

Todo esto muestra que América Latina y el Caribe está levantando sólidos cimientos en la construcción de la inversión sostenible. Al cierre del 2020, en medio de una pandemia y sus efectos, algo que nos mantiene optimistas en BID Invest es seguir siendo parte de esta historia. Una en la que este tipo de inversión sea el motor de la reconstrucción y la punta de lanza para el crecimiento de la región, y que las bases sean tan fuertes que no haya crisis que las derrumbe.

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