Por: Luis Triveno y Olivia Nielsen.
La mayor crisis migratoria en el mundo quizás ya no sea la de Oriente Medio o África, sino la de América Latina, donde Los migrantes se han dirigido principalmente hacia Colombia, pero también hacia Perú, Chile, Estados Unidos e incluso España.
Según diversos estudios más de la mitad de los profesionales jóvenes de Venezuela desean irse de su país. A este ritmo, para fines de 2020, el 20 % de la población total podría haber abandonado el país. A pesar de ello, esta crisis sigue, sorprendentemente, sin recibir suficientes fondos (PDF, en inglés) de los donantes. Por ejemplo, mientras por cada refugiado sirio, la comunidad internacional asigna en promedio USD 5 000, los migrantes o refugiados venezolanos solo reciben USD 300. Ciertamente, los migrantes venezolanos no están huyendo de un conflicto armado. No obstante, de lo que no cabe duda es de las graves condiciones de vida de las que están escapando.
Niña venezolana en la frontera con Colombia. © Greta Granados/Banco Mundial
El ejemplo conmovedor de empatía y reciprocidad regional que los Gobiernos de Colombia y Perú dieron con la adopción de una política de puertas abiertas fue un gran comienzo. Y no debe sorprender pues, en el pasado, los venezolanos ya habían hecho lo propio cuando recibieron a colombianos y peruanos que escapaban del terrorismo, la hiperinflación y la violencia vinculada al narcotráfico. Ahora, los Gobiernos de ambos países ya están abocados a la tarea de registrar legalmente a los migrantes de Venezuela para proporcionarles atención médica y educación.
Pero hay un problema, frecuentemente postergado o resuelto a medias en las crisis migratorias, que tanto Perú como Colombia deberán enfrentar: el acceso a la vivienda.
Aprendiendo de las lecciones que dejó la crisis de refugiados de 2015 en Europa, ambos países han optado por integrar a los millones de recién llegados en sus ciudades antes que relegarlos a campamentos. Pero hablar de integración es más fácil que asegurarla en la práctica con hechos, especialmente para estos dos Gobiernos que ya tienen dificultades para proporcionar vivienda a su creciente población urbana.
En sus países, millones de familias compatriotas todavía viven en casas de mala calidad y carecen de seguridad de la tenencia. En un contexto así, los migrantes y refugiados también se ven forzados a encontrar alojamiento inadecuado y temporal: el 57 % de los venezolanos vive en condiciones de hacinamiento en Perú comparado con solo el 4 % de los peruanos (PDF), al tiempo que el 32 % de los inmigrantes de Venezuela en Colombia no tiene acceso a vivienda (PDF). El resultado: la ocupación precaria de zonas y espacios públicos que no cuentan con agua potable, saneamiento ni otros servicios públicos.
El problema de fondo es el dinero. Por ejemplo, otorgar subsidios de alquiler por solo 18 meses a los migrantes y refugiados en Colombia podría costar hasta USD 1500 millones, casi el triple de la inversión anual total en programas gubernamentales de vivienda urbana.
Por eso, consideramos que ya es hora de que la comunidad internacional abra no solo su corazón sino también sus bolsillos. La vivienda adecuada no es solamente un derecho humano (PDF, en inglés). También ha demostrado ser eficaz para generar grandes beneficios económicos, aumentar los niveles de educación, mejorar la salud física y mental, y promover la inclusión social.
Lo bueno es que ya sabemos cómo hacerlo. Sí, se necesitan construir más casas, pero este proceso puede ser lento y costoso. Integrar a los migrantes en la estructura urbana ya existente podría producir beneficios más amplios. Ideas innovadoras han surgido en otras regiones del mundo, donde gobernantes, arquitectos, ONGs e incluso familias, se han visto obligadas a encontrar soluciones de vivienda rápidas. A continuación, presentamos tres que podrían funcionar en América Latina:
- Vales de alquiler. En 2019, se estimaba que 3,6 millones de refugiados sirios vivían en Turquía. Más del 90 % de ellos habitaba en viviendas urbanas financiadas por el programa de transferencias monetarias no condicionadas de la Unión Europea, la Red de Seguridad Social de Emergencia (ESSN, por sus siglas en inglés), que proporciona un estipendio mensual a las familias para cubrir el 75 % de sus necesidades. El resto de los gastos es responsabilidad de las familias beneficiarias. Lo interesante del funcionamiento del esquema es que, a diferencia de lo que sugerían los críticos, el dinero no se terminó destinando a compras frívolas, , sino que fue utilizado para pagar el alquiler. Entonces, un programa de vales de alquiler podría beneficiar tanto a los migrantes como a los pequeños propietarios y las economías locales.
- Reutilización de edificios vacíos. Desde 2015, Alemania ha recibido a más de 1 millón de refugiados y ha podido instalarlos en distintas ciudades del país. Esta solución ha permitido a las municipalidades compartir las responsabilidades en el ámbito de la vivienda y, a su vez, multiplicar las probabilidades de encontrar soluciones innovadoras. Por ejemplo, en Magdeburg, edificios de departamentos de estilo soviético deshabitados se han transformado en residencias para refugiados. Grecia también ha reacondicionado edificios desocupados, incluido un hotel abandonado, aunque principalmente para ser usados como viviendas temporales. Ese tipo de soluciones ha servido para detonar el debate en Europa respecto de cómo ir más allá de la vivienda provisional y encontrar soluciones más sostenibles.
- Subsidios para el mejoramiento y ampliación de viviendas. Más de 750 000 refugiados(PDF, en inglés) huyeron de Siria para establecerse en zonas urbanas de Jordania. Como respuesta, el Consejo Noruego para los Refugiados estableció un programa (PDF, en inglés) para aumentar la oferta de viviendas de alquiler. La entidad otorga una contribución monetaria a los dueños de viviendas para que finalicen propiedades sin terminar a cambio de que las arrienden sin costo a una familia de refugiados por hasta 18 meses. De esta manera se beneficia también a la economía local. Igualmente, para hacer frente a la escasez de viviendas en Sudáfrica, las familias de este país han encontrado una solución en sus propios patios traseros. En la actualidad, el 12 % de las familias sudafricanas vive en construcciones formales e informales levantadas en los patios de viviendas ya existentes, la mayoría de las cuales son subsidiadas por el Gobierno. Tal uso de los patios traseros ha aumentado la oferta de viviendas, ha permitido a los propietarios obtener ingresos adicionales y, al mismo tiempo, reducir el número de familias que viven en barrios marginales.
Desafortunadamente, estas soluciones no son rápidas, fáciles o baratas (PDF). Pero es mucho lo que está en juego. Tenemos que ir más allá de la empatía e invertir en programas de integración. La historia nos ha mostrado que los refugiados de hoy son los ciudadanos del futuro. El acceso a una mejor vivienda aumentará las probabilidades de que ellos —y sus comunidades— puedan prosperar.
Nota publicada en Voces, Perspectivas del desarrollo del Banco Mundial, reproducida en PCNPost con autorización
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