Por: Mari Elka Pangestu
La COVID-19 puso a prueba la capacidad de los gobiernos para brindar ayuda financiera y otros tipos de asistencia a las personas vulnerables. Aunque 200 países y territorios han planeado o implementado (PDF en inglés) medidas de protección social en respuesta a la pandemia, muchos gobiernos tuvieron dificultades para identificar a los trabajadores informales que no estaban cubiertos por los programas de asistencia o seguridad social disponibles para los empleados del sector formal. Las normas de distanciamiento social y las cuarentenas complicaron aún más la tarea de ayudar a quienes lo necesitan.
Pero
como mujeres y niñas, personas pobres, trabajadores informales e inmigrantes, habitantes de áreas remotas y refugiados.Por ejemplo, un sistema de identidad digital permitió a Chile preinscribir rápidamente a millones de nuevos beneficiarios a los programas de asistencia social y que la gente pudiera verificar en línea su situación y, en caso necesario, solicitar cambios. En Tailandia, donde más de 28 millones de personas solicitaron un nuevo beneficio para los trabajadores informales afectados por la pandemia, el gobierno pudo detectar y separar a quienes recibirían la asistencia a través de otros planes. Y recientemente las autoridades indias lograron efectuar pagos rápidamente a más de 200 millones de mujeres a través de un programa de inclusión financiera, gracias a mejoras en los procesos que incluyeron la vinculación de las cuentas de cada persona con su identificación digital.
Pero los sistemas de identidad digital por sí solos no son la panacea para llegar a los grupo vulnerables, sobre todo, esos esquemas requieren el acceso asequible a la infraestructura digital. Cuando eso existe,
Como los sistemas de identidad digital permiten que las personas efectúen transacciones de manera remota, también pueden facilitar los pagos digitales (a través de transacciones sin efectivo) y una mejor gobernanza de datos (permitiendo transacciones sin papel y protegiendo simultáneamente la privacidad).Las identificaciones digitales, los pagos digitales y la gobernanza de datos tienen importancia en sí mismos; juntos constituyen un poderoso bien público.
Esta combinación es tan fundamental para las economías actuales como lo fueron los caminos y ferrocarriles para las economías del siglo XX. Por ejemplo, países como Estonia y Singapur cuentan con ecosistemas digitales avanzados que permiten a la gente acceder a servicios gubernamentales y empresariales completamente en línea, mitigando así en parte las perturbaciones económicas causadas por la COVID-19.
Mientras los países se centran en «reconstruir mejor» después de la pandemia, tienen una oportunidad fundamental para dar el salto a una economía más digital… y hacerlo de manera responsable. Sea cual fuere el modelo que elijan, los gobierno pueden transformar las vidas de la gente en todo el mundo creando sistemas de identidad digital diseñados para maximizar la privacidad, la inclusión y la confianza
A medida que la digitalización avanza, las actitudes relacionadas con la protección de los datos están experimentando un profundo cambio. otorgan a los ciudadanos mayor agencia (PDF en inglés) en cuanto a sus datos personales y los nuevos modelos en línea descentralizados procuran desplazar el poder de las terceras partes hacia los usuarios. ; pero con un diseño cuidadoso estos sistemas pueden fomentar el uso responsable de los datos y su reutilización, permitiendo que sea la gente quien los controle.
Las nuevas normas y regulacionesLa inclusión no solo implica garantizar que todos puedan inscribirse, sino también que todos puedan usar sus identificaciones digitales para recibir asistencia y empoderarse económicamente, incluso quienes están poco alfabetizados y tienen un acceso limitado a la tecnología. Además, es fundamental que las personas tengan confianza en la integridad del sistema, incluida su capacidad para resguardar la privacidad y los derechos individuales. Esto requiere mecanismos de transparencia y responsabilización eficaces.
Están surgiendo diversos modelos que reflejan los contextos locales. Aunque algunos países deben comenzar con un sistema de identidad fundacional para que todas las personas puedan demostrar su identidad oficial; otros, como Australia, Canadá y Francia, han comenzado a crear «ecosistemas» de identidad digital que otorgan a la gente la posibilidad de optar entre proveedores de identificaciones públicos y del sector privado.
Independientemente de la forma que adopten, esos sistemas se necesitan con urgencia. Mil millones de personas en el mundo todavía carecen de una identidad oficial, lo que les impide acceder a los sistemas financieros y los servicios sociales. La mitad de ellas están en África. Gracias a la iniciativa Identificación para el Desarrollo (ID4D) el Banco Mundial está invirtiendo 1200 millones de dólares en más de 30 países en vías de desarrollo para reducir la cantidad de personas sin identificación y construir mejores sistemas de registros civiles e identificaciones digitales que puedan apoyar el crecimiento económico inclusivo.
Desafío de la Misión Mil Millones en una búsqueda mundial de alternativas que permitan a las personas más vulnerables del mundo registrarse para obtener y usar identificaciones digitales de manera segura.
y con una mejor rendición de cuentas. Para avanzar en la búsqueda de soluciones innovadoras, ID4D lanzó recientemente su segundoMientras los países se centran en «reconstruir mejor» después de la pandemia, tienen una oportunidad fundamental para dar el salto a una economía más digital… y hacerlo de manera responsable. Sea cual fuere el modelo que elijan, los gobierno pueden transformar las vidas de la gente en todo el mundo creando sistemas de identidad digital diseñados para maximizar la privacidad, la inclusión y la confianza.
Publicado originalmente en Project Syndicate.
Nota publicada en Voces, Perspectivas del desarrollo del Banco Mundial, reproducida en PCNPost con autorización
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SOURCE: Voces del Banco Mundial
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