Influir en las políticas públicas ya no es uno de los temas de moda  para las ONGs internacionales, organismos, o sociedad civil en su sentido más amplio.

Sin embargo, hasta hace no mucho le dedicábamos mucha reflexión. “Pasemos de la protesta a la propuesta”, decíamos; promovíamos dejar la resistencia, meternos en el fango de las comisiones del Congreso, y construir diálogos con partidos políticos, con tecnócratas varios de los ministerios. Aprendimos.

En este tiempo hemos profundizado sobre las mejores políticas para problemáticas diversas: frenar la violencia contra las mujeres, créditos agrícolas, o reducir la tala de la Amazonía. También comprendimos técnicas de negociación, estrategias de medios, ciclos presupuestarios y gestión de los Congresos. Seguimos aprendiendo.

No obstante, hemos entendido que eso no es suficiente. Las leyes sin un impacto evidente para la vida de las personas se eternizaban, descafeinaban, no se les asignaba presupuesto, o las arrinconaban dentro de un marco legal más amplio. Más aprendizajes.

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Es por eso que hoy sabemos que diseñar, acordar, aprobar e implementar políticas públicas y programas es un proceso más complejo de lo que pareciera –fuimos un poco ingenuos-. Es necesario aunar diferentes intereses económicos, políticos y sociales entre actores diversos, como partidos políticos, sector privado, organismos internacionales, expertos, sociedad civil o la iglesia. En este proceso, la sociedad civil, ha sido la última en llegar a influenciar en las políticas públicas, y no ha sido fácil, pero las cosas están cambiando.

Una muestra de este cambio es el reciente reconocimiento de la Unión Europea de uno de sus programas financiados por OXFAM para fortalecer la capacidad de la sociedad civil en la influencia de las políticas públicas sobre seguridad alimentaria. Todo un trabajo de capacitación, intercambio, y reflexión colectiva con algunas de las principales redes regionales de la sociedad civil latinoamericana, como COPROFAM, CLOC/Vía Campesina, o la Red Centroamérica Vulnerable; incluyendo algunas que eran necesarias y ahora son imprescindibles como REMURIC.

Este trabajo de diálogo e intercambio, dio sus frutos: la aprobación de la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural en Honduras, la aprobación del fondo para la Compra de Tierra para las Mujeres Rurales en Nicaragua, la Ley de promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar en Perú, o la creación de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura de Colombia, por nombrar algunos ejemplos.

Sin embargo, ahora sabemos que, aunque imprescindible, cambiar políticas públicas no es suficiente para la generación de cambios que reduzcan pobreza y desigualdad. Hoy entendemos que es necesario construir también nuevos sentidos comunes, liderar -en ocasiones- la iniciativa intelectual como se está haciendo con el debate sobre la desigualdad, la auditoria social y contribuir al suelo de irreversibilidad de los cambios, más ahora que vienen tiempos complejos.

Hace una década y media Brasil marcó el camino a través de los consejos nacionales, donde se acordaban -para su posterior aprobación- programas y leyes con los diferentes agentes sociales –sociedad civil, ministerios y sector privado-. Fue sólo el comienzo, cuando en otros países la sociedad era escuchada en algunas oportunidades, únicamente si salía a la calle.

Hoy, sin embargo, el pacto de convivencia más importante firmado en América Latina en años, el acuerdo de paz de Colombia, no se entendería sin la participación de la sociedad civil en su gestación y defensa. El salto es enorme.

Las democracias maduran cuando cuentan con una sociedad civil fuerte que establece contrapesos, que incide sobre políticas y programas, y defiende los intereses de los más desfavorecidos. Las mejores políticas públicas se construyen involucrando, reconociendo y apoyando a la sociedad civil para que se fortalezca. Lo hemos aprendido y lo han demostrado.

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Nota publicada en Oxfam, reproducida en PCNPost con autorización

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