Poco a poco, y tal vez sin percatarnos, la descentralización podría estar contribuyendo a acentuar las disparidades r en América Latina y el Caribe (ALC). Mientras algunos gobiernos subnacionales (GSN) son capaces de ofrecer bienestar y un devenir próspero en sus jurisdicciones, una proporción grande queda en deuda con sus residentes. Esto porque en gran medida los ingresos propios para el financiamiento del gasto local en lugares menos favorecidos son mucho menores que los de ciudades boyantes y bien dotadas.

En otras ocasiones se da porque algunos territorios presentan en su interior una geografía y necesidades muy diversas, lo que lleva a que el costo de proveer los mismos servicios públicos sea más alto.

Al respecto, los sistemas de relaciones intergubernamentales vigentes en la región no están atendiendo estos desequilibrios de manera explícita y adecuada. En consecuencia, las disparidades fiscales podrían determinar el acceso desigual de las poblaciones a servicios públicos esenciales como el agua potable, el saneamiento, la recreación, y la seguridad ciudadana, y así influir en los resultados de la descentralización en términos del desarrollo económico y social.

Las desigualdades económicas regionales en ALC son enormes (ver gráficos 1 & 2). En promedio, el nivel de riqueza del gobierno intermedio más rico es nueve veces mayor respecto de aquel más pobre. A su vez, estas desigualdades son mucho mayores respecto a países industrializados y otros países en desarrollo. La rápida urbanización que experimenta Latinoamérica, la creciente concentración de la actividad económica en aglomerados urbanos, y los efectos heterogéneos de las crisis económicas sobre las distintas regiones seguramente ampliarán más las disparidades económicas y fiscales territoriales.

¿Qué pueden hacer los países de ALC para que la descentralización contribuya a igualar oportunidades regionales? Establecer transferencias de igualación, que compensen con mayores recursos a sus GSN que posean menor capacidad fiscal y/o mayor necesidad de gasto. Estos esquemas tienen como propósito que los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan la oportunidad de recibir similares servicios públicos subnacionales, a partir de un esfuerzo común en el pago de impuestos.

La mayoría de los países desarrollados han adoptado estas transferencias, habiendo resultado muy efectivas en reducir las disparidades fiscales subnacionales. En ALC, en cambio, aunque las desigualdades económicas territoriales son mucho mayores, ningún país ha adoptado sistemas explícitos de transferencias de igualación. Lo que prevalece en la región son sistemas de coparticipación de impuestos que incorporan algunos criterios y estimaciones de asignación de transferencias en función de los niveles prevalentes de población, ruralidad y pobreza, con limitado efecto distributivo.

Para establecer un sistema explícito de transferencias de igualación, un primer paso es estimar la capacidad fiscal y necesidades de gasto de los GSN, para lo cual es preciso desarrollar las habilidades técnicas necesarias en las entidades responsables de conducir la descentralización. Y un segundo paso es reformar de manera consensuada las fórmulas de distribución de las transferencias. Debido a que en estas reformas suele haber ganadores y perdedores, una opción para su viabilidad política es mantener inicialmente la distribución vigente, aplicando de manera gradual las modificaciones propuestas sobre el crecimiento marginal en las transferencias.

Conscientes de la necesidad de apoyar este proceso de reforma a las transferencias en ALC, la División de Gestión Fiscal y Municipal del Banco emprendió desde 2015 una investigación empírica a partir de estudios de caso de siete países de la región.

Los trabajos están actualmente en proceso de edición, y los resultados y recomendaciones de política estarán a disposición del público a principios de 2017, con la publicación de un libro y su difusión en los distintos países. Mientras tanto, en este espacio iremos informando de los avances obtenidos, de manera de ir preparando las discusiones y debate sobre opciones para futuras reformas.

SOURCE: Los Blogs del BID