Por: Alberto Barreix.

Vivimos en el amanecer de la era de la transparencia. No se trata simplemente de una moda en materia fiscal, que hace bien poco utilizaba mucho más conceptos como opacidad, evasión, o paraíso fiscal.

¿Por qué hablamos de una era de la transparencia? Es porque no hablamos únicamente de un cambio semántico: es un cambio político y es de fondo. Hasta 2009, la economía mundial convivía con una pléyade de incentivos y de políticas que daban guarida ‒bajo la doble llave del secreto bancario y de las sociedades con acciones al portador‒ a fortunas obtenidas mediante actividades no siempre lícitas, y casi siempre evadiendo al fisco.

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Adicionalmente, muchas jurisdicciones establecían regímenes fiscales laxos para beneficiar esquemas de empresas multinacionales que, con sedes espurias en esos territorios, desplazaban los beneficios para minimizar sus deberes fiscales, rebasando los limites no solo de la moralidad sino también de la legalidad.

Pero todo esto cambió a partir de 2009 con el impulso del G20 y el liderazgo técnico de la OCDE. Una concatenación de fenómenos económicos, políticos y sociales derribaron el secreto bancario. Poco después cayeron (o están en vías de hacerlo) las acciones al portador y, bajo el proyecto BEPS (la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, por sus siglas en inglés), los esquemas de planificación fiscal agresiva de las multinacionales.

¿Cuál fue la causa? La crisis financiera. Parcialmente en quiebra y necesitado de una descomunal inyección de ayuda pública, el sector financiero del mundo desarrollado, en medio de una recesión y una crisis fiscal, no pudo mantener el juego hipócrita del secreto bancario. Se había vuelto socialmente inaceptable y fiscalmente gravosísimo.

Fue el principio del fin del status quo. Junto a esto, debemos además hablar de la inmensa presión política ejercida por el G20 debido a la movilización de la opinión pública, indignada por el “doble rasero” de rescates que trajo la crisis: miles de millones fluyeron a la banca global mientras que se padecían desempleo masivo, brutales recortes de salarios y de programas sociales en esta gran recesión.

Tras el terremoto que supuso el fin del secreto bancario, pocos años después llegó una réplica, casi más violenta: la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. y el comienzo del intercambio de información automático del Foro Global.

¿Por qué fueron tan importantes estos cambios? Por varias razones:

• Se demostró que el intercambio de información automático es posible, tanto política como tecnológicamente.
• Se establecieron unos estándares muy altos de transmisión de datos, tanto que hoy es muy difícil escapar a la claridad tributaria (es posible mover activos e ingresos, pero no es posible esconderlos) .
• Se allanó el camino para que determinados países, que cumplían con dificultad o no cumplían los estándares de transparencia, aprovecharan FATCA para mejorar su marco legal. FATCA fue muy relevante para la actualización administrativa de nuestras jurisdicciones por su efecto propiciatorio del levantamiento del secreto bancario, que, amén de apoyar el cobro efectivo de todos los impuestos, ayudó a los gobiernos de la región a cumplir con el estándar de transparencia requerido frente a las poderosas presiones políticas internas contrarias.
• Se creó un estándar tecnológico común de transmisión de datos entre administraciones tributarias.

Por último, llegó el plan de acción contra BEPS, un concepto originado por la OCDE, impulsado por el G20 e implementado (o más correctamente, en vías de serlo) por casi todos los países del mundo para dificultar a algunas multinacionales su impúdica forma de organizarse para ahorrar millones en impuestos a sus accionistas (en el argot se llama “planificación fiscal”), so capa de unos débiles argumentos comerciales.

Desafíos de la transparencia

Sin embargo, este cambio no está exento de desafíos. Entre ellos, podemos citar la dificultad para conocer al último beneficiario de la propiedad (UBO, acrónimo en inglés) de los a veces complejos entramados societarios bajo los que se ocultan las grandes fortunas, desafío en vías de solución, obligando a todas las sociedades a desvelar sus beneficiarios últimos -residentes o no residentes- en cada registro fiscal donde se deban inscribir.

También podemos citar los problemas que enfrentarán los países para implementar el Plan BEPS, porque extirpar las malas prácticas de un buen número de multinacionales/multiregionales y sus cómplices, los grandes despachos de asesoría mundiales (véase el caso luxleaks), requiere de un bisturí muy fino y de un pulso muy firme.

En un mundo donde hay fuentes de financiamiento razonables pero capacidad empresarial escasa, es deseable que existan firmas multinacionales. Éstas operan con calidad técnica de punta y recursos humanos cualificados de diversas culturas, y en el futuro probablemente operarán sin un Estado al que se las asocie. Sin embargo, aunque sea lógico que busquen poder de mercado y lucro, incluyendo la reducción de sus obligaciones tributarias, no se justifica que apliquen prácticas abusivas -de elusión y evasión- basadas en la incapacidad administrativa de algunas jurisdicciones y/o complicidad de otras mediante artilugios de opacidad (algunas eran quasi secretas decisiones de las autoridades fiscales).

No todos los desafíos serán superados fácilmente. Pero, con todo, podemos afirmar que estamos ante un cambio en la tributación de proporciones históricas. Un cambio administrativo, sí, y por tanto “exógeno” a los modelos que piensan la política tributaria; pero nuestro pronóstico es que la forma de pensar los impuestos deberá cambiar (si no lo está haciendo ya), porque el paradigma es ahora otro, nuevo, y mucho más favorable al cumplimiento de los grandes principios de suficiencia, eficiencia, equidad y neutralidad.

En particular, a esta realidad no puede ser ajeno el Impuesto a la Renta, que ya se está modificando por el intercambio automático de información y la implementación de BEPS. Por ejemplo, hemos propuesto un impuesto a la renta personal comprehensivo de todas las rentas del sujeto pasivo a escala mundial y en base devengada, con el impuesto a la renta empresarial que lo complementa en sus funciones de instrumento de políticas, control tributario y adelanto recaudatorio del propio IRPF Comprehensivo y Devengado (IRPF-CD). En nuestro criterio, esta arquitectura permitiría aumentar la recaudación, la eficiencia, la equidad, la simplicidad y la “coordinabilidad” del tributo respecto a los diseños vigentes.

Finalmente, y de transcendental importancia, el impulso mundial por la preeminencia de la transparencia tributaria, mediante la trazabilidad de los flujos de ingresos y activos, tendrá externalidades positivas cruciales en otros ámbitos del imperio de la ley. Así, por ejemplo será cada vez más fácil clarificar el lavado de actividades delictivas (narcotráfico, trata de personas, etc.), el fraude comercial y personal, o la corrupción en las contrataciones públicas, entre otros ilícitos.

Ya hay evidencia de este éxito: miles de casos por el desvelo de las cuentas bancarias en paraísos fiscales y centros financieros y jurisdicciones opacas, o por la prosecución del enriquecimiento no justificado y/o el uso de testaferros, que se fortalecerá con la implementación del UBO.

Sin embargo, no debe olvidarse que la transparencia tributaria, y los otros instrumentos citados, no sustituyen sino que complementan lo indispensable: aparatos policiales competentes y sistemas judiciales eficaces.

Alberto Barreix es Economista Fiscal Senior en el BID. Está a cargo de asesoramiento técnico en proyectos de reforma fiscal en América Latina y el Caribe, especialmente, en temas de política tributaria e integración. Fernando Velayos, Jerónimo Roca y Karla Hernández colaboraron en la redacción de este artículo.

Nota publicada en el blog “Mejorando Vidas” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.

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