Al menos 16.000 personas han sido desplazadas por enfrentamientos entre rebeldes del ELN y un reducto de una guerrilla maoísta en la frontera entre Colombia y Venezuela, según la oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA).
AFP PHOTO / Guillermo LEGARIA
En el marco de estos choques – que autoridades relacionan con una disputa por el narcotráfico – se han registrado “violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, denunció el organismo.
Esta situación ha derivado en el desplazamiento de por lo menos 16.000 personas en seis municipios del departamento de Norte de Santander. Cerca del 70% de familias desplazadas han retornado bajo su propio riesgo -pese a la falta de garantías de seguridad- ante las pocas posibilidades” de encontrar fuentes de sustento en los lugares donde huyeron: OCHA.
La violencia en esta zona, que comenzó a recrudecer a mediados de marzo, se ha cobrado la vida de “al menos tres líderes sociales”, mientras un “alto número” está bajo amenaza.
La oficina de Naciones Unidas también denunció que nueve civiles y tres militares han “resultado afectados” por minas antipersonal o “munición sin explotar” (artefactos dejados en el campo de guerra).
Los enfrentamientos involucran al Ejército de Liberación Nacional (ELN) – que negocian un acuerdo de paz con el gobierno saliente de Juan Manuel Santos – y a Los Pelusos, un remanente de la ya disuelta guerrilla maoísta del EPL.
Ambas organizaciones se disputan las rentas ilegales derivadas de los narcocultivos, según autoridades.
Tras décadas de persecución al narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína. Hasta 2017 había 209.000 hectáreas sembradas con la materia prima de esta droga, una cifra récord, señaló un reciente informe de Estados Unidos.
Colombia es además el segundo país con más desplazados internos, con 7,7 millones, por detrás de Siria (12 millones), según datos divulgados en 2017 por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
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