Por: Javier González.
Director de Summa.
En los últimos años hemos sido testigos de la activa movilización de las sociedades latinoamericanas. Éstas exigen mayores derechos sociales, especialmente el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Dichas demandas no son infundadas.
Los estudiantes de América Latina y el Caribe están a varios años de distancia, en términos de aprendizajes esperados, de sus pares que estudian en los países desarrollados de la OCDE. Por ejemplo, la prueba PISA 2015 de ciencia, demostró que los alumnos chilenos y uruguayos se encuentran rezagados aproximadamente 2 años, mientras que los brasileños, colombianos, mexicanos y peruanos, 3 años.
Si bien los países de la región han ido mejorando la calidad de la educación que proveen a sus niños y jóvenes, la tasa de mejoramiento no es suficiente. Si seguimos a este ritmo, sólo lograremos alcanzar a los países de la OCDE dentro de varias décadas más. Incluso Perú y Colombia, que se encuentran entre los países que más han avanzado en las pruebas PISA, tomarían entre 21 y 29 años, respectivamente, en alcanzar el promedio OCDE.
Asimismo, la región sigue en deuda con la justicia social. Por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA muestran que en Brasil, Colombia y Perú, los estudiantes más pobres poseen niveles de aprendizajes equivalentes a 3 años menos de escolaridad que sus pares más ricos.
Los datos son contundentes, es necesario y urgente reformar los sistemas educativos de la región, utilizando investigación e innovación rigurosa para reorientar los esfuerzos nacionales hacia el aprendizaje efectivo, la equidad y la inclusión. Los gobiernos de los países han sido los primeros en reconocer esta necesidad y expresar su voluntad de colaborar en la creación de una instancia regional que les permita impulsar y acelerar los cambios requeridos.
De hecho, en la VII Cumbre de las Américas del año 2015, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron una moción para encomendar la creación de un laboratorio de innovación que promueva un mayor y mejor uso de evidencia en las decisiones de política pública en educación. Como consecuencia, a partir del compromiso y apoyo concreto de siete países de la región y la alianza estratégica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Chile, el laboratorio Summa inició sus actividades en octubre de 2016, en Santiago de Chile.
Summa trabaja sobre la base de un modelo que busca: (1) generar conocimiento e innovaciones a través del desarrollo de investigación de vanguardia y de espacios de experimentación; (2) sistematizar evidencia, experiencias y soluciones efectivas, mediante la recopilación, clasificación y síntesis de evidencia e innovaciones disponibles, tanto a nivel regional como global; (3) difundir, transferir y promover el uso de evidencia robusta y soluciones efectivas, que permitan mejorar la toma de decisiones y promover la adopción de innovaciones a nivel de políticas y también de prácticas educativas en el aula.
Summa tiene la convicción de que la única manera de expandir las fronteras del conocimiento e impulsar la innovación, es creando instancias de colaboración y trabajo en red que permitan aprovechar y sumar los esfuerzos, experiencias y visiones de los distintos actores que componen la comunidad escolar (gobierno, academia, escuelas, sector privado y sociedad civil). Sólo colaborando entre todos, podremos avanzar al ritmo necesario y abordar de una forma efectiva los grandes desafíos que la educación nuestras sociedades tiene por delante.
Nota publicada en el blog “Enfoque educación” del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reproducido en PCNPost con autorización.
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SOURCE: Los Blogs del BID
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