Unos 34.000 vehículos de carga se han movilizado escoltados por las autoridades colombianas en medio de la huelga que mantienen desde hace 42 días los camioneros, informó hoy el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
El funcionario indicó a periodistas que han habilitado el tránsito de 33.958 vehículos en 2.110 caravanas y destacó que en los peajes se registraron “importantes aumentos” de la circulación entre este domingo y el anterior, en especial en Buenaventura, donde funciona el principal puerto colombiano sobre el Pacífico.
“El reporte de abastecimiento de combustible es normal en todo el país y el abastecimiento de alimentos en las principales ciudades ha retornado desde ayer a la normalidad”, resaltó.
Villegas destacó que el abastecimiento “debe estar hoy ya por encima del 65 % en el orden nacional”.
El titular de Defensa indicó que en el departamento de Norte de Santander (noreste), fronterizo con Venezuela, se registró la quema de un bus y de un carro de la Policía Nacional en respuesta a los operativos contra el contrabando de combustible.
“Afortunadamente no hay heridos ni novedades personales, pero sí hay ese evento de un carro de la Policía y un bus incendiados por una turba de contrabandistas de combustibles”, añadió.
Los camioneros protestan contra los incumplimientos que, según denunciaron, ha hecho el Gobierno colombiano en temas relacionados con el costo del traslado de la carga, el precio de los combustibles y los peajes, entre otros asuntos.
El Gobierno anunció el jueves pasado una batería de medidas para afrontar la situación que incluye el incremento de sanciones a quienes generen bloqueos en las carreteras.
Entre esas disposiciones están la incautación de vehículos que sean usados para bloquear vías, la imposición de multas y la movilización de 50.000 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado para controlar el orden público en las carreteras.
Empresarios dicen que paro camioneros en Colombia se convirtió en un chantaje:
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) dijo hoy que la huelga de camioneros que comenzó hace 42 días terminó convirtiéndose “en un intento muy fuerte de producir un chantaje” y en una “extorsión social”.
“Eso es algo que en Colombia no puede seguir sucediendo”, dijo el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien respaldó las estimaciones que cifran en cerca de dos billones de pesos (unos 684 millones de dólares) las pérdidas que deja la huelga de ese sector.
Los camineros convocaron al paro en rechazo a los incumplimientos que, según denunciaron, ha hecho el Gobierno colombiano en temas relacionados con el costo del traslado de la carga, el precio de los combustibles y los peajes, entre otros asuntos.
Mac Master indicó que si bien la protesta es “bienvenida” y es un “derecho constitucional”, los “métodos por fuera de la civilidad y de la legalidad tienen que ser ampliamente rechazados por parte de la ciudadanía. Este paro tiene unas características muy especiales, tiene una característica de intento de presión y de mecanismos indebidos de presión sobre la población que son absolutamente inaceptables”, apuntó.
El dirigente del empresariado advirtió que “en algunos casos”, como en los departamentos de Nariño (suroeste) y Boyacá (centro), se ha dado un “secuestro colectivo” al impedir la movilización de las personas en transporte público, mientras que en el resto de las poblaciones se busca crear desabastecimiento de productos básicos y “producir pánico”.
“De manera que el paro dejó de ser una solicitud o un reclamo de un sector de la economía, minoritario además dentro de su sector, y se terminó convirtiendo en un intento muy fuerte de producir un chantaje y una extorsión social”, añadió.
El sábado pasado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que el abastecimiento en el país pasó del 30 % hace ocho días al 65 % tras las medidas tomadas por el Gobierno frente al paro. El Gobierno anunció el jueves pasado una batería de medidas para afrontar la situación que incluye el incremento de sanciones a quienes generen bloqueos en las carreteras.
Entre esas medidas están la incautación de vehículos que sean usados par bloquear vías, la imposición de multas y la movilización de 50.000 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado para controlar el orden público en las carreteras. EFE
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