Por: Juan Pablo Isaza Gutiérrez. 

En el mundo moderno de hoy, la gran mayoría de los países son culturalmente diversos, por lo que esa diversidad plantea una serie de cuestiones importantes y potencialmente conflictivas. Las mayorías y las minorías se enfrentan cada vez más respecto de los temas como los derechos lingüísticos, la autonomía regional, la representación política, el currículo educativo, las reivindicaciones territoriales, la política de inmigración y naturalización e incluso los símbolos nacionales. La tradición de la política occidental, se ha ocupado muy poco del problema de los derechos de las minorías, siendo que la mayor parte de las comunidades políticas organizadas de la historia han sido multiétnicas.

La mayoría de los especialistas en teoría política han utilizado un modelo idealizado de polis en la que los ciudadanos comparten unos ancestros, un lenguaje y una cultura comunes. Aún que cuando los propios especialistas vivieron en imperios plurilingües que gobernaban numerosos grupos étnicos y lingüísticos, escribieron a menudo como si las Ciudades-Estado culturalmente homogéneas de la antigua Grecia proporcionasen el modelo estándar de una comunidad política.

Por lo que, para alcanzar este ideal de una sociedad y organización política homogénea, los gobiernos, a lo largo de la historia, han seguido diversas políticas con respecto a las minorías culturales. Algunas minorías fueron físicamente eliminadas, ya sea mediante expulsiones masivas o bien mediante el genocidio. Otras fueron asimiladas de forma coercitiva, forzándolas a adoptar el lenguaje, la religión y las costumbres de la mayoría y en otros casos las minorías fueron tratadas como extranjeros residentes, sometidas a segregación física y discriminación económica, así como la privación de derechos políticos.

A lo largo de la historia, se han realizado diversos intentos de proteger a las minorías culturales y de regular los conflictos potenciales entre las culturas mayoritarias y las minoritarias. Nos narra que tras la segunda guerra mundial hubo un nuevo énfasis en los derechos humanos y muchos liberales creyeron que con ello se resolverían los conflictos de las minorías, ya que éstas se protegerían indirectamente, garantizando los derechos civiles y políticos básicos a todos los individuos, con independencia de su filiación o grupo de pertenencia. Los liberales dieron por supuesto que, allá donde se protegieran dichos derechos individuales, no era necesario atribuir derechos adicionales a los miembros de minorías étnicas o nacionales específicas. En este sentido las Naciones Unidas eliminaron toda referencia a los derechos de las minorías étnicas y nacionales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue evidente para muchos liberales debido a que se le vio como una extensión natural de los derechos que protegían a las minorías religiosas.

Y que muchos liberales de posguerra han considerado que la tolerancia religiosa basada en la separación de la Iglesia y el Estado proporciona un modelo para abordar las diferencias etnoculturales. “El Estado se comporta con “desatención benigna”, sus esfuerzos son puramente privados, por lo que no les corresponde a organismos públicos conceder identidades o discapacidades legales a la pertenencia cultural o a la identidad étnica. Esta separación del Estado y la etnicidad imposibilita cualquier reconocimiento legal o gubernamental de los grupos étnicos, así como cualquier uso de criterios étnicos en la distribución de derechos, recursos y deberes”.

Muchos liberales, especialmente desde posiciones de izquierda, han hecho una excepción en el caso de la acción positiva para los grupos raciales que se encuentran en una situación de desventaja. Lejos de abandonar el ideal de la separación del Estado y la etnicidad, la acción positiva es un método para intentar lograr dicho ideal. Pero lo que la mayoría de los liberales de la posguerra, tanto de derecha como de izquierda, continúan rechazando la idea de una diferenciación permanente en los derechos o estatus de los miembros de determinados grupos.

Cada vez está más claro que los derechos de las minorías no pueden subsumirse bajo la categoría de derechos humanos. El problema no es que las doctrinas tradicionales sobre los derechos humanos den una respuesta errónea a tales cuestiones, sino, más bien, que a menudo no dan ninguna . El resultado de ello es que las minorías culturales son vulnerables a injusticias significativas a manos de la mayoría, así como el agravamiento del conflicto etnocultural.

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