Aunque he sido un crítico implacable de este Gobierno y del proceso de La Habana, tengo que reconocer que el acuerdo alcanzado sobre justicia es el punto pactado que más me ha gustado desde el inicio de estos diálogos.

Principalmente, porque, a pesar de que el vestido haya sido confeccionado a su medida, por primera vez vi a las FARC responsabilizándose de algo y aceptando algún nivel de institucionalidad. Esto indudablemente es un avance histórico que me tiene algo esperanzado, y más si Santos logra detener de forma definitiva su terrorismo.

Está claro que para sentar a las FARC a negociar y para que aceptaran “dejar” las armas, el Gobierno Santos optó por un diálogo de tú a tú, a sabiendas que tenía que sacrificar un ideal de justicia y mucha legitimidad del Estado. Esta posición fue para algunos, una decisión pragmática y un mal menor para lograr la “paz”, a pesar de estar en contravía con la filosofía kantiana donde el fin nunca justica los medios.

Ahora, en términos absolutos, parece difícil aceptar que delincuentes del mismo calibre, como lo son los paramilitares y las FARC, tengan una aplicación diferente de la justicia transicional. Los jefes de unos, desmovilizados y en la cárcel, y los otros, sancionados en condiciones especiales y legitimados como futuro partido político. De esta constatación se deriva el pensamiento de que las FARC son moralmente superior frente a los paramilitares debido supuestamente a que su lucha fue ideologizada, en pro del pueblo y en reacción a la “La Violencia” y la exclusión. A partir de esta diferenciación es que parte la peligrosa tesis de Carlos Gaviria que enuncia que “una cosa es matar para enriquecerse y otra cosa es matar para que la gente viva mejor”. Este pensamiento me es inaceptable, ya que no concibo jerarquización entre criminales de lesa humanidad.

No se dejen tapar los ojos por mis aplausos, este acuerdo sigue dándome la sensación de que en este país el crimen paga y que la paz está en espejismo a la hora de analizar lo siguiente: ¿Qué pasará con el delito político y su conexidad con el narcotráfico? ¿Qué pasará con el patrimonio de las FARC? ¿Cuál serán exactamente las condiciones especiales de “restricción” de la libertad para los crímenes atroces? ¿Cuál será el alcance del resarcimiento y la verdad frente a las víctimas de las FARC? ¿Las FARC serán consideradas simultáneamente como víctimas y victimarios? ¿No es esto un incompatible? Que las FARC “dejen” las armas y no las entreguen, ¿es suficiente para una paz duradera? ¿Es justo que, en el marco de la justicia transicional, se iguale a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil con las FARC? ¿Todos somos culpables para que nadie sea culpable? ¿En qué medida Timochenko y sus amigos participarán en política? ¿Cuál será el número de curules que ocuparán las FARC según el acuerdo de participación política? Y, obviamente, ¿cómo se desarrollará la refrendación popular? ¿Seguirá siendo válida la compra de voto?

La estrechada de mano entre Santos y Timochenko sigue dándome escalofríos, pero no todo debería botarse a la basura.

Última palabra: ¿no se podía hacer este anuncio después de las elecciones?