Años atrás, Tomás Humberto Solarte, uno de los desplazados, debía esconderse bajo tierra en su finca que acabó abandonando en Putumayo, en el suroeste de Colombia, para protegerse del fuego cruzado por el conflicto armado. Hoy, de regreso en su tierra, cría ganado sin esquivar las balas.
“Aquí llegaban los paramilitares y allá estaba la guerrilla. Y nosotros acá en medio. Teníamos un hueco para meternos cuando se agarraban a balas”, dice señalando a izquierda y derecha de su campo en el municipio La Hormiga, muy cerca de la frontera con Ecuador, y una de las zonas más calientes del enfrentamiento que azota a Colombia desde hace medio siglo. Forzado a huir durante ocho años, Solarte es uno de los colombianos – desplazados – que reiniciaron su vida bajo un techo marcado por la metralla.
Reubicar a los más de seis millones de personas que fueron forzados a dejar sus hogares por la violencia es uno de los desafíos del país una vez el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), sellen la paz, anunciada para el 23 de marzo, tras más de tres años de diálogos en La Habana.
“Antes los mataban por nada. Ahora ya no, no se mira por aquí guerrilla. Ya no están”, dice entre suspiros William Cuarán, un exsoldado que recibe una pensión desde que perdió una pierna por una mina antipersona y ha visto a su familia trajinar por años entre su natal departamento de Nariño y el vecino de Putumayo, una región marcada por la sangre y el narcotráfico, con cientos de desplazados.
Su hermano Luis Antonio cambió el cultivo de coca por pimienta y aunque en su finca se escuchan pájaros en lugar de disparos, el miedo persiste.
Venían grupos armados, nos insultaban, decían que no nos querían acá y que debíamos irnos”, cuenta. Se marchaban adonde podían pero “luego tocaba regresar a trabajar. Uno dejaba las cosas y cuando regresaba no había nada: ni animales, ni herramientas, ni nada.
Desde 2011, unas 40.000 personas recuperaron sus tierras en Colombia por orden judicial, según la estatal Unidad de Restitución de Tierras, pero la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales dificulta los retornos. “Nuestro principal reto es entrar al sur del país porque es el lugar que tiene todavía más presencia de las FARC”, afirma Alcelis Coneo, subdirectora de esa entidad.
Al menos ocho millones de hectáreas, 14% de la superficie del país, fueron abandonadas u ocupadas durante el conflicto, según Amnistía Internacional. Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados después de Siria.
“Desplazada para siempre”:
Con la inminencia de un acuerdo de paz con las FARC, vecinos de La Hormiga notan desde hace meses una disminución de la violencia.
No sólo las FARC, con unos 7.000 combatientes de acuerdo con cifras oficiales, decidieron en julio pasado un alto al fuego unilateral, sino que entre 2003 y 2006 se desmovilizaron unos 32.000 paramilitares a instancias del Estado.
Pero a muchos, los recuerdos no los dejan volver. En la memoria de Mélida Arboleda sigue intacta la masacre en la zona de El Tigre (Putumayo), que hace 17 años dejó casi una treintena de muertos y 14 desaparecidos a pocos kilómetros de La Hormiga.
En la matanza, uno de los hitos macabros del conflicto colombiano, 150 paramilitares saquearon e incendiaron lo que consideraban un pueblo guerrillero. Unas 350 familias quedaron desperdigadas.
Teníamos que cocinar y lavar la ropa con el agua del río que venía lleno de muertos. No nos dejaban recogerlos y darles sepultura. Nos acusaban de guerrilleros. Yo los ayudo, pero no voy a volver. Todavía no lo he superado. Voy a ser una desplazada para siempre, dice entre lágrimas Arboleda, líder comunitaria y representante legal de las 46 familias asociadas a esa vereda.
Su esposo se fue en 2005 a Ecuador y no volvió. En esa época, los campesinos de Putumayo huían por centenares. “Cada uno se iba donde podía”, declara sobre los 150.000 que abandonaron sus casas en Putumayo, uno de los epicentros del conflicto desde la década de 1980, cuando las FARC encontraron en sus parajes recónditos un lugar para obtener recursos del narcotráfico.
En 1999, cuando desembarcaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), llegaron las masacres y los desplazamientos masivos. En los 2000, las amenazas de grupos armados y la erradicación de coca con glifosato acabaron de desestabilizar la zona.
“Las víctimas son innumerables. Se fue mucha gente. No sabemos nada de ellos. Ni cómo recuperar sus fotografías, ni su memoria. Era mucha gente la que había. La que hay hoy es mínima”, señala Estela Guerrero, guía del Museo de la Memoria de la vereda El Placer (Putumayo), escenario de otra barbarie paramilitar en 1999. AFP
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