Por: Carlos Guevara Mann.

Según la BBC, Panamá tiene “general”. Se trata del jefe del Senafront, quien ocupa el puesto desde el gobierno de Martín Torrijos y a quien la periodista Vanessa Buschschluter se refiere como “el general Ábrego”.

“El general [sic] Frank Ábrego”, indica un pie de foto de la nota publicada el 27 de mayo, “dirige el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, en el Darién”. “Desde un helicóptero”, escribe la periodista, “el general [sic] Ábrego señala pequeñas aldeas en la provincia del Darién, en el lado panameño de la frontera”.

Añade la nota (cuya versión original en inglés fue difundida el 24 de mayo): “el general [sic] Ábrego me asegura que esta base, como otras iguales, es clave para mantener a raya a los rebeldes y segura a la población local”. Y agrega: “El general [sic] Ábrego sostiene que combatir la influencia de las pandillas sobre la población también se volverá más complicado debido a las grandes cantidades de dinero que ofrecen a los residentes para que almacenen y transporten drogas”.

Según el artículo 46 del Decreto-Ley No. 8 de 2008, que crea el Senafront, su escalafón consta de agentes, cabos segundos, cabos primeros, sargentos segundos, sargentos primeros, subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, subcomisionados, comisionados, subdirector y director general.

No hay –de acuerdo con la ley–“generales” en el Senafront. Así debe ser en una organización definida como entidad policial, de naturaleza civil, que forma parte de la fuerza pública (Art. 2).

Aunque el reportaje de la BBC es poco crítico, involuntariamente presenta indicios de la remilitarización de los organismos de seguridad. La “acción cívica” es una de esas señales.

Bajo la inspiración de la Alianza para el Progreso y como estrategia para congraciar a las fuerzas armadas con las poblaciones vulnerables, en la década de 1960 surgió la “acción cívica”, mediante la cual la Guardia Nacional se involucró en el suministro de servicios básicos adicionales a los de seguridad. En la actualidad, “Ábrego dice que con una campaña para ganar ‘los corazones y mentes’, ofreciendo a los residentes asistencia básica de salud, educación y alimentación, la Policía ha logrado ganarse la alianza [sic] de la mayoría”.

Como parte de esta estrategia, el Senafront participa en desfiles infantiles y en procesiones religiosas; recoge basura en las playas y realiza caminatas “por los más necesitados”, como lo anuncia su portal virtual.

A lo que no alude la BBC es a la ausencia de controles democráticos sobre el funcionamiento del Senafront. Hubiese sido bueno que la periodista se informara sobre este punto, pues ello implica un grave peligro para la débil institucionalidad del país.

El artículo 1 del Decreto-Ley 8 de 2008 señala que “como institución policial especializada en el ámbito fronterizo”, el Senafront está adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia (hoy, al Ministerio de Seguridad), bajo la jefatura máxima del Presidente de la República, quien ejerce su autoridad “directamente o por conducto del ministro”. En la práctica, el Senafront actúa con amplia autonomía, en coordinación directa con organismos de defensa de Colombia y Estados Unidos, sin que nos enteremos de muchas de sus actividades.

Si el Ejecutivo no lo controla, menos lo hace la Asamblea Nacional, cuyas facultades para fiscalizar al gobierno y sus dependencias están estipuladas en la Constitución. En 2012, el diputado Jorge Alberto Rosas presentó un anteproyecto de ley encaminado a impedir que el Senafront participe en actividades de manejo de multitudes, para prevenir abusos como los perpetrados en Bocas del Toro (2010), Chiriquí (2011) y Colón (2012).

El anteproyecto no ha sido tramitado, no solo por la desidia de los diputados, sino porque algunos están en contubernio con el Senafront. ¿O es que las mafias del cocobolo, la droga y los indocumentados operan en un vacío?

La Defensoría del Pueblo es inoperante para defender los derechos humanos y el Ministerio Público les tiene pavor a los fronterizos. ¿Qué hay de la Contraloría General de la República? ¿Cuándo se atreverá a efectuar una auditoría exhaustiva de las multimillonarias operaciones del Senafront, conducidas a espaldas de la ciudadanía?

Esta fiscalización es importante para asegurar que los organismos de seguridad no abusen de los derechos humanos y no amenacen el sistema democrático.

© Blogs Uninorte, 2015

(Columna publicada en La Prensa, Panamá, el 17 de junio de 2015). Caricatura de Vic Ramos)