Por: Susana Ruiz Rodríguez.

La desigualdad extrema sigue siendo la gran enfermedad de este siglo. El 10% más rico de la población de América Latina amasa ya el 71% de la riqueza de la región. Si esta tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante.

La desigualdad extrema no es inevitable, pero nuestras políticas públicas están logrando poco para frenarla; en gran medida, porque en la mayoría de países nos encontramos con sistemas fiscales poco redistributivos, casi insignificantes para la reducción de la desigualdad. Se recauda poco y mal, desde luego, no de quienes más tienen. La riqueza queda prácticamente desfiscalizada mientras el mayor esfuerzo recae sobre las rentas del trabajo y el consumo. Son las familias y los trabajadores y trabajadoras quienes sostienen el peso de la financiación del Estado.

Ser rico en América Latina, en cambio, resulta fiscalmente barato. En realidad, se produce una combinación negativa que supone en la práctica drenar recursos del Estado. No sólo el diseño de los sistemas tributarios es injusto y regresivo, también está plagado de agujeros que facilitan un elevado nivel de evasión y elusión fiscal y una batería de incentivos y exenciones fiscales. Así se pierde un 26% del total acumulado de impuestos como promedio en la región por los incentivos y exenciones fiscales.

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Beneficios para unos pocos, en especial para el gran sector empresarial, sin evidencias de que contribuyan a generar ningún contravalor social en el país. Estos beneficios son un simple y gran agujero fiscal. La región también pierde prácticamente la mitad de su recaudación potencial por la evasión y elusión en el impuesto sobre la renta corporativa e individual. Algo más de 4 puntos del PIB global del conjunto de países, que supondrían una inyección de recursos vital para financiar políticas de inversión pública que garanticen la igualdad de oportunidades.

Mientras esta vergonzosa brecha de desigualdad se agrava de manera casi generalizada, la inversión hacia paraísos fiscales ha crecido al doble de velocidad que la economía mundial. Pero poco o nada tiene que ver con la economía real y productiva. La inversión o “fuga” hacia los paraísos fiscales es una inversión que no genera valor ni contribuye a crear empleo, pero que tiene un perverso aliciente: servir para que unos pocos (grandes fortunas y grandes empresas) puedan reducir su contribución fiscal. Es un puro artificio. La mitad del comercio mundial pasa por un paraíso fiscal. Las Islas Caimán, un pequeño conjunto de islas de apenas 69,000 habitantes, recibe tres veces más inversión que China y siete veces más que Brasil.

El Salvador no es ajeno a esta realidad. Los cálculos de Oxfam estiman que en los últimos cinco años se ha multiplicado por cuatro la inversión corporativa que desde el país se ha dirigido hacia paraísos fiscales. Una mayor apertura económica con el crecimiento de la inversión extranjera ha traído también un mayor riesgo de evasión y elusión fiscal en las prácticas corporativas. Es el momento de cerrar este gran agujero negro para las finanzas mundiales.

Para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad extrema, necesitamos gobiernos que rediseñen los sistemas fiscales para recuperar capacidad recaudadora y una mayor progresividad, pagando más quien más tiene. Como punto de partida, esto supone un plan de acción férreo contra la evasión y elusión fiscal y los incentivos fiscales improductivos que no generan valor ni contribución social al país.

La desigualdad extrema no es inevitable, pero requiere una gran voluntad política y un esfuerzo de coordinación internacional y regional. Es la hora de los gobiernos.

Susana Ruiz Rodríguez es responsable de justicia fiscal en Oxfam Internacional. Entre 2012 y 2013 coordinó la campaña de Justicia Fiscal de Oxfam en América Latina, después de haber trabajado en políticas fiscales en el departamento de campañas de Oxfam Intermón en España.

Nota publicada en Oxfam, reproducida en PCNPost con autorización

SOURCE: Oxfam