Por: César Lorduy.

Bajo el liderazgo de Elsa Noguera, inicialmente como secretaria de Hacienda y hoy como alcaldesa de Barranquilla, luego de recuperar su autonomía tributaria, puede mostrar los siguientes resultados, entre otros: para el periodo del 2007 al 2014 aumentaron los recaudos tributarios en 2,95 veces; los ingresos por el mismo concepto y para la misma época se multiplicaron en 2,28 veces y en el 2014 de cada 100, 68 predios pagaron el impuesto Predial, cuando en el 2008 solo lo hacían 43. La lista de logros sigue y debe continuar.

Lo anterior fue posible gracias al nuevo Estatuto Tributario, a una modernización en la administración y aplicación del mismo, así como a la profesionalización de la Gerencia de Impuestos, y los nuevos y modernos sistemas de información que han permitido pasar de discusiones formales tributarias a unas de fondo.

De fondo, por ejemplo, es determinar, como lo ha hecho el Distrito, que Coolechera al adquirir la leche a título de compraventa a un precio determinado procedente de los hatos rurales de sus asociados –que no son de su propiedad– y luego comercializarla a un valor superior, desarrolla una actividad mercantil que se constituye en un hecho generador del Impuesto de Industria y Comercio y que, por lo tanto, éste debe pagársele al Distrito para llevar a cabo inversiones, planes sociales, etc. en favor de toda la comunidad.

En un Estado de derecho, y afortunadamente creo que en él todavía estamos, Coolechera tuvo la oportunidad de demandar la decisión del Distrito. Argumentó que la venta de la leche líquida, luego de efectuarse el proceso de pasteurización y homogenización, es una actividad agrícola primaria que se inicia en los hatos ganaderos de los cooperados y culmina en las instalaciones físicas de la empresa, y a su juicio se encuentra excluida de pagar el citado gravamen.

El Tribunal Administrativo del Atlántico falló el 6 de abril de 2015 la demanda y le concedió toda la razón al Distrito, lo que no fue del agrado de quienes demandaron. Por ello apelarán esta decisión ante el Consejo de Estado, que dentro de dos o tres años tomará una decisión definitiva.

Demandar y contrademandar las decisiones del Distrito es un derecho que tienen los ciudadanos, pero de ahí a considerar que el cobro de los tributos –soportados legalmente– es una persecución a los empresarios e industriales aquí asentados está muy lejos de la realidad y además genera un clima totalmente contrario al que vive Barranquilla, cuando todos estamos sumados a que nuestra tierra sea el lugar en el que se ubiquen nuevas industrias y empresas que no solo generen riqueza para sus inversionistas sino empleo y bienestar para la comunidad.

Amenazar a la ciudad, como lo ha hecho Ciledco que es la otra cooperativa lechera, de reubicarse en un lugar diferente, en caso de que le toque pagar por la compra y venta de leche en virtud de un fallo definitivo, el Impuesto de Industria y Comercio, cuando la relocalización no ha sido argumentada en la demanda como exclusión del pago, deja un sabor amargo muy parecido al de la leche cortada y la percepción de que los demandantes no creen ni siquiera en los jueces a los que han acudido, ya que si pierden y les cobran, no pagan y además se van.