La hija del jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, que custodia a ciudadanos amenazados en el marco del conflicto armado que azota al país, fue secuestrada en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, informaron este viernes autoridades.

Daniela Mora, de 11 años, hija del director de la UNP, Diego Mora, fue raptada el jueves cuando salía de un centro educativo, al parecer luego de que el vehículo blindado en que era llevada a su casa fuera interceptado en confusas circunstancias, indicaron medios locales.

El presidente Juan Manuel Santos repudió este viernes lo ocurrido y exigió respeto por la vida de la niña. “El Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para recuperarla”, dijo durante la presentación de un libro en Bogotá. La recompensa para quienes aporten información para dar con la niña, inicialmente de unos 100 millones de pesos (38.000 dólares), fue elevada a 250 millones (96.000 dólares) por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien deploró el hecho “con dolor de padre de familia”.

En declaraciones a periodistas, Pinzón dijo que él mismo ordenó que el director de la unidad antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional, coronel Fabio López, viajara a Cúcuta, a unos 560 km al noreste de Bogotá, para dirigir las labores de búsqueda. “Aunque todo parece indicar que se trata de delincuencia común, no estamos en condiciones ni de asegurar ni de descartar ninguna hipótesis”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a RCN La Radio.

Según el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, “se trataría de un secuestro eminentemente económico, extorsivo”.

En Cúcuta, una ciudad de unos 650.000 habitantes, capital del departamento de Norte de Santander, operan varias bandas criminales, en especial dedicadas al narcotráfico y al contrabando de combustible desde Venezuela. En la zona hay además fuerte presencia de grupos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), principales guerrillas activas en el país, que vive un conflicto armado de más de 50 años que también ha involucrado a paramilitares, agentes del Estado y carteles de la droga.

El secuestro de la menor fue condenado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una “práctica deleznable” que “debe terminar de forma inmediata” en el país, donde un proceso de paz busca desde hace tres años poner fin a la conflagración interna.

La UNP, creada en 2011 para desempeñar labores de protección que desde los años 1960 cumplía el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), custodia a un costo de 600.000 dólares diarios a unos 7.500 colombianos en riesgo por sus actividades políticas, sindicales o humanitarias. (AFP)