El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió este lunes a la guerrilla FARC que ponga una “fecha fija” de cierre del desarme para firmar un acuerdo final de paz para acabar con medio siglo de conflicto armado.
“El gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme”, dijo Santos en una alocución desde la presidencial Casa de Nariño, junto a sus representantes en las negociaciones, que transcurren en Cuba desde hace más de tres años.
Un comunicado conjunto entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), emitido el 23 de septiembre pasado en La Habana, señaló que la dejación de armas “deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final”, pero no marcó un plazo para la finalización de ese proceso.
“Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta”, enfatizó Santos este lunes, flanqueado por el jefe de la delegación del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, y el número dos del equipo, el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo.
Declaración del Presidente Juan Manuel Santos sobre el proceso de paz (Prensa Presidencia de la Republica de Colombia):
“Tal como lo dije hace unos días: por cumplir con la fecha del 23 de marzo, NO iba a firmar un acuerdo con las FARC que no fuera un buen acuerdo para los colombianos.
Y hoy quiero explicar –claramente– cuáles fueron las razones por las cuales el Gobierno NO firmó.
PRIMERO: El Gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad, para poder hacer política y circular por el territorio nacional. Como lo he dicho desde el primer día, el vínculo entre política y armas debe acabarse para siempre en Colombia.
SEGUNDO: El Gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta.
TERCERO: El Gobierno no puede permitir que ningún colombiano –en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas– quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán. Los colombianos NO aceptan – ni su Gobierno tampoco- un acuerdo que signifique algo diferente.
Si queremos llegar a esa paz estable y duradera que hemos buscado durante tanto tiempo –y estamos cerca–, debemos seguir con el pulso firme, el rumbo fijo y obrando con total responsabilidad.
Insistiendo, perseverando, vamos a encontrar soluciones razonables a estos problemas, soluciones que les convengan a TODOS los colombianos.”
La falta de una fecha para terminar el desarme fue uno de los tres puntos que mencionó Santos para explicar las razones por las cuales no se selló la paz el pasado miércoles 23 de marzo, fecha límite fijada por el presidente y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez (“Timochenko”) en el histórico encuentro de septiembre en La Habana.
Otro aspecto señalado por Santos fue la exigencia a las FARC de hacer política sin armas. “El Gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional”, insistió el mandatario.
Los diálogos de paz con la principal guerrilla del país, con unos 7.000 miembros, según datos oficiales, se estancaron a mediados de febrero, después de que las FARC celebraran un mitin con guerrilleros armados en el corregimiento El Conejo, La Guajira (norte).
“No negociable”:
Un tercer punto que Santos marcó para avanzar hacia un acuerdo final es que en Colombia no puede haber sitios vedados para la fuerza pública, como ocurrió en los diálogos del Caguán (1998-2002), cuando las partes acordaron una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza.
“El Gobierno no puede permitir que ningún colombiano –en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas– quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán”, dijo el jefe de Estado.
Las FARC y el gobierno debaten actualmente el espinoso punto del fin del conflicto, pero no logran posiciones comunes en aspectos clave como la definición de zonas de concentración de los guerrilleros para la dejación de armas o los plazos en los que se debería cumplir este proceso.
Tras el incidente de febrero, Santos marcó cuatro líneas rojas “no negociables”. Entre ellas, ya se encontraba el “cese al fuego y hostilidades definitivo y un cronograma preciso para la dejación de armas, con verificación de la ONU”.
Desde hace ocho meses las FARC cumplen una tregua unilateral, y el gobierno mantiene suspendidos los bombardeos contra esa organización.
En Cuba, las partes han llegado a acuerdos parciales en cuatro de los seis puntos de la agenda: reforma rural, participación política de los guerrilleros, solución al problema de las drogas ilícitas y justicia y reparación a las víctimas.
Además de alcanzar un consenso sobre el fin del conflicto, deben definir el mecanismo para refrendar los acuerdos, últimos puntos del proceso de paz que acompañan Cuba, Noruega, Chile y Venezuela.
No existe, al menos públicamente, una nueva fecha para firmar un acuerdo definitivo y de su lado la guerrilla comunista ha señalado que espera que hacia finales de este año pueda afirmarse que “la guerra terminó”.
El conflicto armado colombiano, que ha enfrentado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes del Estado, deja ya más de 260.000 muertos y 6,8 millones de desplazados. AFP, Prensa Presidencia de la República de Colombia
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