Por: Samuel Azout.

“…la criminalidad es el reflejo del tejido social de una ciudad.”

Seguridad ciudadana es la ausencia de delitos y agresiones contra las personas de una ciudad y sus bienes. La convivencia, la no violencia, y la utilización pacífica de espacios públicos son valores que se desarrollan mediante un trabajo coordinado del Estado con organizaciones sociales, entidades privadas y población civil. Desafortunadamente, en muchas ciudades colombianas los asesinatos y hurtos son factor de permanente zozobra. Los homicidios y atracos son motivos de preocupación para los mandatarios. Para los ciudadanos significan miedo, sufrimiento, desesperanza y dolor.

Aun cuando la inseguridad golpea a todas las clases sociales, son los pobres y vulnerables los más afectados por el flagelo. A diferencia de los ricos, los desposeídos no tienen medios para defenderse. La violencia erosiona el capital social de los más pobres, detiene la movilidad social, y atropella directamente el futuro de niñas, niños y jóvenes vulnerables.

Imagen cortesía de Rawich en FreeDigitalPhotos.net

Para combatir la inseguridad, algunos Alcaldes han restringido la circulación de motos con parrillero en las ciudades, instalado sistemas de video vigilancia y aumentado la presencia de policías y ejército en calles y parques. Los políticos prefieren medidas represivas porque satisfacen rápidamente las quejas de los pobladores. Los electores quieren soluciones inmediatas y piden más policías para neutralizar a los criminales. Sin embargo, no siempre entienden que el costo de reprimir es mucho mayor que el costo de prevenir, y que las políticas orientadas exclusivamente a represión y disuasión son inefectivas en el largo plazo.

No se trata de caer en la discusión entre represión y prevención, sino de armonizar los esfuerzos represivos con los preventivos. Los esfuerzos preventivos son más exigentes y trabajosos; ellos demandan conocimientos técnicos e implican rigor metodológico.

Generalmente, se empieza por un diagnóstico participativo para entender las causas de la criminalidad. Seguidamente, se construye un plan integral de seguridad ciudadana que defina prioridades y formule estrategias articuladas de prevención. Los planes preventivos más exitosos son diseñados con organizaciones especializadas de la sociedad civil, aquellas que trabajan en las comunidades y conocen las problemáticas de cerca.

Los programas de prevención tienen muchas ventajas: a) promueven la solidaridad, la participación ciudadana, el buen gobierno y las buenas instituciones democráticas, b) permiten la asociación de actores claves como líderes comunitarios, universidades, organizaciones sociales y redes de innovación social, c) ahorran dineros públicos (costo de represión vs. prevención es 6 a 1 en el largo plazo según estudios recientes ONUDC [1]), d) trabajan la resocialización de delincuentes, e) priorizan  servicios sociales a los más vulnerables, y f) desarrollan el empoderamiento comunitario.

Los buenos resultados en seguridad ciudadana se logran cuando hay coherencia entre los programas de prevención y la política social. Aunque algunos se resistan a reconocerlo, la criminalidad es un reflejo del tejido social de una ciudad. Prevención significa atacar las causas estructurales que generan vulnerabilidad, articulando adecuadamente las políticas sociales, económicas y urbanas para generar mayores oportunidades de educación y trabajo para los más excluidos. De lo contrario, ocurre lo que vemos hoy en muchas de nuestras capitales:  dispersión, fragmentación, descoordinación, y por tanto, bajo impacto de las políticas públicas.

La represión solo ataca los síntomas del crimen; la prevención ataca las causas. Infortunadamente, la prevención tiene enemigos, el mayor de ellos es la reticencia de los políticos a invertir en el largo plazo. A ellos hay que explicarles lo que una vez dijo el célebre estadista norteamericano Benjamín Franklin, “una onza de prevención vale más que una libra de cura.”

[1] Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito