Por: Samuel Azout.

Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, fue asesinada el domingo 1ero de Septiembre junto a cinco personas mientras se movilizaba por Betulia, corregimiento rural del municipio. El vehículo fue interceptado por hombres armados que dispararon y luego incineraron el automotor. En el trágico acto de terror murieron la madre de la candidata, un candidato al Concejo de Suárez, el conductor de la camioneta y dos personas más.

Lamentablemente, no se trata de un caso aislado. Al corte del 27 de julio de 2019, el MOE (1) registró 23 candidatos víctimas de violencia política, 17 candidatos víctimas de amenazas, y reportó el asesinato de 5 candidatos a Alcaldías y 4 candidatos al concejo en los departamentos de Cauca, Bolívar, Valle del Cauca y Antioquia.

AFP PHOTO / Luis Acosta

La más dramática estadística de violencia la entregaron recientemente el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, que en el informe “Todos los Nombres, Todos los Rostros” señalaron que 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 2016. Se trata de una tendencia criminal que pone en evidencia la incapacidad del Estado de proteger la vida, honra y bienes de sus ciudadanos como reza el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia. (2)

Para el MOE, es urgente adoptar las medidas por parte de las autoridades nacionales, locales y sociedad civil en general para hacerle frente a los hechos de violencia que están ocurriendo durante el proceso electoral. Alejandra Barrios, directora de la MOE comentó que “cada día y medio está ocurriendo un hecho de violencia en algún lugar de este país.” Grandes zonas del territorio nacional tienen presencia de los grupos terroristas FARC, ELN, y una cantidad de bandas criminales emergentes o Grupos Armados Organizados (GAO) como Los Rastrojos, La Constru, La Gran Alianza, Los Pachenca, La Cordillera, Los Costeños, Los Caparrapos, entre otros, quienes pelean por controlar el territorio y los cultivos ilícitos.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) les ha pedido a los candidatos a Alcaldías y a otros cargos de elección popular tomar medidas de auto protección (3). Pablo Elías González, Director de UNP ha reconocido que las 700 personas que hacen parte de la Entidad no son capaces de asegurar la seguridad de líderes y candidatos, por lo cual le recomienda a candidatos, no solo tomar las medidas de auto protección, sino abstenerse de visitar los lugares más peligrosos.

Esta escalofriante realidad y la barbarie que se vive en el territorio nos remite a las ideas filósofo inglés Tomas Hobbes (1588 – 1679). En el Estado Natural de Hobbes no hay límites a las libertades humanas y todos tienen derecho a todo. En la búsqueda de la paz, el hombre renuncia al derecho a todo y se conforma con limitar las libertades. Entra en juego la compensación entre libertad y seguridad. El hombre condiciona la entrega de libertad a la existencia del Contrato Social. Fundamentalmente, los ciudadanos entregan sus derechos naturales a cambio de orden y protección. El Contrato Social es la base del Estado moderno y no surge del mandato divino como argumentaban la Iglesia y los monarcas, sino del interés propio que busca la seguridad por temor a los demás. Sin el Estado no puede funcionar correctamente la sociedad.

El Estado es omnipotente y fuente única del derecho. Pero cuando el Soberano falla en proveer adecuada protección de acuerdo al compromiso, se acaba el acuerdo político y los individuos dejan de sentirse obligados a obedecer. En ese momento, la sociedad regresa a la primera ley del estado natural de Hobbes: una aberrante, espantosa y miserable guerra de todos contra todos.

1 Misión de Observación Electoral

2 http://www.constitucioncolombia.com/indice.php

3 https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/medidas-autoptoteccion-unp.pdf

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