Precaución y Glifosato

Por: Carlos Javier Velásquez Muñoz.

Totalmente de acuerdo con la decisión tomada esta semana por el Presidente Santos de terminar la aspersión de cultivos ilícitos con el herbicida Glifosato. Los daños ocasionados a los seres humanos y el medio ambiente eran un secreto a voces. Personalmente considero que las demandas contra el Estado por este asunto, no se harán esperar.

Cuando estudiaba mi primera especialización en Derecho Ambiental en una Universidad de Bogotá, por allá, en el año de 1999, tuve la oportunidad de compartir pupitre con quien para ese entonces fungía como Director de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia. Este funcionario, cuyo paradero desconozco hoy, comentaba con elocuencia un elenco, bastante abultado, de impactos que él alcanzó a verificar y documentar in situ. Ha sido el único que, de forma gallarda, utilizó el mecanismo judicial de la tutela para dejar varias veces en tierra los aviones dispuestos por el acuerdo colombo-norteamericano de lucha contra los cultivos ilícitos.

Repito que la decisión es, sin duda, acertada, pero llega tarde, existe evidencia de efectos sobre la salud de la población y el entorno, los cuales se mantienen bajo estricta reserva.

Lo que sabemos es que se publicó un reciente estudio elaborado por la Organización Mundial para la Salud, en el que se advierte que el principio activo que contiene el herbicida ha sido incorporado a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (en el grupo de substancias 2A). Está claro que en la lista 2A de la IARC se incluyen productos que “probablemente” causan cáncer, pues los que se considera que, en efecto, lo producen, aparecen en otra, la lista prioritaria o lista 1.

Sin embargo, lo anterior no es óbice para dar plena aplicación al Principio de Precaución, fundamento, junto a otros como el de prevención y el contaminador pagador, de la política ambiental global, el cual ha sido extendido a otros sectores como la sanidad, la gestión y manipulación de alimentos, etc. Este principio, acogido en el numeral 15 de la Declaración resultante de la Cumbre de Río de Janeiro, mejor conocida como la Carta de la Tierra, fue recepcionado en nuestro ordenamiento jurídico por el numeral 6 del artículo 1 de la Ley Marco Ambiental colombiana (Ley 99 de 1993), el cual señala:

“la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

Para el caso del Glifosato la evidencia científica del IARC no es absoluta, pero hubo pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos para linfoma no Hodgkin. La evidencia en humanos proviene de al menos cinco años de estudios sobre la exposición, en su mayoría agrícolas, en los EE.UU., Canadá y Suecia, los cuales han venido siendo publicados desde 2001. Además, hay pruebas convincentes de que el glifosato también puede causar cáncer en animales de laboratorio.

Otros señalan que la decisión provino de las evaluaciones sobre la efectividad de las aspersiones, las cuales muestran que la estrategia empleada hasta hoy, ha dado muy pocos resultados, si se analiza su costo. Las valoraciones indican que por cada hectárea asperjada, los cultivos se reducen en 0,035 hectáreas, con lo cual, para eliminar una hectárea hay que fumigar cerca de 30, con un costo medio por hectárea de 180 millones de pesos. Multipliquen las cifras por más de cien mil hectáreas asperjadas cada año; ¡no hay derecho!.

En todo caso, y cualquiera sea la razón (ambas son válidas y complementarias), ya era hora de tomar una decisión al respecto.

Me da la impresión que este gobierno quiere empezar a reivindicarse, tardíamente, de la traición cometida contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, a quienes prometió allí, en el mismo santuario montañoso a inicios de su primer gobierno, que la madre tierra sería protegida como nunca. A algunos de ellos se los llevó un rayo sin ver medidas eficaces para honrar su palabra y, a nosotros, pues a nosotros, hace rato se nos acabó la confianza.