Iván Márquez y Humberto de La Calle, jefes de los equipos negociadores de las FARC y el gobierno, respectivamente, diciembre 15, 2015. AFP PHOTO/ADALBERTO ROQUE

El acuerdo sobre víctimas alcanzado por el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC constituye una “piñata de impunidad”, denunció este martes la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), que anticipó un posible choque con la Corte Penal Internacional.

El acuerdo, pactado la semana pasada en La Habana, sede de las negociaciones de paz entre Bogotá y la guerrilla marxista, “garantiza que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino”, dijo el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco. “Es una piñata de impunidad”, afirmó el activista en rueda de prensa en Washington.

Según Vivanco, aunque el acuerdo está “plagado de alusiones a la necesidad de garantizar la justicia, verdad y reparaciones, y asegurar la no repetición de los hechos”, un equipo de diez especialistas de HRW concluyó que en la práctica “refleja numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a estos principios, en el mejor de los casos, en promesas vacías”.

“Es un pacto entre el gobierno y las FARC que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto colombiano”, uno de los más longevos del mundo, afirmó.

Tan complejo como inédito, el acuerdo, expresado en un documento de 63 páginas, establece un sistema jurídico especial para castigar a los responsables de delitos de lesa humanidad durante el conflicto, incluidos guerrilleros, agentes del Estado, además de cobijar con amnistía los delitos políticos como el de rebelión y otros conexos.

“Bastante original”:

Quienes confiesen crímenes y reparen a los afectados podrán evitar una cárcel común, aunque deberán pagar penas alternativas de reclusión de 5 a 8 años.

No hay ningún tribunal internacional que se haya creado en los últimos veinte años donde no se haya contemplado la prisión efectiva, es decir la privación de la libertad por crímenes de guerra y de lesa humanidad: José Miguel Vivanco.

Según el estudio de HRW, los criminales confesos podrán diseñar ellos mismos los proyectos de reparación -retiro de minas o la reconstrucción de infraestructura, por ejemplo- a los que se dedicarán; recuperar su libertad si los culminan incluso antes del fin de la pena, y aspirar y ejercer cargos públicos al tiempo que cumplen con las sanciones.

“Es bastante original”, dijo Vivanco con ironía.

HRW criticó también que el pacto diluya la responsabilidad de oficiales militares sobre los crímenes cometidos por sus subordinados, algo celebrado esta semana por la cúpula militar en Colombia, y carece de criterios claros de independencia para nombrar a los jueces del tribunal de paz que revisará los crímenes del conflicto.

“Vamos directamente a una colisión”:

Para Vivanco esa “redefinición del concepto de responsabilidad del mando” permitirá eludir castigo a comandantes guerrilleros pero también a oficiales colombianos involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de más de 3.000 civiles, conocidos como “falsos positivos”, que el nuevo tribunal también podrá revisar, como anunció la semana pasada el ministro de Defensa colombiano.

El acuerdo “constituye un retroceso” para América Latina, resaltó el directivo regional de la organización, alertando que sentará “un precedente que a nivel universal nos retrotrae a otras épocas cuando no había estándares internacionales” de derechos humanos.

Vivanco llamó al gobierno colombiano y a las FARC a renegociar el pacto antes de la firma definitiva de la paz en marzo, como lo anunciaron las partes en septiembre pasado. De lo contrario Colombia se expondría al examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional.

“Si esto sigue adelante tal cual está me parece que vamos directamente a una colisión ante órganos internacionales de protección de derechos humanos”, señaló.

El conflicto colombiano, que se remonta a una sublevación campesina hace medio siglo, ha dejado hasta ahora unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados. AFP