La trágica noche del 26 de septiembre en la que desaparecieron 43 estudiantes algo en México cambió: dos meses después, la indignación no cede en las calles y el gobierno se ve obligado a dar un golpe de timón para enfrentar la impunidad y corrupción.

El presidente Enrique Peña Nieto, en su peor crisis en dos años en el poder, anunciará el jueves reformas en la justicia y la creación de una policía única que controle a las policías municipales, infiltradas por el crimen organizado.

El gobierno deberá tomar “acciones de fondo y que van a convocar a un esfuerzo colectivo, del Congreso, de la sociedad, de su participación para encontrar la mejor ruta” que evite que se repitan episodios dramáticos como el de los estudiantes, adelantó este martes Peña Nieto.

El plan establecerá filtros para detectar funcionarios en el crimen organizado y reformas legales anticorrupción, que han estado durmiendo en el Congreso.

“Veremos qué profundidad tendrán esas medidas. Hasta ahora el presidente no ha tenido una respuesta coherente a la crisis” y tiene que “ocuparse de lo que no había atendido: la corrupción y la violencia”, declaró a AFP el experto en seguridad Alejandro Hope.

La desaparición de los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desnudó la colusión de autoridades y narcotráfico. Los jóvenes fueron atacados a tiros en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, por policías corruptos bajo órdenes del alcalde vinculado con el cartel Guerreros Unidos.

Según las autoridades, tres sicarios detenidos confesaron que los policías se los entregaron, que los mataron y quemaron en una hoguera que ardió por 15 horas, y lanzaron a un río los restos calcinados y triturados.

México aún no se repone de esa noche de horror. “Marcó un despertar civil. La clase política está en entredicho, pero el país se topó de frente con la cruda realidad que muchos no querían ver”, opinó Jorge Hernández, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La noche de este martes, el líder histórico y fundador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, Cuauhtémoc Cárdenas, renunció al partido, en su peor crisis desde su fundación en 1989 al estar seriamente cuestionado porque el alcalde de Iguala y gobernador de Guerrero fueron postulados por ese partido.

El ultimátum:

Cada día, en una ebullición social de baja intensidad, han ocurrido protestas, algunas con quema de edificios estatales y bloqueos, que pasaron en este tiempo del clamor “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” al de “¡Fuera Peña Nieto!”.

Los padres de los estudiantes, que no aceptan la versión oficial, exigen al gobierno que los busque y devuelva vivos. “Eso es casi un imposible, como pedir la renuncia de Peña Nieto. Aquí se aprovechan los anarquistas, con agenda propia, para desestabilizar”, dijo el académico José Antonio Crespo.

Bajo amenaza de recrudecer las protestas, los estudiantes de Ayotzinapa dieron al mandatario un “ultimátum” para que renuncie el 1 de diciembre, cuando se cumplen dos años de su investidura.

Para Peña Nieto, quien devolvió el poder al hegemónico Partido de la Revolución Institucional (PRI), sectores de los manifestantes buscan “desestabilizar” a su gobierno, molestos por sus reformas energética y educativa.

“El gobierno está pasmado. Este debería ser un punto de inflexión para hacer medidas más profundas, de anticorrupción, que toda la clase política acepte, quiera o no”, consideró Crespo.

Un influyente editorialista, Ciro Gómez Leyva, fue tajante sobre la relevancia del anuncio que hará el presidente ante la tormenta que le cae: “No tendrá una segunda oportunidad”.

Un cambio de guión:

En plena crisis de pérdida de confianza, Peña Nieto fue señalado además de un supuesto “conflicto de intereses” por una lujosa mansión que su esposa Angélica Rivera, exactriz de telenovelas, compró a través de una empresa favorecida con millonarios contratos estatales. Sus aclaraciones no lograron aplacar las críticas.

Aunque prometió pacificar el país, el mandatario continuó la ofensiva militar antinarcóticos del expresidente Felipe Calderón, que desde 2006 deja unos 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos.

También siguió la certificación de policías con pruebas de confianza, reprobadas por más de 40.000 agentes. La única novedad fue una gendarmería y un programa de prevención del crimen, aún sin frutos.

Iguala silenció el discurso que exaltaba una baja en la violencia. “Hoy está obligado a cambiar de guión”, subrayó Hope.

La crisis también derrumbó la imagen de reformador de México de que gozaba Peña Nieto aún hace dos meses. Ha sido blanco de mítines de repudio en ciudades del mundo y de presiones de organismos humanitarios por una investigación transparente de lo sucedido en Iguala. (AFP)