Por: Pascual Gaviria Uribe.

Hay una buena señal en medio del desencuentro político para acabar el conflicto con las Farc. Fieles a nuestra tradición hemos convertido un asunto práctico, una cuestión de vida o muerte para muchos, en un embrollo jurídico para el deleite de unos pocos abogados con carné de partido.

Pasamos de los estragos del Bloque Oriental a los enredos del bloque de constitucionalidad. Es tan cierta la disminución de la violencia ligada al conflicto en los últimos dos años que poco a poco hemos ido olvidando el conteo de tragedias individuales y desgracias colectivas que implica la guerra. Hemos asumido que el conflicto con las Farc terminó y nos centramos en el debate político y la minucia legal, desconociendo los riesgos que implica sentar a siete mil hombres armados a la espera de un acertijo electoral, y olvidando la oportunidad de poner fin a un anacronismo brutal que ya suma 52 años.

Medellin, Colombia, octubre 20, 2016. AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA

En los más de cuatro años de proceso con las Farc han surgido algunas paradojas. Nos dimos cuenta de que las taras ideológicas pueden ser más fuertes en la derecha legal que en la izquierda armada. Cuando al fin las Farc han reconocido la legitimidad y las reglas del Estado para hacer política, algunos partidos pretender convertir un triunfo electoral en un parte de victoria militar.

El Centro Democrático y otros de los llamados voceros del No sugieren que los resultados del 2 de octubre son suficientes para convertir una negociación en un sometimiento. Por esa vía las Farc perderían la guerra como consecuencia de su ingreso a la política y su primera derrota electoral.

Quienes vaticinaban la llegada de Timochenko al poder, ahora exigen su reclusión como producto de ese vaticinio fallido. Los opositores del acuerdo desestiman los riesgos del regreso a la violencia, suponen que el largo proceso (que antes les parecía un despropósito) logró la capitulación y es hora de imponer las condiciones. Desconocen las diferencias entre vencer y convencer.

Colombia se ha convencido a si misma de su estigma de violencia. Hace unas décadas por hechos incontrovertibles y en los últimos años por una especie de jactancia frívola. Sin embargo, cuando se hace cierta la posibilidad de parar una de las principales fuentes de violencia decide que son más importantes las rencillas políticas, que es mejor extremar los desacuerdos partidistas y elegir un bando que integrar a los violentos.

Aquí hay una nueva paradoja. La exacerbación de las diferencias políticas en el Congreso y los escenarios públicos, la necesidad de un enemigo que permita la descalificación puede perpetuar la pesadilla de la mezcla de política y armas. No queda más que recordar una frase de Carl Schmitt, un ideólogo del autoritarismo, que parece perfecta para la realidad de nuestros días: “La distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción amigo y enemigo”.

Tal vez la última paradoja es que mientras se pretende integrar a las Farc a la sociedad y hacer creíble el Estado para quienes siempre han permanecido al margen de sus promesas y al acecho de sus amenazas, los partidos se encargan de descalificar y poner en duda la legitimidad de las cortes, el congreso y el ejecutivo.

A este paso vamos a terminar con Iván Márquez como uno de los pocos políticos que se atreven a emprender la defensa del Estado y su aparataje.