Por: Pascual Gaviria Uribe.

Hace quince años comenzaron los primeros contactos en San José de Ralito, corregimiento de Tierralta en Córdoba, para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso duró cerca de tres años y en 2006 se presentaron ante el gobierno y la sociedad 31.671 combatientes que entregaron algo más de 18.000 armas y decían estar dispuestos a dejar la guerra.

Hoy se dan versiones variadas sobre la magnitud y el significado de la herencia criminal que dejó el proceso; incluso se discute la manera como deben nombrarse quienes volvieron a las armas y la ilegalidad, para algunos una nueva generación paramilitar, para una versión más oficial y aceptada Bandas Criminales.

No cabe duda que el paramilitarismo como organización contrainsurgente, ligada a amplios sectores del ejército y la policía, con gran incidencia en la política regional y nacional, dejó de existir para convertirse en un nuevo engendro. Se había firmado el fin de la gran organización criminal con mandos claros en las regiones, un manual ideológico, líderes nacionales con vocería en los medios y capacidad de presionar e influir en el gobierno nacional. En 2011, cinco años después de la desmovilización, las cifras oficiales hablaban de 1.229 reincidentes capturados, centenares dados de baja y otros tantos activos.

Hace un poco más de dos años la Agencia Nacional de Reintegración entregó una cifra de 24% de reincidencia por parte de quienes se presentaron a las listas de Justicia y Paz. La gran mayoría de los mandos medios armaron estructuras acordes a su capacidad y fueron creciendo nombres como ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’.

En Urabá se consolidó un liderazgo nacional y el Clan del Golfo se convirtió en una especie de franquicia que agrupó a variadas e independientes bandas con modales y ropaje paraco, pero con muy distinto alcance, discurso y relación frente al Estado, que se convirtió en un enemigo más cierto como lo demuestra el final de Giovany, El Indio, Gavilán, Inglaterra y decenas de cabecillas más, y frente a las con las guerrillas que en algunos casos comenzaron a ser aliadas en empresas criminales de narcotráfico y minería ilegal. Sin duda conservan control territorial en algunas zonas e intimidan liderazgos incómodos en otras, pero su discurso cambió y su interés principal son las rentas criminales. Incluso muchos de ellos han terminado como segundos de los narcos mexicanos que vienen por su surtido.

Arcivo. Observador de la ONU revisando las armas entregadas por la guerrilla de las FARC, Buenos Aires, Cauca, Colombia, junio 13, 2017. AFP PHOTO / FARC

Todo este recuento para intentar un paralelo con lo que son hoy las disidencias de las Farc y la posible “refundación” de esa guerrilla de la que habló la revista Semana. Al igual que las AUC las Farc dejaron de existir, así algunos de sus mandos medios quieran conservar sus viejos discursos y negocios, y así quieran posar de comandantes.

El gobierno habla de una reincidencia cercana al 10% mientras los más pesimistas señalan un porcentaje que estaría muy cerca del 24% aceptado en el caso de los Paras. Las “Farcrim” no serán nada muy distinto de lo que es el Clan del Golfo que hoy estrena ley para buscar un sometimiento. Una federación de grupos independientes con un degrado discurso ideológico que es simple fachada, con el centro de sus rentas y aliados en las fronteras y con una base social reducida a la mano de obra de gatiilleros, narcos y campaneros.

Ni siquiera los cultivadores de coca serán cercanos a sus estructuras. Rehuirán al ejército en vez de enfrentarlo y no harán conferencias nacionales sino “juntas directivas” locales. No tendrán ni argamasa ideológica ni coherencia histórica.

Las Farc han desaparecido, lo demás son portadas de ahogado.

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