Por: Pascual Gaviria Uribe.

El Estado tiene habilidades medianas para perseguir, empujar, llenar planillas, buscar cuerpos y hacer reseñas. Por el contrario, sus posibilidades de convertirse en consejero eficaz, de servir como terapeuta, de prodigar paciencia y esperanza para los ciudadanos alucinados y errantes son muy limitadas.

Nuestras ciudades tienen problemas para mantener en los salones y en el uniforme escolar a los jóvenes de 15 años, apenas si logran llamar a lista con algún juicio a sus empleados y convocar con el cepo de las multas a los infractores de tránsito. De modo que siempre será algo ingenuo, tal vez necio, pretender que los adictos al bazuco y a la intemperie, que los ciudadanos con la voluntad más estropeada, respondan a sus llamados, se ordenen tras la olla de aguaepanela y suscriban los compromisos que demanda el código de policía.

En esa tarea el Estado todavía va casi siempre con la espada y la cruz, entiéndase el bolillo de los policías y alguna institución religiosa que les sirve como “operador” en las tareas sociales a punta de almuerzo, jabón y tijera.

Hace tres años y medio el presidente Santos dio una orden tan perentoria como imposible de cumplir. En medio de un discurso les pidió con énfasis fingido a alcaldes y policías de veinte ciudades que acabaran con las ollas de vicio. Llegaron, entonces, los gases lacrimógenos para desocupar las chimeneas del bazuco y se levantaron nuevos “campamentos” en zonas aledañas.

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En Medellín, por ejemplo, los callejosos salieron de la Avenida De Greiff y llegaron hasta las inmediaciones de la Plaza Minorista. La orilla del río hacía parte de las nuevas “instalaciones”. Un pequeño pueblo de zarrapastrosos, de caminantes, de desesperados, de ilusos, de flacos. No de vagos. Porque el bazuco es caro y su vida es barata. Si el Estado resulta inepto para conducir a la tribu, los vendedores de bazuco conocen muy bien la válvula a presión de esas ollas y cómo se mueve y se asienta su público.

Los habitantes de calle están muchas veces entre el desalojo obligatorio y el reasentamiento forzoso. Unos los mueven y otros los anclan. El último desalojo terminó en Medellín con la explosión de un petardo a la espalda de un vagabundo, cuatro muertos entre los habitantes de esa ciudad al pie del río y seis policías heridos. Era un recado de uno de los grupos mafiosos a sus rivales en ese parque temático de pipas hechizas, pegantes y picaduras varias.

No se trata de la absoluta resignación frente a esa horda imposible. Pero tal vez sea necesario un poco de realismo. Las políticas públicas juegan en este caso entre la comodidad de la quietud y los estragos que genera alborotar esos nidos ocultos y a la vista de todos. No es fácil lograr un equilibrio entre la lucha contra quienes controlan los emporios de consumo con todas las crueldades imaginables y sus víctimas y “protegidos” bajo los cartones y tras los escombros.

Bogotá y Medellín tienen dos pequeños pueblos de desarrapados cerca de sus centros. Sus cupos para un tratamiento adecuado apenas si llegan al 10% de la población que deambula y consume. Cerca del 20% de esos hombres y mujeres de calle llevan más de veinte años en las drogas y el desamparo. Muchos otros son jóvenes todavía deslumbrados por la promesa de la coca a medio cocinar. Unos más son consumidores “responsables” y trabajadores informales.

Tratamientos diferenciados, necesidad del apoyo familiar y en algunos casos un consumo administrado por el Estado pueden ser algunas de las respuestas. Pero el trabajo duro está en la calle y no en el diagnóstico de papel.